En el lenguaje popular se les dice “limosneros con garrote” a quienes piden con arrogancia y sin agradecimiento, como si quien les da tuviera la obligación de ayudarles y más bien agradecerles que le acepten el favor.

Inclusive, durante el régimen sandinista esa desviación de conducta fue elevada al rango de “principio”, al plantear los líderes del FSLN que iban a construir el socialismo en Nicaragua con los dólares del imperialismo.

Más o menos lo mismo está ocurriendo ahora, cuando los magistrados sandinistas y arnoldistas se “indignan” por la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del país, al suspenderle la ayuda al Poder Judicial debido a las últimas demostraciones extremas de partidismo y corrupción en la administración de justicia. Pues no de otra manera se puede considerar el repacto libero-sandinista y la excarcelación de Arnoldo Alemán, mientras que la cooperación extranjera al Poder Judicial es precisamente para lo contrario, o sea para que despartidarice y actúe de manera independiente.

En general, sandinistas y liberales arnoldistas y otros antiyanquis, culpan a Estados Unidos por la crisis actual, pues dicen que es intolerable que el Secretario de Estado Colin Powell y el Subsecretario Adjunto Dan Fisk vinieron a descalificar políticamente a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, y que funcionarios de la Embajada estadounidense acreditados en Managua expresen su interés en que los sectores democráticos nicaragüenses se unan para impedir que Ortega gane las próximas elecciones presidenciales. Y como el presidente Enrique Bolaños demostró estar de acuerdo con esa intromisión, o al menos no la repudió, entonces el cacique sandinista lo llamó “lamebotas” de los yanquis, amenazó derrocarlo mediante un “bolivianazo”, “repactó” con Arnoldo Alemán. Y de inmediato la juez sandinista Juana Méndez ordenó la excarcelación al cacique liberal.

Lo cierto es que hay una gran hipocresía en esas protestas contra la intromisión yanqui y extranjera en general en los asuntos políticos de Nicaragua. Es bien sabido que todos los políticos nicaragüenses, ya sean sandinistas, liberales, conservadores, socialcristianos o de cualquier otra tendencia, siempre han aceptado de buen gusto la intromisión de extranjeros en los asuntos políticos internos, cuando es a favor de cada uno de ellos, y siempre la condenan con “indignación” si es favorable a sus adversarios o enemigos.

Por otro lado, es cierto que la Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 1 que las relaciones entre los países deben fundarse en “el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos…” Del mismo modo, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) proclama, en su artículo 18, que ningún Estado “tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”. Y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas señala en su artículo 41, que los diplomáticos extranjeros acreditados en un país “están obligados a no inmiscuirse en los asuntos de ese Estado”.

Pero las relaciones entre los países se determinan no sólo por principios jurídicos sino también por las relaciones reales de poder y por las necesidades y conveniencias de los Estados. Y ante todo, para ser verdaderamente soberana una nación no debe depender de la ayuda, cooperación, asistencia, o como se le quiera llamar, de los demás Estados. Al contrario, los países que viven de la ayuda de otras naciones tienen que someterse a las condiciones que de manera cubierta o encubierta, directa o indirecta, ponen los gobiernos que les ayudan. Precisamente por eso es que sólo representantes de los países que forman parte de la comunidad donante a Nicaragua son los que opinan sobre los asuntos internos del país, mientras que los de Estados que no le ayudan, nunca se inmiscuyen en los problemas de los nicaragüenses.

En realidad, si los políticos de Nicaragua —incluyendo a los magistrados, diputados, contralores, fiscales, etc.— quisieran realmente que nadie se metiera en su decisión de cómo gastan los recursos de la cooperación externa, no deberían pedirla.

Lo cierto es que sólo cuando el país vuelva a vivir exclusivamente de su propio trabajo podrá esperar y exigir que nadie de afuera se inmiscuya en los asuntos que son de la exclusiva incumbencia de sus ciudadanos.

Limosneros con garrote