Policía no quiere detener a los agresores de Martínez La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes, alegó ayer que aunque tres de los cuatro sospechosos de la agresión en contra de Leonor Martínez, entre ellos Félix Armando Tercero, “El Gato”, han acudido a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), éstos sólo han sido entrevistados por la autoridad policial. Reyes alegó que esa institución no puede detener a los agresores de Martínez, pese a que ésta es la segunda ocasión que dos de ellos han sido acusados de agresión por miembros de la Coordinadora Civil, porque “no hay flagrancia”. “De acuerdo al Código es en flagrancia que detenemos”, refirió la vocera policial. Extraoficialmente se ha conocido que aparentemente “El Gato”, quien habita en el barrio El Recreo, donde es conocido como “La Yegua Panda”, no es detenido por la Policía porque además de estar protegido en la Alcaldía de Managua, en la década del noventa habría pertenecido a la Policía, de donde fue dado de baja porque supuestamente le comprobaron algunos actos anómalos cuando realizaban operativos antidroga. Vocera policialahora no sabe nada Consultada la vocera policial sobre este punto, se limitó a referir: “Desconozco esa situación”. Tampoco supo explicar en calidad de qué fue entrevistado “El Gato” y los otros dos sospechosos de agresión. “Desconozco cómo declaró, pero está en el marco del proceso investigativo, en el marco de las entrevistas”, indicó Reyes, tras señalar que en ese caso también fueron abordados los testigos mencionados por Martínez. La primera vez que dos de los agresores de Martínez, entre ellos “El Gato”, fueron señalados ante la Policía, fue cuando varios miembros de la Coordinadora Civil —entre ellos la misma afectada y el periodista Mario Sánchez— fueron agredidos en los predios de la Catedral Metropolitana de Managua, el pasado 8 de agosto. Pero en ese caso, según la funcionaria, ya enviaron a la Fiscalía “las diligencias” que tenían desde el pasado 6 de octubre. Tras la agresión sufrida por Martínez, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, envió una carta a la primera comisionada Aminta Granera para solicitar una reunión urgente, a fin de abordar la información sobre la existencia de planes de agresión en contra de diez dirigentes de organizaciones no gubernamentales, pero Reyes dijo desconocer si la misiva fue recibida.

Víctima de violencia orteguista acusa al Dictador de echar a perder trabajo de la Policía y organismos con jóvenes

Tiene 24 años y forma parte “del ejército” de profesionales que con sacrificio se gradúan, pero no logran entrar al mundo laboral. A diferencia de la mayoría que sueña con abandonar el país para buscar un futuro en otras tierras, Leonor Martínez está dispuesta, aún a costa de su propia vida, a seguir luchando para evitar que en Nicaragua se instaure otra dictadura y para denunciar los errores del Gobierno.

Ella considera que el Gobierno, en su afán de amedrentar a la oposición, está fomentando el vicio y la reorganización de las pandillas en los barrios de Managua. La joven se ha convertido en una víctima de esa violencia.

Acusa al Gobierno de echar por la borda el trabajo de la Policía Nacional y de decenas de organizaciones que en los últimos años habían logrado sacar de las calles a miles de jóvenes que ante la falta de oportunidades se habían refugiado en el alcohol, las drogas y las pandillas.

Las cicatrices que le dejó la cirugía que le realizaron para reconstruir su brazo izquierdo le recordarán, el resto de su vida, el “odio” que sienten el presidente Daniel Ortega y sus simpatizantes por los “oligarcas” que lo critican y “quieren destruirlo”.

Ríe al recordar los insultos de Ortega a sus críticos y los califica de ridículos y egocentristas, porque “el único que se ha enriquecido es él”, pero de inmediato las lágrimas invaden su rostro sudoroso y su voz se entrecorta.

“Soy muy crítica de los errores del Gobierno, pero como pueden ver no tengo nada de oligarca, soy una persona humilde que me ha costado mucho salir adelante. A costa de sacrificios y dando clases por las tardes he logrado costear mis estudios”, asegura.

Efectivamente, el hogar de Martínez lo que menos refleja es abundancia y ostentación. En la sala de la vivienda, ubicada en del barrio Johnatan González, no alcanzaría una de las exóticas palmeras que adornan la tarima que usa Ortega para lanzar sus discursos. Es más, toda la vivienda alcanzaría en un pequeño rincón del parqueo de la casa que habita Ortega o del jardín que rodea el kiosco donde éste recibe a sus invitados.

Se gradúo como licenciada en Administración de Empresas en la UNAN y sueña con su primer trabajo desempeñando su carrera, pero los hechos la han convencido de que mientras no obtenga el carné de militante del FSLN será muy difícil. También está consciente que se convirtió en parte de la “oligarquía” de este país, no por sus grandes propiedades o cuentas bancarias, sino por sus críticas al Gobierno.

NO CREE EN POLÍTICOS

Está convencida de que los partidos políticos usan a la gente para alcanzar sus metas y que sólo se acercan al pueblo cuando lo necesitan.

“El ejemplo de Jasser (Martínez) me terminó de convencer. Cuando luchábamos por el 6 por ciento, siempre estaba ahí con nosotros, pero como ya logró su objetivo que era agarrar un buen puesto (ahora es diputado orteguista), ya no se acuerda de ningún estudiante”, relata Leonor Martínez.

Explica que ese desencanto la llevó hace cinco años a integrarse a una Coalición de Jóvenes organizada por la Coordinadora Civil, que se dedica —en coordinación con la Policía y otras organizaciones— a rescatar de las calles y del vicio (la droga y el alcohol) a cientos de muchachos de su barrio.

CONFIRMA QUE FSLN REORGANIZÓ PANDILLAS

Por eso le duele que a raíz del fraude electoral del 9 de noviembre de 2008, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) haya echado por la borda el trabajo de tantos años, dándole “droga, alcohol, armas hechizas o material para fabricarlas y dinero” a muchos de esos jóvenes , a cambio de que agredieran y amedrentaran a la gente.

“Reorganizaron a todas las pandillas, les dieron armas, les pagaban. Venían los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) a sacarlos en los buses y les ofrecían todo. Eso nos frustró mucho porque desbarataron todo el trabajo que habíamos hecho”, lamenta.

Añade que la Policía y algunos organismos debieron quejarse porque su trabajo fue afectado, pues a raíz de eso se reinstaló un lugar donde se hacen armas hechizas y los miembros de los CPC proporcionan a los muchachos dinero para comprar hierro y tubos para que las fabriquen. Además, les dan y consumen droga con ellos. “Cuando un dirigente lo que debe hacer es poner en práctica los valores éticos y morales. Porque, ¿qué le voy a enseñar a ellos si yo como dirigente les doy el mal ejemplo?”, criticó.

Dice entender que el Gobierno no haga nada por ayudar a esos muchachos, porque en otros períodos fue igual. Pero no concibe que los estén usando de esa manera sin importar que arriesgan su futuro.