En algunas ocasiones, analistas y comentaristas políticos que escriben artículos y cartas para las páginas de Opinión de LA PRENSA han calificado a los actuales gobernantes de Nicaragua como necrófilos, o sea que padecen de necrofilia. En el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se define como necrofilia, en primer lugar la “atracción por la muerte o por algunos de sus aspectos”, y en segundo, la “perversión sexual de quien trata de obtener placer erótico con cadáveres”. Sin embargo, en la enciclopedia jurídica de Cabanellas el concepto de necrofilia se extiende al culto a los muertos y a “la profanación de sepulturas y de difuntos”.
De manera que resulta correcto calificar como necrófilos a los que han profanado la sangre y la memoria de quienes murieron luchando por la libertad y la democracia, por una sociedad justa y una forma de gobierno fundado en la transparencia y la honestidad, al aprovecharse de su sacrificio para imponer otra dictadura peor que la anterior.
Así también es una profanación de la sangre y la memoria de María José Bravo — periodista de LA PRENSA y Diario Hoy asesinada el 9 de noviembre de 2004 en Juigalpa—, la que están haciendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el caso de la sentencia a 25 años de prisión, que fue dictada el 28 de enero de 2005 contra el activista del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eugenio Hernández, el asesino de María José.
Por un lado, los magistrados del PLC en la Corte Suprema de Justicia quieren sacar de la prisión al asesino de María José mediante una sentencia de casación, que le reduciría sustancialmente la pena y en consecuencia lo dejaría inmediatamente en libertad. Y por otra parte, los magistrados del FSLN dicen mantener firme la sentencia a 25 años de prisión que pesa sobre el asesino de María José, pero no como un acto de justicia sino para castigar a sus colegas del PLC porque han rechazado la resolución que pretende reformar de hecho la Constitución, a fin de permitir una nueva reelección de Daniel Ortega.
Sin embargo no engañan a nadie. Como declaró a LA PRENSA la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Vilma Núñez, estas maniobras judiciales son una “cortina de humo” que quieren tender los magistrados del FSLN sobre la burda resolución que dictaron para facilitar la reelección de Daniel Ortega. Y lo mismo opina el secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), doctor Marcos Carmona. Pero, además, la presidenta del Cenidh precisó que dejar en libertad al asesino de María José Bravo “sería un agravio más a la justicia, un agravio más a la libertad de expresión y a los derechos de los periodistas en este país”. Y agregamos por nuestra parte, que sería también un agravio al derecho a la vida de todos y cada uno de los nicaragüenses.
Cuando en enero de 2005, el asesino de María José Bravo fue condenado a 25 años de prisión, la ONG internacional que defiende la libertad de expresión en todo el mundo, Reporteros sin Fronteras, declaró que eso era “una buena noticia para la libertad de prensa, porque recuerda a los enemigos de la información que tendrán que pagar el precio de sus crímenes”. Y expresó además que “tras la condena, en abril de 2004, de William Hurtado a 18 años de cárcel, por el asesinato del periodista Carlos Guadamuz, esperamos que esta sentencia ponga fin a la violencia que a veces padecen los periodistas en Nicaragua. El año 2004, con dos periodistas muertos, ha sido particularmente negro para la prensa del país”.
Pero eso fue cuando en Nicaragua había un gobierno democrático. Después que Daniel Ortega recuperó el poder a principios de 2007, gracias al pacto con Arnoldo Alemán, y comenzó a restaurar la dictadura que fue derrotada en 1990, una de sus primeras decisiones fue poner en libertad al asesino de Carlos Guadamuz con el pretexto de que sufría “estrés carcelario”.
Y ahora, con el juego macabro que los magistrados del PLC y del FSLN están haciendo con la sangre y la memoria de la periodista María José Bravo, nadie puede poner en duda que se está promoviendo la impunidad para los asesinos de periodistas. Pero el asesino de María José tiene que cumplir toda su condena. Los magistrados deben dejar en paz la memoria de María José y no seguir traficando con su sangre libertaria.
