Como otra muestra del poco interés que la Policía Nacional tiene en castigar a los responsables de la agresión que sufrieron los miembros de la Coordinadora Civil (CC) el pasado 8 de agosto en los predios de Catedral de Managua calificaron algunos de los afectados la decisión de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de solicitar que la próxima semana, en el Instituto de Medicina Legal (IML), se realice una revisión a tres de las personas agredidas.
Mientras tanto los acusados como responsables del ataque, entre ellos Meyling Calero, nueva titular del Ministerio de la Familia (Mifamilia), señalados por los agredidos y de los que entregaron fotos y vídeos como muestra de su participación en los hechos, aún no han sido citados a declarar.
Calero, al ser consultada si ha sido citada a declarar en el caso, ya que es señalada como una de las responsables de la agresión, visiblemente asombrada respondió: “No, ahorita no puedo dar ninguna declaración, después yo la voy a llamar y le voy a dar declaraciones, después lo vemos”.
Los citados consideran que la petición policial es extemporánea, ya que después de mes y medio difícilmente se pueden encontrar signos visibles de las agresiones, aunque en algunos casos las secuelas perduran.
“Después de mes y medio qué voy a ir a hacer a Medicina Legal. Me parece que es perder el tiempo, porque, ¿qué pueden encontrar de un golpe después de tanto tiempo? Me parece que es darle largas”, dijo Irving Larios Sánchez, director del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), organización miembro de la Coordinadora Civil.
Otra razón por la que Larios se niega a asistir a Medicina Legal es porque no fue oficialmente citado. “Yo no tengo nada escrito. No he recibido nada oficial de la Policía, ellos llaman por teléfono y dicen que uno vaya, pero eso no es formal. No son serios”, afirmó.
Larios recibió una lluvia de botellas con agua y varios golpes, uno de ellos en la cabeza, que lo hizo caer y perder el conocimiento por algunos segundos.
En cambio, Roberto Velásquez, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Civil en representación de Granada, sí cuenta con un documento donde se le solicita presentarse a Medicina Legal para que el forense le realice un examen.
“Tengo una orden para ir a Medicina Legal, me la dieron el día que me presenté a declarar en la Dirección de Auxilio Judicial. Lo que pasa es que pienso que después de tanto tiempo es difícil que el forense encuentre elementos de prueba o elementos de convicción para demostrar la existencia de un delito”, advierte Velásquez.
Velásquez considera que para encontrar ese tipo de pruebas hay tiempos vitales y que la cita es extemporánea. “Auxilio Judicial se tardó demasiado, más de mes y medio, en darnos la oportunidad de declarar. La lesión que me causaron en mi dedo pulgar de mi mano derecha me dejó una secuela, por la fractura, pero los signos visibles ya no están”, argumentó Velásquez.
Agrega que aún no decide si asistirá, ya que debe sacar tiempo en su trabajo y trasladarse desde Granada hasta la capital, pero tiene contemplado presentarse con el único fin de cumplir con el requisito y que no quede duda que la situación existió, pero teme que el médico, al no encontrar signos, determine que no hubo lesión.
FISCALÍA SIN INTERÉS
Larios lamenta el poco interés de la Policía en resolver el caso y también el de la Fiscalía General de la República, que recibió la denuncia el mismo día de los hechos. Relata que la semana pasada, cuando fue citado a la DAJ a declarar, al preguntar por qué no se encontraba presente ningún fiscal, el agente que le tomaba la declaración le explicó que los fiscales sólo asisten cuando los casos “son de interés para la Fiscalía”.
“Yo no quiero suponer que éste va a ser un caso más en el que no hay interés de las instituciones cuando se trata de gente cuyas opiniones no le son favorables al Gobierno, porque en Nicaragua todos tenemos los mismos derechos... Ésta es otra prueba para la justicia de este país. Quiero pensar que es así (que la Policía quiere resolver), pero los hechos van en otra dirección”, lamentó Larios.
Por su parte, Vásquez considera que la actuación extemporánea de la Policía deja a la vista una “obvia complicidad” de la institución del orden con las turbas orteguistas.
“La complicidad trasciende y no les quedó otro camino que tomarnos declaración, pero la tardanza tiene su origen en la complicidad. Debieron actuar con más rigor desde el inicio, porque hay cosas que no esperan en una investigación”, argumenta Velásquez.
Larios y Velásquez lamentan que el compendio de fotos, que son prueba de la agresión, no haya servido para que la Policía hiciera cumplir la ley.
La Coordinadora Civil se ha quejado porque hasta ahora ninguno de los señalados ha sido citado.
