¿Será posible que los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral puedan realizar unas elecciones limpias y transparentes? Ésa es la pregunta que se plantea ante los comicios regionales de la Costa Caribe, a celebrarse el 7 de marzo del próximo año.
Al Consejo Supremo Electoral (CSE) le quedan 14 meses para prepararse. Pero, después de los fraudulentos resultados en al menos 30 municipios, durante los comicios electorales del 2008, estas elecciones regionales serán una prueba de fuego en la que pondrá en juego, una vez más, su propia imagen y la recuperación de la confianza que ha perdido en al menos el 50 por ciento de la población, tal como lo refleja la Encuesta sobre Democracia en Nicaragua, 2007 y 2009, realizada por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y el Instituto Nacional Demócrata.
El panorama para estas elecciones en el Caribe no parece tan esperanzador. El abstencionismo se mantiene vigente desde que se celebraron las primeras elecciones regionales en 1990. Ese abstencionismo es mucho más acentuado que el registardo en el Pacífico del país. El abstencionismo caribeño ha alcanzado porcentajes superiores al 60 por ciento, como ocurrió en el año 2002.
El Consejo Supremo Electoral podría aprovecharse de esa apatía permanente por elegir nuevas autoridades en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región del Atlántico Sur (RAAS) y hacer lo que se le antoje. Sin embargo, de acuerdo al análisis de Muricio Zúñiga, director del Ipade, el camino que más le conviene es realizar las elecciones más transparentes que hayan realizado los actuales magistrados y así aliviar un poco la presión que están ejerciendo la comunidad donante y la sociedad civil nicaragüense.
Juan Carlos Narváez, responsable de estudios electorales del grupo cívico Ética y Transparencia, iguala la opinión de Zúñiga diciendo que “ahorita al CSE y al gobierno no les conviene entrar más en conflicto respecto a problemas electorales porque están negociando precisamente la observación nacional e internacional”.
Narváez considera que las próximas elecciones regionales van a celebrarse en calma, al igual que ocurrió con las elecciones realizadas en el 2008 en tres municipios de la RAAN, Bilwi, Waspan y Prinzapolka.
Narváez dice que estos comicios van a realizarse normalmente, porque existe ya un consenso entre el FSLN y el PLC en cuanto a la elección de los miembros del Gobierno Regional.
Pero los buenos augurios podrían acabar en simple predicciones cuando de preparativos se trata. De las más de 200 mil personas en edad de votar en ambas regiones autónomas, una gran cantidad no posee cédula de identidad y esa es una de las razones por las que el abstencionismo registrado en las últimas elecciones del 2006 alcanzó un 54 por ciento.
La mayoría de los que no votaron eran personas jóvenes que no lograron obtener sus cédulas de identidad a tiempo. La gente no tiene cédula, el padrón no está actualizado y por si fuera poco, no hay presupuesto para cubrir ese déficit.
Juan Carlos Narváez, funcionario de Ética y Transparencia, afirma que “el proceso de cedulación sigue dando síntomas de empeorar”.
Sólo para dar una idea de cómo está la situación, cuenta que actualmente en Bluefields hay alrededor de dos mil cédulas sin entregar y los ciudadanos difícilmente irían a retirarlas por los altos costos que significa viajar desde sus comunidades hasta la cabecera departamental donde se encuentran los documentos.
Algunos, según Narváez, tienen que invertir hasta dos mil córdobas para ir a traer sus cédulas, “y si llegan y no está lista y les dicen que tienen que regresar, entonces eso se vuelve más difícil para el ciudadano. Lo que se debe hacer es que el Consejo Supremo Electoral abra los Consejos Electorales Municipales de manera permanente para que trabajen en la entrega de cédulas”, sostiene Narváez.
Por otro lado, una de las razones por las que los caribeños no se interesan en elegir a los miembros de sus propios gobiernos regionales es por lo poco funcional que han resultado ser.
Ante la falta de presupuesto que enfrentan los gobiernos regionales y ante el nombramiento de delegaciones departamentales asignadas por el gobierno central, el desarrollo en el Caribe sigue en lista de espera.
El diputado Standfor Cash Dash, diputado nacional por Bluefields de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), explica que “en honor a la verdad la Autonomía, tanto en el Norte como en el Sur, no ha funcionado de la forma debida. Por ejemplo, en cada región existen delegados ministeriales. Aquí hay delegados del Mined, delegados de Gobernación, etc., y a mi modo de ver debería ser el gobierno regional quien nombre a estas personas, pero no es así, los nombramientos vienen de Managua”.
Como diputado, Cash propone que se haga una reforma a la Ley de Autonomía para que la RAAN y la RAAS dejen de consultar a “Managua” al momento de tomar decisiones y así nombrar libremente a sus delegados ministeriales. Y propone algo más: un órgano electoral propio de la Costa Caribe que se encargue de los comicios regionales sin interferencia del Pacífico, y eso incluye la idea utópica de que tampoco se deberían mezclar partidos del Pacífico con los del Caribe.
Jhonny Hogdson, secretario regional del FSLN, siente orgullo al recordar que en toda Latinoamérica la Costa Caribe nicaragüense fue la primera en obtener la autonomía mediante Ley. Sin embargo, han pasado 19 años y aún no llega lo que ellos llaman la “verdadera autonomía”.
La desilusión de los costeños ha crecido y se ha ido traduciendo en apatía y no participación en las elecciones de las distintas autoridades que al final de cuenta tienen las manos atadas porque siguen dependiendo del gobierno central.
“El nivel de abstención es un problema a superar. Los gobiernos regionales no han tenido el desempeño que quisiera la gente…Ha habido un poquito de todo. Es penoso decirlo, pero ha habido bastante corrupción. Cuando usted habla con mucha gente, ven el Consejo y el Gobierno Regional como una instancia que no está al servicio de los intereses de la población. Los temas que discuten no son muchas veces de interés de la población. Por ejemplo, algunas veces están discutiendo aumento de sueldo para ellos y eso no anima a la gente”, comenta Hogdson.
La Costa Caribe cuenta con muchas riquezas, tanto naturales como de diversidad étnica, cultural, sin embargo, a pesar de tanto potencial que concentran, el desarrollo nunca llega, pase el gobierno que pase.
En la RAAN y la RAAS se encuentran doce de los 25 municipios más pobres del país, según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas (2005). Hay mucha pobreza y los gobiernos centrales no han hecho mucho por mejorar la situación de esa gente, más bien los costeños se sienten aislados, en el olvido.
Hogdson explica que los cinco gobiernos regionales que han tenido durante estos 19 años de autonomía han heredado una Estrategia de Desarrollo para la Costa que le tocará implementar al nuevo gobierno electo.
Pero la elección de los personajes idóneos está en manos de las autoridades del Consejo Supremo Electoral en los futuros comicios. Y el buen desarrollo de esos comicios depende del camino que los magistrados decidan tomar.
Mauricio Zúñiga insiste en que ya es tiempo de que se realicen reformas a la Ley Electoral, de manera que la observación electoral nacional sea un mandato legal, constitucional.
“Esperamos observar que estas elecciones se realicen con la debida garantía y respetando la voluntad popular. En caso que el Consejo Supremo Electoral haga una buena elección como en las pasadas elecciones en algunos municipios de la RAAN, eso no significa que estén dadas las garantías de transparencia y confianza para tener un árbitro confiable en las elecciones (presidenciales) del 2011”, recalca Zúñiga.
La única manera que podría garantizar la trasparencia sería reformando la Ley Electoral para establecer la obligatoriedad de observadores nacionales e internacionales y mediante un cambio de autoridades electorales “por unas más confiables”, y eso está en manos de las bancadas del PLC y el FSLN en la Asamblea Nacional, quienes podrían sumar sus votos para devolver la credibilidad a una institución tan devaluada como en la que se convirtió el Consejo Supremo Electoral desde las elecciones del municipales del 2008.
