La Corte tiene la palabra
Se ha informado que la Corte Suprema de Justicia ya está lista para dar a conocer su fallo sobre los recursos por inconstitucionalidad de las reformas constitucionales que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en enero de este año.
Estas reformas constitucionales, que causaron la peor crisis institucional que ha sufrido el sistema democrático de gobierno en Nicaragua desde que se estableció en 1990, son notoriamente inconstitucionales por dos razones fundamentales, una de procedimiento y la otra de contenido.
En efecto, las susodichas reformas son nulas porque los diputados del FSLN y del PLC cometieron con ellas el grave error —o más bien abuso de poder— de agregarle una disposición acerca de su implementación y vigencia, después de que ya habían sido ratificadas en la segunda legislatura tal como lo establece el procedimiento para la reforma constitucional que está incluido en la misma Constitución (artículos 191, 192, 193 y 194). De manera que al incorporar posteriormente esa disposición —que no fue aprobada por la Asamblea Nacional ni en primera ni en segunda legislatura—, los diputados violaron el procedimiento constitucional para la formación de la ley y viciaron de nulidad la reforma que ellos mismos habían dictado en cumplimiento del pacto del FSLN y Daniel Ortega con el PLC y Arnoldo Alemán.
De manera que si sólo fuera por esa violación al procedimiento de formación de la ley de reforma constitucional, la Corte Suprema de Justicia está obligada a anular las reformas de enero pasado por notorio vicio de nulidad.
Pero hay algo más, inclusive peor que lo anteriormente señalado. Se trata de que con esas reformas constitucionales se pretende cambiar el sistema de gobierno que está consagrado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Ciertamente, los diputados del FSLN y el PLC han pretendido arrogarse atribuciones de asamblea constituyente para romper el equilibrio entre los poderes estatales, que constituye la médula espinal del sistema de gobierno republicano y democrático. Los diputados quieren quitarle atribuciones administrativas a la Presidencia de la República para dárselas a la Asamblea Nacional, y convertir a ésta en el “poder principal” del Estado en detrimento de los otros poderes estatales (Ejecutivo, Judicial y Electoral).
De manera que si esas reformas constitucionales quedaran vigentes y, por lo tanto, se pudieran aplicar, se quebrantaría el régimen presidencialista que está determinado por la Constitución y se impondría un adefesio de gobierno que sería medio parlamentario y medio presidencialista, lo cual, en todo caso, sólo podría ser decidido por una Asamblea Constituyente en una nueva Constitución, la cual, además, debería ser consultada popularmente mediante un Referendo.
¿Avalarán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ese atentado contra la Constitución y el ordenamiento institucional democrático del país? Por el bien de Nicaragua esperamos que no.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben saber mejor que nadie, que el Poder Judicial que ellos ejercen y representan no es sólo el órgano estatal encargado de dirigir la administración de justicia y velar porque se le dé a cada quien lo que es suyo. La Corte es también y por encima de cualquier otra cosa, el garante del Estado de Derecho, el guardián de la integridad constitucional, el vigilante de la estabilidad de las instituciones y de la buena gobernabilidad del país.
Por eso es que en todas partes del mundo democrático se considera que el funcionamiento del Poder Judicial es como un termómetro que mide la salud de la democracia. Y esto significa que la justicia, y principalmente la actuación de la Corte Suprema, no debe ser entendida como un instrumento de uso político para satisfacer y favorecer intereses partidistas ni caudillistas, ni debe subordinarse a las conveniencias estratégicas o tácticas de las dirigencias partidarias ni a los plazos y conveniencias electorales.
Hacer eso es una deformación institucional que causa un grave daño al Estado de Derecho, rompe el principio de la independencia de los magistrados y los jueces respecto de los núcleos en los que reside el poder político y le quita a la administración de justicia el respeto que se merece. Ojalá que todo eso lo consideren los magistrados antes de dar a conocer su fallo sobre las reformas constitucionales , el que podría ayudar a resolver justamente la crisis institucional, o hundir al país de manera irremediable.
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