Juristas señalan que el Ejército de Nicaragua, al negarse a revelar la cantidad de jóvenes que perdieron la vida mientras cumplían el Servicio Militar Patriótico (SMP) en los años 80, viola la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que fue el instrumento legal que utilizó LA PRENSA para solicitar la información. Pero también viola la Constitución de la República porque ésta otorga el derecho de buscar y recibir información.
Consideran que el atropello a las leyes por parte de la institución armada surge de una perversión institucional y de la impunidad que, gracias a una cultura de secretismo heredado, aún conserva.
Gabriel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional, señaló que el Ejército al negarse a revelar la cifra de jóvenes que perdieron la vida mientras cumplían el SMP, viola también un derecho constitucional ya que el artículo 66 de la Carta Magna otorga el derecho a buscar y recibir información.
Ese artículo establece: “Los nicaragüenses tienen derecho a información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Agrega que ante esta violación se abre la posibilidad de recurrir de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y recuerda que ante la violación de la LAIP, queda la posibilidad de apelar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.
La información fue solicitada al Ejército por el Diario LA PRENSA mediante el mecanismo establecido por la LAIP.
Álvarez reconoce que cuando las instituciones cometen estos atropellos, generalmente los ciudadanos no tienen el tiempo ni los recursos ni la confianza (por la partidización que sufre la institución), para realizar estos trámites, pero considera indispensable hacer el esfuerzo, porque eso podría contribuir a cambiar la cultura de secretismo que impera en la mayoría de las instituciones del Estado.
“Éste es un punto neurálgico en el ejercicio efectivo de los derechos que se supone tenemos los nicaragüenses, y en el contexto de una institucionalidad que está funcionando de manera bastante distorsionada”, señaló Álvarez.
El constitucionalista considera que existe una perversión institucional y hasta “cierta impunidad”, porque a diario se ve que los funcionarios de cierto nivel actúan con la sensación de impunidad. “Violan las leyes y ellos suponen que no van a tener que responder ante la nación y ante el pueblo, lo cual contradice otro principio constitucional que establece que todos los funcionarios deben responder ante el pueblo”, explicó Álvarez.
Álvarez considera que la actuación del Ejército en ésta y otras ocasiones se debe a que todavía existen algunas “zonas inmunes a los controles del poder”, y recuerda que la ciudadanía tiene derecho a informarse para formar la opinión pública, que es uno de los elementos fundamentales en las democracias, porque cuando no hay acceso a la información, se castran las potencialidades de esa sociedad.
CULTURA HEREDADA
El también especialista en Derecho Constitucional y ex presidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, precisó que desde 1995 la reforma a la Constitución le otorgó a los ciudadanos el espacio para buscar información. Estima por tanto que la posición asumida por el Ejército, al negar la información sobre los muertos del SMP, obedece a una cultura heredada de la vieja cultura francesa del centralismo de la información, que ha existido en la información pública.
Añadió que esa vieja costumbre llegó por la vía española para establecer un esquema donde “los procedimientos dentro de la administración se llevan a menudo dentro de una atmósfera de discreción absoluta, en la que muchas veces los particulares no tienen ningún acceso”.
Algunos ex militares del Ejército y la Contra, especialistas en temas de seguridad y defensores de derechos humanos, consideran que la resistencia del Ejército a revelar las cifras de muertos del SMP obedece al interés político de proteger a alguien.
López, aunque no descarta eso, opina que el secretismo es un patrón cultural tan arraigado que a los ciudadanos les está resultando muy difícil romperlo.
Agregó que también los ciudadanos tienen la responsabilidad de hacer uso de la vía jurídica adecuada, en este caso la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema.
