Gerardo Martín García, de 41 años, reclama a la diputada sandinista rivense Venancia Ibarra Silva que le cancele toda su liquidación, la cual según él asciende a cerca de 13 mil córdobas, por sus servicios prestados durante seis años como vigilante nocturno de una tienda propiedad de la familia de Ibarra Silva, que fue clausurada en agosto pasado.
García explicó, mostrando copia de la carta de despido con fecha del 12 de agosto pasado, que dejó de laborar para la tienda porque el negocio fracasó y fue cerrado.
“A mí me dijeron que me liquidarían como corresponde y tuve que esperar hasta el 12 de octubre para que únicamente la diputada Venancia Ibarra me diera 6 mil 400 córdobas, aunque ese día sólo me entregó 5 mil 900 córdobas, porque yo le había pedido quinientos pesos de adelanto”, manifestó.
Dijo que sus últimos salarios mensuales fueron de mil 200 córdobas, muy por debajo del salario mínimo para el sector comercio, estipulado el pasado 14 de mayo por la Comisión Nacional de Salario Mínimo en dos mil 940 córdobas con 37 centavos, e incluso por debajo de los dos mil 247 córdobas con 35 centavos que se estableció como salario mínimo para el sector servicios comunitarios, sociales, domésticos y personales.
Otra inconformidad del afectado es que ni los siete mil 700 córdobas, equivalentes a seis mil córdobas por antigüedad, 800 córdobas por vacaciones y 900 córdobas por aguinaldo que le calculó el Mitrab de Rivas, le fueron pagados por su ex patrona.
Al respecto la legisladora dijo que se está orquestando una campaña en su contra para tratar de desprestigiarla y aseguró que hay alguien detrás de García que lo orienta a que la mal informe.
Dijo que tiene todos los documentos firmados donde se demuestra que García fue liquidado conforme a lo establece la ley.
Ibarra Silva también dijo que a García se le concedieron muchos permisos de trabajo por enfermedad y por religión y que el empleo se le había otorgado para ayudarlo.
