Nicaragua no sólo está viviendo el peor año económico desde comienzos de la década de los noventa, sino que las perspectivas para el 2010 son desalentadoras. De cara a esta realidad, la pregunta obligada es ¿qué hacer para revertir la contracción que está golpeando a nuestra frágil economía y a las esperanzas de los nicaragüenses?
Para mí, además de continuar manejando responsablemente a la economía para asegurar su estabilidad, hay cuatro acciones que son imperativas.
Primero, no se puede imponer una carga adicional impositiva igual al 2.4 por ciento del PIB de Nicaragua (o aproximadamente 145 millones de dólares) como está proponiendo el Gobierno. Más impuestos no son la solución para países en recesión, especialmente en Nicaragua, que ya tiene la carga tributaria más elevada de Centroamérica. Más bien abortarían cualquier conato de recuperación que podría darse en 2010. Una “reforma tributaria” de la magnitud que busca el Gobierno succionaría cuantiosos fondos de las bolsas de los consumidores, productores y otras empresas privadas para transferirlos al fisco. Esto socavaría la competitividad del sector privado y lo asfixiaría, en lugar de estimularlo a jugar el papel de motor de la economía que desempeña en todas las naciones prósperas del mundo.
Otro peligro de semejante aumento en impuestos es que empujaría empresas a buscar cómo ocultarse en las sombras del sector informal. Esto tendría el impacto perverso de no sólo prolongar la recesión, sino también de propiciar la evasión. Ambos fenómenos afectarían negativamente a las recaudaciones.
Segundo, el Gobierno tiene que presentar un presupuesto del 2010 —porque el 2009 ya es prácticamente historia— que sea consecuente con una economía en recesión y que estimule su recuperación. El presupuesto de 2009 no cumplió con estos requisitos. No fue realmente de austeridad. Es más, la composición de los gastos públicos en el presupuesto 2009 —incluyendo sus reformas— era inapropiada. Por un lado, los gastos corrientes burocráticos se mantuvieron altos. La masa salarial, por ejemplo, aumentó en un 10 por ciento en términos reales. Pero, por otro lado, el programa de inversión público —elemento esencial para asegurar crecimiento a mediano y largo plazo— cayó a los niveles más bajos desde la toma de posesión del presidente Ortega y ahora anda por tan solo un seis por ciento del PIB. Ésta es una receta, quizás, para lograr tranquilidad a cortísimo plazo, pero asegura que difícilmente se dé un repunte fuerte de la economía en los años venideros.
La matriz de gastos públicos debe comenzar a revertirse en 2010. Nicaragua precisa de una inversión pública más robusta y de alta calidad. Ésta debería priorizar al mantenimiento de la infraestructura con que contamos —antes que se deteriore más— al igual que la inversión en caminos, carreteras y agua potable. La experiencia alrededor del mundo ha demostrado que sin una buena red vial no puede incentivarse la producción, y que dotar a la población de agua potable es el mejor programa de salud preventiva que un país puede tener. Además, los ministros a cargo del MTI y de Enacal han demostrado comprender su misión y tener la capacidad para ejecutarla.
Tercero, urge transparentar y darle un enfoque de desarrollo a la “ayuda” venezolana. El manejarla con sigilo ha ocasionado enormes costos políticos para el Gobierno, nacional e internacionalmente. Además, ha creado la impresión —correcta, hasta donde se sabe— de que muy poco de lo que recibimos de Venezuela ha sido destinado a proyectos prioritarios para el desarrollo del país, y en condiciones tan favorables como las que nos brindan los donantes tradicionales. Esto debe cambiar.
Y, cuarto, el Gobierno tiene que dar respuestas creíbles a las inquietudes que tienen los donantes respecto al retroceso en la gobernabilidad que ha ido en “crescendo” desde comienzos del 2007 y que ha resultado en el recorte de su ayuda. Las cuestionadas elecciones municipales del año pasado son la manifestación más notoria de este retroceso, pero no son las únicas. La confusión Estado-partido-familia, la utilización del Poder Judicial para intimidar a adversarios políticos y la política de no permitir manifestaciones pacíficas por parte de la oposición so pretexto de que las calles “pertenecen” al partido oficialista, son otras señales de que al Gobierno no le interesa el Estado de Derecho, la transparencia, la institucionalidad y la democracia representativa.
Si el Gobierno no cambia su rumbo en cuanto a gobernabilidad, si no busca un acercamiento con los donantes y con su propio pueblo, que anhela seguir haciendo patria y reforzando la democracia, veo difícil —por no decir imposible— que los donantes nos ayuden a reducir la brecha fiscal que ha tenido prácticamente congelado el programa con el FMI. Sin un golpe de timón, no habrá confianza ni inversión en Nicaragua, y nuestro país ingresará a la fila de los estados irrelevantes, sin porvenir y fracasados.
