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Managua, 09/02/2010 10:38 PM
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Edwin Castro. (LA PRENSA/ M. ESQUIVEL)
Nadie “sabe nada” sobre compra de gasolineras
Contralor Argüello Poessy sigue ciego, sordo y mudo con nuevo negocio del Grupo Alba
Moisés Martínez y Octavio Enríquez
investigaciones@laprensa.com,ni
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¿Contraloría para qué?

Si no hubiese sido por un escándalo de desvío de fondos internos que los contralores potenciaron para levantar su imagen en un medio de comunicación local, nadie se hubiese enterado en las últimas semanas qué se trabaja en el despacho que corona el consejo superior de la CGR.

Una vez más, el presidente de esa institución, Guillermo Argüello Poessy dijo que no había nada que decir cuando comunicó su decisión a los funcionarios de prensa de no revelar lo discutido en la sesión de todos los jueves.

En medio, tras el silencio de Argüello, se halla una serie de temas que se han negado a abordar.

Temas como la mansión del asesor económico Bayardo Arce, la que se construye Francisco López, tesorero del Frente Sandinista y los contratos millonarios que ha suscrito Alba de Nicaragua S.A., la sociedad que maneja los intereses presidenciales.

Navarro: “Corrupción ya desborda a otros gobiernos”

El diputado liberal Wilfredo Navarro estima que los “niveles de corrupción de este gobierno están desbordando los niveles de corrupción de otros gobiernos, aquí estamos viendo claramente que se están usando las instituciones para hacer negocio en beneficio del partido Frente Sandinista”.

A juicio de Navarro, todas las adquisiciones que han realizado Ortega y sus allegados son para incrementar su fortuna personal, lo que queda en evidencia porque hay personas que “no tenían un centavo, y de la noche a la mañana ahora son grandes millonarios, sólo porque están cubiertos con el ropaje y la protección del Gobierno para hacer negocios”.

El diputado Carlos García, de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dijo que tanto la Contraloría como la Fiscalía General de la República están “dormidas” en su papel de ser garantes del buen manejo de la administración pública y de la transparencia que deben demostrar los funcionarios en el marco del cumplimiento del cargo que desempeñan.

El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, considera que mientras no se aclare el conflicto de intereses que existen entre el estado-partido-familia-negocios y asuntos de gobierno, lo único que se verá es que la familia gobernante trata de controlar uno de los sectores más importantes de la economía, que es el negocio energético.

“Eso en realidad es un albabisne. Han criticado a los monopolios y ellos en realidad están creando un oligopolio alrededor de la familia gobernante... No se asusten si después quieren forzar y comprar las gasolineras de la Esso, Shell y Texaco, para tener el control total del mercado”, declaró.

Edmundo Jarquín, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), señala que mientras el Gobierno no cumpla con su obligación de dar información que ayude a saber quiénes son los socios y cuál es el estado financiero de esa red de empresas privadas que encabeza Albanisa y que están obteniendo el beneficio de decisiones públicas, todo seguirá “oliendo a que estamos ante el mayor festín de corrupción de la historia de Nicaragua”.

Como suele suceder cuando las operaciones del Grupo Alba, vinculado al presidente Daniel Ortega y su familia, quedan descubiertas, salen las explicaciones contradictorias que dan funcionarios de Gobierno y políticos orteguistas, mientras las instancias involucradas en la última operación de este holding de empresas mantienen un gran silencio sobre el asunto.

La operación de compra por parte del Grupo Alba de las operaciones de la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), filial en el país de la compañía suiza Glencore, es un tema que esquivan tanto las instancias del Poder Ejecutivo, como las autónomas, tal es el caso de la Contraloría General de la República.

La operación dentro del grupo funcionó así: Alba Caruna es la receptora de los fondos que Albanisa, columna vertebral del Grupo Alba, recupera por medio del esquema establecido en el acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Nicaragua, financiado por los consumidores nacionales de hidrocarburos.

Ayer el diputado orteguista Edwin Castro y el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, en sus escuetas declaraciones sobre el tema se contradijeron.

Castro es miembro de la Comisión de Infraestructura y Transporte de la Asamblea Nacional, la que se encarga de analizar los temas relacionados al sector de los hidrocarburos.

—¿Diputado Castro, cómo cae la compra de las operaciones de Glencore por parte de Alba Caruna en el esquema de solidaridad de la cooperación venezolana?

“Nada tiene que ver Glencore, Glencore es una empresa privada aparte”.

—Pero sus operaciones fueron compradas por Alba Caruna.

“Por eso Alba Caruna es, eh, eh, eh… no, lo que yo entiendo es que Alba Caruna dio los reales, prestó los reales. Le prestó el dinero a Petronic. El que la compró fue Petronic. Entiendo yo que así fue, habría que preguntarle a ellos”, respondió el parlamentario.

Dijo desconocer el monto que habría pagado Alba Caruna por las operaciones de DNP-Glencore en el país.

“No estoy claro, ya te dije, no estoy claro, no sé”, respondió ofuscado.

COMPRA PESADA

Antes de esta compra, la operación de adquisición de mayor magnitud en la que ha estado involucrado el Grupo Alba fue cuando absorbió las inversiones de la Tribu Seminole en el país, descubierto por una investigación periodística de este Diario publicada el 24 de febrero pasado.

Esta operación alcanzó los 11 millones de dólares y fue financiado por Alba Caruna y Albanisa. Incluye la compra del Hotel Seminole y dos fincas ganaderas de primer nivel ubicadas en la península de Chiltepe, Mateare. Estas inversiones ahora son manejadas por la empresa Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa).

MINISTRO PERDIDO

Por su parte Rappaccioli, en cuyas manos está la aprobación de las licencias del sector de hidrocarburos, dijo desconocer de la operación.

“Ésas son transacciones entre empresas privadas, el Ministerio no tenía por qué aprobarlas. Ahorita no puedo contestar porque no conozco los detalles, pero ésa es una operación, hoy por hoy, entre empresas privadas. Tenemos confianza que va a repercutir de manera positiva en la distribución de productos derivados del petróleo”, dijo mientras trataba de evadir las consultas de este Diario.

Otro funcionario que eludió el tema fue Víctor Urcuyo, superintendente de Bancos, a quien se le consultó si Alba Caruna como entidad financiera podía realizar esta operación.

“Eso es un negocio privado en el cual nada tengo que ver yo”, respondió el funcionario.

PETRONIC NO PUEDE OPERAR

En contradicción con lo expresado por el diputado Castro, el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) explicó que Petronic no puede operar los activos que compró de DNP que adquirió Alba Caruna (del Grupo Alba).

El funcionario a cargo de la entidad reguladora de los hidrocarburos explicó que Petronic solamente puede operar los activos arrendados que le fueron devueltos.

La salida de Glencore del país significó también la devolución de los activos que esta empresa tenía arrendados desde 1998 a la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic).

Los activos de Petronic y las nuevas inversiones que realizó Glencore durante el tiempo que operó en el país estaban bajo el nombre comercial de DNP.

Caruna adquirió las inversiones que Glencore hizo durante los años que operó en el país, que comprenderían más de 30 gasolineras y los tanques de almacenamiento en Puerto Corinto con capacidad para más de 60 mil barriles.

Lo que correspondería es que Alba Caruna se le conceda una licencia particular para vender combustible, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.

“No creo que pueda darse esa figura. Petronic es del Estado y no podría. Tendrían creo que buscar un permiso en la Asamblea para operar en conjunto. El operador que compró los activos que DNP adquirió, tiene que pasar por ley ante el MEM (Energía y Minas) para que le den su licencia”, explicó el funcionario.

El vicepresidente Jaime Morales Carazo prefirió tomar distancia de los señalamientos que existen sobre la familia gobernante y allegados a Ortega, por las adquisiciones que realizan a la sombra de los recursos Alba.

“Yo no conozco la carpintería ni la mecánica de cómo se están manejando los recursos del Alba, y tampoco puedo aceptar (que los negocios son de la familia presidencial), porque desconozco que haya, digamos, familiares, personas del Gobierno que estén vinculadas con esas operaciones, yo lo desconozco totalmente”, dijo Morales Carazo.

(Con la colaboración de Gisella Canales, María José Uriarte y Lucydalia Baca)

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