Estimaciones extraoficiales calculan entre 10 mil y 20 mil jóvenes víctimas

La cifra oficial de jóvenes que murieron mientras cumplían el Servicio Militar Patriótico (SMP), durante el primer Gobierno de Daniel Ortega Saavedra, seguirá siendo un secreto que se podrá manejar de acuerdo con los intereses de quien se refiera al tema, ya que a casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el Ejército de Nicaragua prefiere violarla —argumentando razones sentimentales— y mantener el modelo secretista que siempre han aplicado al tema.

Con motivo del 30 aniversario del Ejército de Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra publicó en un diario local el escrito, De la Guardia Nacional al Ejército Constitucional, en el que señala que el SMP fue imprescindible para poner fin a la guerra que causó la muerte de más de 30 mil contendientes, de las que cerca de 3 mil 500 eran jóvenes que cumplían su servicio militar.

ENTRE 10 MIL Y 20 MILMUCHACHOS MUERTOS

Expertos en temas de defensa y seguridad, ex militares del Ejército y la Contra, y defensores de derechos humanos, calificaron la cifra como “ridícula” y una ofensa a las familias que aún tienen en la memoria a sus muertos, y consideraron evidente que Humberto Ortega al reducir drásticamente la cifra demostró un interés político de minimizar el daño.

Los entrevistados se quejaron de la falta de estadísticas oficiales. Atribuyeron a cálculos de organismos internacionales y a información obtenida en los campos de batalla que la cifra de muchachos del SMP que murieron durante el conflicto anduvo entre 10 mil y 20 mil.

Con el objetivo de evitar que se continúe manipulando el dato que es parte de la historia reciente del país, LA PRENSA solicitó al Ejército las estadísticas oficiales.

El 27 de agosto el teniente coronel Francisco Barbosa, director del Centro de Historia Militar, dijo que al escribir la Síntesis de la Historia Militar de Nicaragua había preparado un cuadro con esas cifras que podía proporcionar y ofreció entregarlo al día siguiente.

OFICIALES CASTRENSES SE BURLAN Y VIOLAN LA LEY

Pero al día siguente, en lugar de entregarlo, pidió que se solicitara por escrito a la oficina de Relaciones Públicas. Se presentó la solicitud a través de dos vías. Una carta a la oficina de Relaciones Públicas y una solicitud oficial a la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP). La institución armada decidió que resolvería la petición a través de la OAIP.

“Será por esa vía que se le entregará la información, ya que estamos obligados a cumplir la ley y esas solicitudes no pueden quedar sin respuesta”, dijo el jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, general Adolfo Zepeda.

En ese momento el general Zepeda reconoció que el Ejército está obligado a cumplir lo establecido en la LAIP, que establece un máximo de 15 días para entregar lo solicitado. El día en que el plazo se vencía, el mayor Eddy Calero, responsable de la OAIP, aseguró que se entregaría la información y que sólo faltaba una firma.

No obstante, lo que entregaron fue un excusa sentimental y no jurídica para negar la información.

EXCUSA PARA NO DECIR CUÁNTOS JÓVENES FUERON ENVIADOS A MORIR

“Tengo a bien de comunicarle que el Ejército de Nicaragua, como una institución profesional, responsable y comprometida con el desarrollo, estabilidad y gobernabilidad de nuestra nación, y consciente del dolor y sufrimiento de la familia nicaragüense que perdió a un ser querido en el conflicto y por la sensibilidad que esto conlleva evitamos dar cifras, ya que las mismas pueden estar sujetas a diversas opiniones, en muchos casos contradictorias y que a la postre no contribuirían a la sanación de heridas abiertas durante este conflicto... No vemos esto como una estadística, lo vemos como el sacrificio de hermanos nicaragüenses por contribuir en la construcción y desarrollo del país”, dice la resolución firmada por el general Zepeda.

María Adilia Serrano, miembro del Grupo Promotor de la LAIP y consultora en el tema, dice que la respuesta entregada por el Ejército negando la información es “nula” porque no cumple con los requisitos que establece la ley para negar la información. “Esa respuesta carece de todo el fundamento legal establecido en la ley”, señaló.

Serrano explica que a la respuesta del Ejército le faltan las causales legales que establece el artículo 15, referido a información pública clasificada como reservada. “Además, las estadísticas solicitadas no encajan dentro de ninguna de las excepciones, ya que no ponen en riesgo la seguridad de la integridad territorial del Estado ni la defensa de la soberanía nacional”, explica Serrano.

Además, no cumple con el artículo 35 que establece que “toda denegatoria de acceso a la información pública debe motivarse bajo pena de nulidad” y viola el principio 7 del artículo 3 que establece que la autoridad al catalogar información como restringida debe fundamentar que la información se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos por la ley. Que su liberación puede amenazar el interés público y que el daño que puede causar es mayor que el beneficio al conocerse la información”.

La especialista lamenta que sea el Ejército el que viole esos artículos, especialmente el 15 ya que todo lo establecido en el mismo fue sugerido por la institución armada. Añade que la respuesta no debió ser firmada por el general Zepeda, que es el jefe de Relaciones Públicas, sino por el mayor Calero, que es la persona encargada de la OAIP y fue a quien se dirigió la solicitud.

¿A QUIÉN PROTEGE EL EJÉRCITO?

Por su parte, Emilio Ortega, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), coincide con Serrano en la falta de sustento jurídico de la respuesta que dio el Ejército.

Según Ortega, esta respuesta no puede interpretarse como falta de conocimiento ya que la ley es clara y tiene casi dos años de vigencia. Considera que más bien habría que valorar la independencia del Ejército, ya que si restringe esta información puede ser para evitar que la ciudadanía recuerde la historia y “habría que preguntarse a quién está protegiendo el Ejército de Nicaragua, porque la historia debe ser pública, no se debe restringir para no cometer los mismos errores”.