Otra vez matan a PJCh
“Sin libertad de prensa no hay libertad”, proclamó el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal ante los miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el 27 de noviembre de 1975, cuando ésta lo honró con el Premio a la Libertad de Prensa. “La libertad de prensa es el sustrato básico sobre el cual se asienta la vigencia de todos los derechos fundamentales de la persona humana”, explicó el entonces director de LA PRENSA, quien 2 años y 44 días después sería asesinado para castigarlo por su indoblegable lucha por la libertad.
Inspirados en ese pensamiento y en el sacrificio del doctor Chamorro Cardenal los diputados de 1995 reformaron democráticamente la Constitución para que los medios de comunicación social pudieran importar maquinarias e insumos exentos “de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales” (Arto. 68 Cn.).
Por supuesto que esa exención no se estableció para favorecer económicamente a las empresas de medios de comunicación, sino para proteger constitucionalmente el ejercicio de la libertad de prensa, pues de esa manera los medios no podrían ser presionados con disposiciones tributarias dictadas arbitrariamente o mediante leyes ordinarias, por cualquier clase de gobernantes, los que según demuestra la historia de Nicaragua siempre han tendido a suprimir o a restringir el derecho a la libertad de expresión y de información.
La mejor prueba de que dicha exoneración no era para favorecer a nadie en particular, está en que —por ejemplo, en el caso de LA PRENSA— siempre hemos pagado impuestos en concepto de IR, IVA e IBI, pago que sólo el año pasado ascendió a 23 millones de córdobas; además de que jamás hemos solicitado libre introducción de algo que no fuera lo estrictamente indispensable, ni siquiera para los vehículos de trabajo, a pesar de que la disposición constitucional es taxativa en cuanto a que los medios deben estar exonerados “de toda clase de impuestos”.
Por otra parte, no es por casualidad que los políticos que esta semana reformaron en primera instancia el artículo 68 de la Constitución, para suprimir la protección constitucional de la libertad de prensa mediante la exoneración de impuestos, son precisamente los que más han odiado la libertad de prensa y la han censurado y suprimido: los liberales bajo sus gobiernos somocista y arnoldista, y los sandinistas durante su tenebrosa dictadura totalitaria de los años ochenta que fue calificada como una “noche oscura” por Su Santidad Juan Pablo II.
En realidad, lo que pretenden los diputados libero-sandinistas es castigar a los medios que hemos denunciado la corrupción y el pacto antidemocrático. Así lo han dicho ellos mismos con sus palabras llenas de odio hacia la libertad de prensa y los medios de comunicación independientes. Y así lo demuestra la forma atropellada y sin consultar a los representantes de los medios atacados con que propusieron y aprobaron, en sólo una semana, semejante reforma constitucional.
Cabe destacar al respecto que sólo dos diputados, Jaime Morales Carazo y Miguel López, se opusieron a la aprobación de esta reforma constitucional contra la libertad de expresión y de prensa, la cual en términos políticos equivale a las balas con las que asesinaron en 1978 al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del Diario LA PRENSA; a los proyectiles que usaron para asesinar en febrero de este año al periodista disidente del FSLN, Carlos José Guadamuz; y a las que dispararon para asesinar, en noviembre de este mismo año, a la periodista de LA PRENSA y del Diario Hoy, María José Bravo Sánchez.
Ahora bien, igual que en el caso de las otras reformas constitucionales que aprobaron en primera legislatura para cambiar la forma de gobierno del Estado, también en lo que se refiere a la reforma contra la libertad de prensa falta todavía que sea aprobada en segunda legislatura. O sea que el nuevo asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y demás mártires de la libertad de prensa todavía no está consumado de manera definitiva.
Pero sólo el pueblo, mediante un amplio e irresistible movimiento a favor del referendo podría impedir que las aprueben en segunda legislatura, para lo cual es necesario el apoyo efectivo de la comunidad democrática internacional.
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