El escándalo por los delitos electorales y las acusaciones de corrupción entre los políticos gobernantes y cogobernantes tiene también algunos aspectos positivos. Por ejemplo, si no fuera por ese escándalo los ciudadanos no hubieran podido saber de las exageradas cantidades de dinero que gastan los partidos y sus candidatos a ocupar los cargos públicos durante las campañas electorales.

Cuando se aprobó, en 1984, la disposición legal de que las campañas electorales de los partidos políticos serían financiadas por el Estado, la idea que se tenía —o al menos eso fue lo que se dijo— era que de esa manera se iba a garantizar la igualdad económica de los competidores, y sobre todo que así nadie tendría pretexto para buscar financiamiento ilícito y sospechoso. Pero después de las elecciones de 1990 este financiamiento estatal se convirtió en un relajo y algunas personas avispadas lo hicieron un medio de enriquecimiento.

Es anecdótico el caso de un político que creó un partido sólo para ser su candidato y obtener el financiamiento estatal. Luego fue a la oficina estatal correspondiente a recibir el dinero para financiar su campaña, pero lo “perdió” en el camino de regreso. Por otro lado, debido al atractivo del dinero estatal para las campañas electorales de los partidos, éstos proliferaron como mala hierba por todas partes, lo que motivó y justificó reformar el sistema de financiamiento. De modo que después de las elecciones de 1996 el financiamiento estatal ya no se entregó antes de los comicios, sino después, de acuerdo con la cantidad de votación obtenida y a partir de un mínimo obligatorio de sufragios recibidos.

Pero como el problema no es de los tiempos, sino de las personas, los líderes de los partidos y sus candidatos comenzaron a buscar dinero de donde fuese y de quien fuera. Entonces la situación empeoró en vez de progresar positivamente. Y como a falta de información y transparencia abundan las sospechas, al ver la tremenda cantidad de dinero que gastan los principales partidos y candidatos, y conociendo su relatividad moral —por decirlo con suavidad—, los observadores políticos y la gente en general hablan de financiamientos provenientes de Saddam Hussein —cuando estaba en el poder—, de Muammar Gadafi, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de las guerrillas narco-comunistas de Colombia, de Taiwan, de grandes empresarios nacionales y extranjeros, etc.

La verdad es que sólo hasta ahora, como consecuencia del escándalo político por las acusaciones y contra acusaciones de corrupción, es que se ha podido conocer una lista de donantes a la campaña del presidente Enrique Bolaños, revelada por él mismo. Y tal como se ha informado en LA PRENSA, las investigadas cuentas de campaña del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del presidente Bolaños suman unos 13.8 millones de dólares y 142.1 millones de córdobas, “aproximadamente cuatro veces (más) lo reportado por el PLC como gastos de campaña, que fueron 66.5 millones de córdobas”.

¿Y el FSLN y su sempiterno candidato presidencial, Daniel Ortega, cuándo van a mostrar todas sus cuentas y los nombres de los donantes? Después de ver sus costosas campañas electorales, ¿quién puede creer en las modestas cuentas que entregan al Consejo Supremo Electoral (CSE)?

Ante todo eso es evidente la imperiosa necesidad de que se revise a fondo y reforme el sistema de financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos y sus candidatos. Y sin falta establecer y aplicar rigurosos mecanismos de control sobre las andanzas económicas de los partidos, que garanticen la obtención y manejo limpio de los fondos. Pero eso no lo podrían hacer las actuales autoridades del CSE y la Contraloría porque están subordinadas a los intereses y la disciplina de los dos partidos mediante el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega. Una reforma de los mecanismos de financiamiento electoral con los mismos diputados, contralores, magistrados y jueces que hay ahora, sólo podría ser para que hubiera más corrupción.

La reforma electoral apropiada y eficaz que se requiere sólo podría ser posible como uno de los acuerdos del diálogo político que auspiciaría la OEA de acuerdo con el resultado de su reciente visita a Nicaragua.

Los gastos electorales