El reportaje especial sobre la distribución de los recursos hospitalarios del país (Confusión hospitalaria), que publicó LA PRENSA el recién pasado domingo 24 de febrero, es tan sólo una muestra de la grave situación en que se encuentra el sistema de salud pública de Nicaragua, en el ámbito específico de la mala asignación de los recursos hospitalarios. Y demuestra también que por falta de información o por una comunicación defectuosa de las autoridades del ramo con la población, muchas personas ni siquiera saben a cuál centro hospitalario deben acudir en cada caso.

Sin dudas que la distribución adecuada —por criterios geográficos y especialidades— de los hospitales y centros de salud es indispensable para que el sistema de salud pública funcione correctamente, o al menos para que mejore. Y también es importante que se le hable a la gente con un lenguaje correcto y comprensible, en vez de la jerga pseudo profesional que enreda las cosas en vez de aclararlas, como eso de “hospitales de referencia (¿?) nacional o departamental”. Sin embargo, lo principal es incrementar y fortalecer los recursos hospitalarios, o aprovecharlos de manera más racional ya que el Minsa tiene graves limitaciones presupuestarias, sin perder de vista que la tarea de las tareas en este momento debe ser erradicar la corrupción que se apoderó de las instituciones de salubridad durante el recién concluido gobierno de Arnoldo Alemán.

Como se sabe, la atención a la salud pública es una de las tres funciones fundamentales que cumple el Estado (las otras dos, sin perjuicio de las múltiples responsabilidades de toda administración gubernamental, son la educación y la seguridad pública). Por eso la señora Gro Brundtland, directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló en una ocasión que: “Hay que decirles a los presidentes, primeros ministros y ministros de finanzas que ellos también son ministros de salud”.

En el artículo 59 de la Constitución de la República de Nicaragua se dice que “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación”. En realidad, eso mismo que se dice en todas las constituciones del mundo, o sea, que el derecho a la salud para todas las personas es un objetivo central —o al menos una proclamación universal— del Estado y la sociedad en todos los países, y por cierto que esto no sólo donde hay sistemas democráticos sino también en los regímenes totalitarios, que por lo general se ufanan de que a cambio de la supresión de las libertades públicas y los derechos individuales, prestan buenos servicios sociales de salud y educación.

Pero no es sólo por solidaridad, humanitarismo o compasión que las sociedades, estados y gobiernos se asignan como tarea central la atención a la salud de todas las personas. Es que la buena atención a la salud de la población es indispensable para mejorar la capacidad laboral, la productividad, la competitividad y el desarrollo. Y por eso, los gobiernos y gobernantes de los países avanzados consideran que las asignaciones presupuestarias para el rubro de salud pública no son un gasto para ayudar a los más pobres y necesitados de la sociedad, sino una inversión para fomentar el desarrollo, el progreso y la prosperidad de todos, como en efecto lo es.

En realidad, a título individual la buena o mala salud de cada quien puede ser un asunto que depende de la voluntad de Dios, tal como dijo la nueva ministra de Salud, doña Lucía Salvo, al referirse a la crisis en el abastecimiento de insumos médicos a los hospitales y centros de salud estatales. Pero en lo que se refiere a la salud pública, su atención no es una responsabilidad divina, sino del gobierno, y en particular de las autoridades que precisamente son nombradas para que cumplan eficazmente sus obligaciones.

La nuevas autoridades de salud pública están abocadas a la responsabilidad de impulsar el reordenamiento y la distribución más adecuada de los recursos hospitalarios, y ante todo tienen que erradicar la infame corrupción que ha desviado gran parte de los modestos recursos de la salud pública, hacia los bolsillos de ex funcionarias y funcionarios perversos e inescrupulosos.  

En manos de Dios y del Gobierno