A partir de que los magistrados sandinistas del Consejo Supremo Electoral (CSE) anunciaron la semana pasada que estaban dispuestos a renunciar y pidieron a sus colegas liberales hacer lo mismo para así resolver la crisis crónica que sufre ese organismo del Estado, ha venido creciendo una amplia corriente de opinión a favor de que dichos funcionarios renuncien de verdad, o que sean destituidos. Pero no sólo ellos, sino también los de la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Contraloría General de la República, la Fiscalía, y ante todo el ex presidente Arnoldo Alemán, quien usurpa un escaño en la Asamblea Nacional y la presidencia del Poder Legislativo a pesar de que no es un diputado electo por el pueblo.

En realidad, sólo con una barrida general en las cúpulas de esas instituciones es que el presidente Enrique Bolaños podría cumplir su compromiso de sanear los poderes públicos de la nación. Dicho con otras palabras, la dimisión voluntaria o forzada de los altos funcionarios ineptos y corruptos de la Corte, el CSE, la Contraloría y la Fiscalía es una exigencia de sensatez y coherencia en la vida institucional de Nicaragua.

Algunas personas honestas y bien intencionadas, y que por lo tanto comparten el criterio de que la presencia de Alemán y demás personajes corruptos en los altos cargos del Estado es un obstáculo para el buen propósito de profesionalizar y dignificar el servicio público, consideran, sin embargo, que una barrida en las cúpulas de esas instituciones significaría una especie de golpe de Estado, y en todo caso temen que podría desestabilizar al Gobierno y abrir paso al extremismo —de derecha o de izquierda, que por sus consecuencias es igual— para que se vuelva a apoderar de la nación.

Pero las renuncias y destituciones de los altos funcionarios están previstas en la Constitución Política de la República (artículo 138.11), y eso significa que son medidas legales y normales, aunque infrecuentes, y que por lo tanto no tienen por qué causar ninguna conmoción en la vida política e institucional del país, salvo los comprensibles y justificados estallidos de alegría que provocarían en la población. Además, la única alternativa a la renuncia o destitución de los funcionarios ineptos y corruptos, es que las cosas sigan como están hasta ahora, y sólo quedaría esperar que la política de integridad gubernamental que está tratando de implementar el presidente Enrique Bolaños, tenga éxito de manera milagrosa. Y es bien sabido que en política no existen los milagros ni es inteligente esperar que ocurran.

Dejar que las instituciones sigan como están es lo peor que le podría ocurrir a Nicaragua, porque se aumentaría el desprecio de los ciudadanos hacia los funcionarios públicos y los políticos en general, y nuestro incipiente y frágil sistema democrático podría colapsar puesto que el descrédito o la poca credibilidad de las instituciones, independientemente de cuáles sean las causas y quiénes los culpables de su deterioro, deviene ineludiblemente en un proceso de crisis e inestabilidad social mucho más grave que el impacto de una dimisión masiva, voluntaria o forzada, de los funcionarios desacreditados.

Lo lamentable en todo esto es que el presidente Bolaños no tiene facultades legales para destituir a funcionarios de otros poderes del Estado y ellos no están dispuestos a renunciar, y si lo hicieran, la Asamblea Nacional dominada por las cúpulas alemancista y sandinista los sustituirían con otras personas de la misma ralea. De modo que el país está como en un callejón sin salida, a menos que la presión de un poderoso movimiento cívico obligue a los corruptos a renunciar.

Como sea, el presidente Enrique Bolaños debe sacar a la luz pública toda la corrupción del gobierno anterior. Don Enrique debe saber que durante los primeros 60 días de su gobierno (que se cumplieron ayer), tuvo razón en alegar que no es culpable ni responsable por la inverosímil corrupción del gobierno de Alemán. Pero si a partir de ahora no hace nada concreto por castigar a los corruptos, o al menos por desenmascarar toda la corrupción alemancista, entonces la opinión pública tendrá que considerarlo como cómplice por encubrimiento. En esto el presidente Bolaños no tiene alternativa.  

Callejón con salida