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DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2002 / EDICION No. 22803 / ACTUALIZADA 02:00 am
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Ejército profesional o profesionalismo castrense

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.Una serie de hechos recientes cometidos por particulares en nombre del Ejército de Nicaragua, o por familiares de altos oficiales y los mismos militares, llevan a preguntarnos, ¿qué tan serio es el proceso de profesionalización que vive la institución castrense? Algunos expertos consideran que la sociedad civil debe insistir en la consolidación de estos procesos

En 1986, el Ejército había alcanzado 134,400 hombres. Para finales de 1989, ya anda por los 90,000, y para enero-febrero del 90 son 86,819 hombres. Finalmente sería reducido a 14,500 efectivos durante el gobierno de doña Violeta de Chamorro.

 

Roberto Orozco B.
roberto.orozco@laprensa.com.ni

El viernes 8 de marzo de 2002, el abogado Marco Sándigo, quien se identificó como abogado del Ejército de Nicaragua, llegó con soldados y miembros de la Policía Nacional, comandados por el subcomisionado Víctor Betancourt, a desalojar a vigilantes de la empresa Proservasa, que habían sido contratados por el extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) para ocupar una propiedad que había sido adjudicada a esa institución por una deuda que la esposa del general Roberto Calderón, Marta Turcios, mantenía con el banco.

Los vigilantes fueron desalojados de la propiedad, ubicada en el kilómetro 7 y medio de la Carretera a Masaya, y, con la acción, se impidió que el Banic tomara posesión de la finca que le había sido adjudicada por medio de una escritura de “venta forzada” por un juez de Managua, debido a la deuda que alcanzaba más del millón de dólares.

El anterior es uno de los hechos recientes, en los que altos oficiales del Ejército y abogados vinculados a familiares de ellos, han utilizado a soldados de la institución y a oficiales de la Policía Nacional, por medio de sus influencias, para evadir responsabilidades jurídicas o cumplir objetivos al margen de la institución, lo que ha perjudicado seriamente la imagen de la profesionalización y profesionalismo del Ejército de Nicaragua.

El 26 de mayo de 2001, Alejandro Carrión McDonough, hermano del actual jefe del Ejército, mató a tiros al campesino Pablo Leal Aguirre, para lo cual utilizó un fusil AK, de uso exclusivo de la institución armada.

Aunque éste fue manejado por el Ejército como un acto individual del hermano del general Carrión, la familia del campesino responsabilizaba a la estructura de mando de esa institución porque supuestamente lo protegía y escondía cuando la Policía Nacional lo buscaba para capturarlo por el hecho.

El hecho más reciente ocurrió el jueves 18 de julio, cuando el oficial de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional, subcomisionado Denis Tinoco, ordenó hacer uso de la fuerza para mandar a que llevaran a esas instalaciones al periodista de LA PRENSA, Luis Felipe Palacios, y proceder a interrogarlo por una información publicada en este diario y que implicaba al general Roberto Calderón, Inspector General del Ejército, uno de los tres cargos que componen el Alto Mando Militar, según el Código Militar del Ejército de Nicaragua.

Los políticos y dirigentes de la sociedad civil no descartaron nunca que la acción policial pudo darse debido a influencias del general Calderón en la Policía Nacional.

Ante esto, los militares han sido cuestionados nuevamente por políticos y líderes de la sociedad civil: ¿Profesionalización o profesionalismo militar? Esa es la interrogante que prevalece en el ambiente. ¿Qué es lo que está fallando, es la institución o la actitud individual del uniformado lo que pone en duda el grado de profesionalización alcanzado por el Ejército?

Algunos expertos, como el licenciado Roberto Cajina, consultor civil en Seguridad y Defensa, y el doctor Luis Humberto Guzmán, ex presidente de la Asamblea Nacional y analista de temas militares, intentan despejar estas interrogantes.

HECHOS SON AISLADOS

Para Roberto Cajina estos hechos son aislados, en la medida en que no existen disposiciones institucionales para tener ese tipo de conducta, pero que, a su juicio, rebotan inevitablemente en la institución y, por lo tanto, perjudican tanto la imagen de profesionalización como la imagen de profesionalismo que deben de tener las fuerzas armadas.

Para Luis Humberto Guzmán puede ser que los hechos anteriores respondan a la “tentación” que influye en los hombres el hecho de vestir un uniforme y tener una posición de mando dentro del Ejército para colocarse encima de la ley.

Sin embargo, ambos expertos consideran que, a pesar de lo anterior, tenemos en Nicaragua un Ejército profesional en el sentido estricto de la palabra.

“Quiero aclarar tres términos que se utilizan de manera simultánea. Cuando se habla de Ejército profesional, básicamente se entiende de un Ejército que está formado por un cuerpo de oficiales y por tropas que no son reclutadas vía servicio militar obligatorio, sino por lo que se llama servicio militar voluntario, es decir, voluntariamente la gente ingresa a la tropa y se firma contrato como cualquier profesional de cualquier carrera”, explicó Cajina.

“Samuel Huntington habla de tres características esenciales que definen el carácter profesional de una institución armada. La primera es la pericia, el expertis, que no la tiene toda la gente de la sociedad, sino segmentos específicos. La segunda es el grado de compromiso social, es decir, el servicio a toda la sociedad, y, la tercera, es lo que se llama el espíritu de cuerpo o el sentido corporativo, es decir, la identificación que los militares tienen entre sí. Entonces, él dice que existiendo esos tres elementos puede decirse que estamos frente a un Ejército profesional”, agregó.

Guzmán coincide con Cajina en este punto. Pero agrega: “Tenemos un Ejército profesional en el sentido de que tenemos un Ejército que no obedece a sectores, éste no es un ejército como la Guardia Nacional al servicio de la familia Somoza, no es un Ejército al servicio de un partido como su inmediato antecesor el Ejército Popular Sandinista, sino que éste es un Ejército de servicio nacional. Probablemente, más preocupado en su propia sobrevivencia como institución que en atender cualquier otro interés en la sociedad”.

“No es subalterno de algún grupo social que lo influya. En ese sentido veo profesionalismo. En otro ángulo, también lo es, es uno de los Ejércitos de Centroamérica con experiencia en guerra y ha demostrado ser eficaz”, agregó.

PERO “HAY QUE PROFUNDIZAR”

Sin embargo, Cajina y Guzmán también coinciden en que se debe profundizar en el grado de profesionalización del Ejército, y, principalmente, en el profesionalismo del mismo para evitar que pasen hechos como los que se explican al inicio.

“Sí creo que hay (profesionalismo), pero también creo que es un proceso de nunca acabar. Es un proceso, y como tal, de la misma manera que la subordinación de los militares al poder civil también es un proceso, no podemos decir que en este momento alcanzamos la totalidad del profesionalismo y profesionalización del Ejército”, valoró Cajina.

“Para eso tendríamos que establecer algunos criterios o modelos propios de nuestra realidad para determinar el grado y la calidad del profesionalismo de nuestro Ejército”, consideró el experto.

En esto puso como ejemplo trabajar la relación costos-beneficios, analizar el rol que el Ejército ha jugado en términos de seguridad ciudadana con los planes de seguridad en el campo, y el rol que ha jugado en el plan de aseguramiento logístico en las elecciones pasadas.

También en otras esferas hay que profundizar la profesionalización de la institución armada. “Por ejemplo, Nicaragua tiene dos líneas costeras considerablemente largas y tiene fronteras en las que hay ríos, básicamente, y tiene una Fuerza Naval débil, es decir, su fortaleza está más arraigada en el Ejército de tierra y no en la Fuerza Naval, y todo eso hay que irlo viendo y cambiando. En la medida en que las circunstancias cambian, también las instituciones y sus bases jurídicas tienen que cambiar”, consideró Cajina.

HAY QUE HACERLO YA

El ex presidente de la Asamblea Nacional, en cuyo período se aprobó el Código Militar, base jurídica del Ejército de Nicaragua, consideró por otra parte, que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ya es hora de renovarla. “Nos viene de hace casi 10 años, es necesario ajustarla precisamente teniendo a la vista los eventos que usted menciona”, dijo, al referirse a los actos antes apuntados.

“Hay otros temas en los cuales no hemos querido avanzar en la institucionalidad (del Ejército). Hay que dictar un Código Penal Militar. Creo que es necesario que los civiles que están ejerciendo el liderazgo en el país, el presidente de la República, el ministro de Defensa y otros, tomen conciencia de esta importancia”, dijo Guzmán.

“Me ha sorprendido que el presidente de la República diga que ese tema hay que tratarlo dentro de unos cuatro gobiernos, valga decir dentro de unos 20 años, lo que me parece una exageración. Los hechos que usted menciona, especialmente el último que ha ocurrido, evidencian que no espera 20 años, sino que es indispensable hacerlo ahora”, agregó.

“En el ámbito propiamente legal, para evitar dudas, el país debe abrir un debate sobre las reformas al Código Militar, particularmente la incorporación del ministro de Defensa en la cadena de mando, y sobre el tema de los órganos de Inteligencia”, valoró Guzmán.

Al preguntársele a Guzmán si los mandos del Ejército permitirán reformas a su base jurídica, dijo que esa era una atribución que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional.

“Desde luego, lo mejor es animar al Ejército a que participe de buen grado. Los militares nicaragüenses son inteligentes, y si algo saben calibrar es la correlación de fuerzas políticas y militares, y ellos están conscientes de que éste es un momento para avanzar en la institucionalidad”, afirmó.

“El país lo necesita, y más que el país, en primer lugar, lo necesita el Ejército, precisamente para atender ese objetivo de ellos que es su propia sobrevivencia institucional. Si la sociedad aquí percibe un Ejército autónomo, que hace lo que quiere, que se coloca por sobre la ley, usted va a tener una presión creciente cada día más negativa sobre las Fuerzas Armadas que no sabemos a dónde nos pueda llevar, y en ese juego quien más arriesga es el Ejército”, finalizó Guzmán.

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