En presencia del gabinete de gobierno en pleno, el presidente Daniel Ortega firmó anoche un decreto para implementar la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el pasado 13 de julio, que otorgó a Costa Rica el derecho a navegar en el río San Juan “con fines de comercio”, incluido el transporte de pasajeros y turistas.
Ortega aprovechó para hacer un llamado a los inversionistas nacionales a desviar sus inversiones hacia esa zona, para que no sean sólo los inversionistas ticos los que hagan negocio ahí.
El decreto, y su reglamento que no fueron leídos en su totalidad —ya que según Ortega eran muy extensos—, establecen el mandato de la CIJ de permitir la navegación a embarcaciones costarricenses “con fines de comercio” sin pagar ningún impuesto.
También contemplan una serie de prohibiciones, entre ellas la navegación de embarcaciones de Costa Rica que tengan como propósito ejercer funciones de Policía u otra entidades de igual naturaleza, transportar personal y equipo de seguridad, sean éstos con armamentos, pertrechos o municiones. También se prohíbe la navegación de embarcaciones de carácter oficial que no cuenten con el debido permiso de navegación expedido por la autoridad competente.
Prohíbe también la pesca con nasa, trasmallo, atarraya, explosivos y otros medios y la que se realiza con fines comerciales o deportivos. Los turistas o pasajeros durante su tránsito por el río tampoco podrán pescar. Sólo se permitirá la pesca de subsistencia (que se realiza de manera tradicional) a los lugareños.
La normativa también restringe el atraco de embarcaciones con pasajeros o turistas que pretendan entrar a territorio nacional sin la debida autorización y el tránsito de cualquier tipo de carga o mercancía que no demuestre con documentación establecida que tiene un propósito comercial.
Trasladar personas o turistas sin la autorización de los puestos de control correspondientes y sin portar el documento oficial que se otorgará para tal fin es otra de las prohibiciones que establece la nueva reglamentación. Embarcaciones que funcionen como casinos, hoteles o para transmisiones de radio, televisión o similares, no podrán navegar ni permanecer flotando en el río, a menos que tengan la autorización y paguen los impuestos establecidos para el caso.
Ortega explicó que las personas que transiten en embarcaciones de Costa Rica recibirán un documento oficial que llevará un sello visible donde se establezca que es gratuito, para evitar que alguien salga diciendo que “le están cobrando”.
La aclaración podría deberse a recientes declaraciones del Vicecanciller de Costa Rica, Edgar Ugalde, quien acusó a Nicaragua de incumplir la resolución de la CIJ, al seguir aplicando cobros al tránsito de ticos en el San Juan.
Ugalde dijo que habían enviado dos comunicaciones a la Cancillería nicaragüense, exigiendo el cumplimiento de la sentencia, que establece que no debe haber cobros por la navegación para fines comerciales.
Ortega expresó que la reglamentación es para que la relación entre ambos países camine mejor.
