El tema de la empresa Amayo debe ser algo de interés nacional, no por la empresa en particular, que podría ser cualquier otra, sino porque por alguna razón desconocida, pero sospechada, el Gobierno ha actuado con una severidad digna de mejor causa contra ella, habiendo alternativas que corregirían las infracciones cometidas, castigarían a la empresa con base en la ley y garantizarían que el país y los ciudadanos no salgamos perjudicados.
Para comenzar por el principio, Amayo es hasta ahora la única empresa que genera energía a partir de la fuerza de los vientos. El parque eólico que ya está funcionando (Amayo I) se ubica en Rivas y ya genera 40 megas, que es el ocho por ciento de la demanda total del país, y se preparaban para Amayo II, que agregaría 20 megas más de energía limpia, renovable y barata (Amayo vende un mega a 80 dólares, mientras que uno generado a base de búnker se vende a 160 dólares. ¡El doble!).
Sólo con ese dato se ve que por el interés de la nación hay que fomentar este tipo de generación de energía, que además de barata es limpia.
El Amayo II iba sobre ruedas, pero de pronto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les revocó el permiso provisional porque la empresa había empezado construcción contando sólo con un permiso provisional, y eso es contra la ley. La empresa solicitó revisión del acto y el MEM mantuvo la revocación.
Mientras tanto, ya el buque con los aerogeneradores venía en camino y desde hace días está fondeado en Corinto, pagando 20 mil dólares diarios porque ya la empresa no tiene licencia para operar.
Yo no voy a alegar por que se rompa la ley. Ni si quiera por que se flexibilice. Sin embargo, la normativa que trata sobre este tema de sanciones prevé una serie de actos previos como llamados de atención y multas contra empresas que la quebrantan, y sólo luego de reincidencia se contempla la revocación de la licencia.
Pero el MEM comenzó por lo más duro y revocó la licencia en un acto que va a perjudicar a la empresa, y en el mediano plazo va a causar más perjuicio a los nicaragüenses, que tendrán que seguir pagando precios altísimos por su energía.
Todo el “pecado” de Amayo fue iniciar construcciones en preparación a los aerogeneradores, que ya venían. Si eso quebranta la normativa, pues se hicieron acreedores de una multa, que podría llegar a ser de hasta 100 mil dólares. Pero revocarles la licencia al final nos va a perjudicar más a los nicaragüenses que a los de Amayo, pues vamos a perder 20 megas de energía limpia y barata.
Uno tiene que preguntarse por qué el MEM actuó con tanta dureza, y en la posible respuesta no puede dejar de considerar tres factores importantes:
1.- El negocio de la familia presidencial, Albanisa, es generar energía a base de búnker y la generación eólica le quita mercado.
2.- Albanisa también se estaba metiendo en el negocio de la generación eólica en mismo istmo de Rivas. De nuevo, los de Amayo son competencia.
3.- De pronto ha aparecido la empresa Eolo, ligada por amistad a Humberto Ortega, hermano del Presidente, y cuyo capital es principalmente de un millonario mexicano que, gracias a Humberto, tuvo una reunión con el Presidente en diciembre.
Ante todo esto uno no puede descartar la posibilidad de que, como es política en otros casos, este Gobierno esté usando la ley para satisfacer sus insaciables y mezquinos intereses, así como su voracidad capitalista que la ciudadanía termina pagando.
