Las bancadas liberales en la Asamblea Nacional no se conformarán con el envío de la lista de funcionarios nombrados por el presidente Daniel Ortega al parlamento, sino que ahora el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentará una iniciativa para que los mismos sean declarados nulos, sobre la base de la ilegalidad con la que fueron investidos en sus cargos.
El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia del parlamento, indicó que la iniciativa, que será presentada hoy ante la Primer Secretaría, establece que los ciudadanos no están obligados a acatar ninguna orden o resolución que emitan los funcionarios ilegítimos, ya que su condición violenta la Constitución Política, que está por encima de todas las leyes.
Para el parlamentario, la Fiscalía General de la República debería trabajar preparando las acusaciones contra los funcionarios que no fueron ratificados por el Parlamento, y que los embajadores sin ratificación tampoco sean reconocidos por los Gobiernos donde fueron enviados, porque no representan al país.
El ex presidente Arnoldo Alemán recordó que el nombramiento y ratificación de los ministros y embajadores tiene que pasar “obligatoriamente” por la Asamblea Nacional.
Ortega en conjunto con Alemán acordaron a través de sus respectivas bancadas en la Asamblea aprobar reformas constitucionales durante la administración de Enrique Bolaños, las cuales incluían que el Legislativo tenía que ratificar a funcionarios y embajadores, lo que provocó una crisis, en la que tuvo que intervenir la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que se argumentó que se buscaba restarle facultades al Ejecutivo, sin embargo ahora que entran en vigencia, Ortega no cumple con lo que él mismo impulsó.
BDN RESPALDA LEY DE NULIDAD DE CARGOS
El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Adolfo Martínez Cole, dijo que respaldarán la iniciativa para declarar nulos todos los nombramientos presidenciales que no han sido ratificados en la Asamblea, como lo establece la Constitución en su artículo 138, numeral 30.
“Nosotros hemos manifestado que todo lo actuado por los funcionarios nombrados por el Presidente (Ortega), que no han sido ratificados en la Asamblea Nacional, son actos que carecen de legalidad, por lo tanto nos plegamos a esta iniciativa y esperamos que el Presidente tome en serio su posición y sepa que existe una división de Poderes”, indicó Martínez Cole.
Al igual que lo demandan diputados del PLC, Martínez coincidió que la Contraloría General de la República (CGR) debería revisar los movimientos financieros que han ocurrido en las dependencias de los funcionarios que no han sido ratificados en el parlamento.
“Creo que la Contraloría debería tomar parte en esto, una vez que la Asamblea se pronuncie. Todo funcionario que haga uso de bienes del Estado está en la obligación de reportar esos gastos. Tendríamos que ver cuál ha sido el comportamiento de estos funcionarios, qué es lo que han hecho, para saber cómo tendría que actuar la Contraloría”, manifestó Martínez.
Pallais destacó que el ente fiscalizador debe, además, preparar las glosas para el correspondiente cobro a los funcionarios que están usurpando funciones.
