Voceros de alto rango del FSLN dicen que ya tienen asegurados los 56 votos legislativos indispensables para aprobar las reformas constitucionales, a fin de que Daniel Ortega pueda reelegirse por segunda vez en 2011, y después de manera indefinida.
Por otra parte, en distintos medios políticos también se da como un hecho que Ortega y el FSLN conseguirán los 56 votos, porque supuestamente sobran diputados opositores que a cambio de cualquier soborno, o por chantaje, van a votar por la aprobación de la reforma constitucional.
Pero la verdad es que el FSLN no ha podido hasta ahora ni siquiera asegurar en forma permanente los 47 votos que se necesitan para el quórum de las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional y aprobar leyes ordinarias, o sea las que no requieren de votación calificada como es el caso de la reforma constitucional. De manera que no parece ser cierto que el FSLN ya tiene asegurados los 56 votos para aprobar la reforma constitucional reeleccionista. Esto sin perjuicio de que en el momento oportuno los pueda conseguir, y se cumpla el mal augurio de quienes creen que el enorme poder coercitivo y corruptor del orteguismo es capaz de vencer cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia el poder total y perenne.
Haciendo números, hay que recordar que el FSLN tiene en la Asamblea Nacional 38 diputados. O sea que necesita 18 votos para alcanzar el “número mágico” de 56, que se requieren para aprobar la reforma constitucional.
Por otro lado, los partidos con representación parlamentaria que rechazan la reforma constitucional para la reelección de Ortega son: el PLC con 21 diputados; la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) del PLI-Vamos con Eduardo, 17 diputados; la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 5 diputados; y el MRS, 2 diputados. Además, de los 3 legisladores que se definen como independientes 2 dicen que rechazan la reforma. De modo que 47 diputados no aprobarían —supuestamente— la reforma constitucional orteguista. Y en la “tierra de nadie”, o sea que no han dicho si aprobarán o rechazarán la reforma constitucional para Ortega, se encuentran los 5 diputados de la Bancada de Unidad Nacional (BUN) y 1 de los tres que dicen ser independientes.
Esos números indican que si los 38 diputados del FSLN lograran de cualquier manera sumar a los 5 de ALN y a los 5 del BUN, al empeño de aprobar la reforma constitucional, apenas llegarían a 48 votos, que obviamente son insuficientes para aprobar la reforma constitucional que quiere Ortega. Necesitarían 8 votos más, que sin duda los tendrían que sacar de la bancada del PLC o de la BDN.
Al respecto en algunos círculos políticos se habla de que Arnoldo Alemán en el fondo está dispuesto a darle la reforma constitucional a Ortega, pero no quiere pagar el alto costo político que eso implicaría. De manera que se podría simular que algunos diputados del PLC, alegando razones personales, tomen la decisión de votar por la reforma supuestamente al margen o en contra de la decisión del partido.
Sin embargo, también en el PLC se teme que Eduardo Montealegre y la Bancada Democrática Nicaragüense pudieran estar dispuestos a pactar con Ortega y darle los votos para la reforma constitucional, a cambio de que los cargos en la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Fiscalía General y Procuraduría de Derechos Humanos, que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional el próximo año, el FSLN ya no los comparta con el PLC sino que se los reparta con el PLI-Vamos con Eduardo. Como sea, lo único cierto es que nada está escrito en piedra en materia de negociaciones y acuerdos políticos y que en este campo cualquier cosa se puede esperar, tanto del FSLN como de los partidos de oposición.
En estas circunstancias, le corresponde a la sociedad civil independiente y a la ciudadanía democrática, reforzar la presión sobre los partidos de oposición que tienen representación parlamentaria, para que no permitan las reformas constitucionales y que impidan la reelección presidencial y el continuismo del régimen autoritario de Ortega por vía de las reformas. El FSLN debe ser obligado a desistir de su proyecto de restaurar la dictadura en forma legal. Y si de todos modos se empecina en imponerlo, que lo haga por medios inconstitucionales y antidemocráticos. Habría que ver entonces qué pasaría en el país y cómo reaccionaría la comunidad internacional que ha sido tan radical e intolerante en el caso de Honduras.
