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Managua, 27/05/2012 -1:34 PM
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Noticias >> Política
Los empleados públicos son obligados por Daniel Ortega a plantarse en las rotondas de Managua por las tardes para respaldar la reelección del Presidente. En eso gastan los recursos del Estado, tal como muestra esta fotografía tomada ayer. (LA PRENSA/ M. ESQUIVEL)
Ortega tendría que renunciar
Un año antes de las elecciones, por el principio de “igualdad de condiciones” que él mismo reclama
Lucydalia Baca C. y Ludwin Loáisiga López
politica@laprensa.com.ni
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Existen otras limitantes

Omar García Palacios y Gabriel Álvarez Argüello, ambos especialistas en derecho constitucional, advierten que éste es sólo el principio de las contradicciones que generaría un proceso ilegal de reelección, ya que la decisión de los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eliminó limitantes del inciso “a” y “b” del artículo 147 de la Constitución, pero hay otras normativas que siguen vigentes.

Álvarez recuerda que otros artículos de la Constitución y de la Ley Electoral siguen vigentes y establecen prohibiciones para la reelección.

Como ejemplo, se puede señalar el artículo 154 de la Ley Electoral que establece en uno de sus párrafos: “... Los Alcaldes o Vicealcaldes, electos por sufragio directo, no podrán ser candidatos para el mismo cargo en el período inmediato superior”.

Especialistas y políticos aseguran que de no anularse el “engendro” de sentencia emitido por seis magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para allanar el camino del presidente Daniel Ortega hacia la reelección, “habría una ruptura del principio de igualdad y se crearía un caos jurídico”, ya que Ortega competiría en superioridad de condiciones respecto al resto de candidatos.

Los especialistas en derecho constitucional, Gabriel Álvarez Argüello y Omar García Palacios, señalan que el inciso “f”, del artículo 147 de la Constitución establece para un grupo de altos funcionarios que deseen aspirar a la Presidencia el requisito de renunciar al cargo un año antes de la elección, con el objetivo de garantizar “igualdad de condiciones y evitar que los funcionarios durante la campaña abusen del poder y los recursos del Estado que tienen a su disposición”.

Señalan que entre los obligados a renunciar no se menciona al Presidente de la República, porque el inciso está en concordancia con el resto del artículo que prohíbe la reelección presidencial continua. Por tanto, consideran que al no aparecer en el inciso “f”, ni haber sido mencionado en el “engendro de sentencia”, Ortega no estaría obligado a renunciar a la Presidencia un año antes, como deben hacerlo otros funcionarios, estableciendo así la superioridad de Ortega.

Para Álvarez Argüello, esto pondría a Ortega en superioridad de condiciones durante la campaña, por lo que se generaría un “caos jurídico y una ruptura al principio de igualdad” establecido por la Constitución.

CAOS JURÍDICO

García Palacios señala que la contradicción podría resolverse pidiendo al Consejo Supremo Electoral (CSE) que haga una interpretación del inciso “f”, para garantizar la igualdad de condiciones a todos los candidatos.

Para Álvarez Argüello, ésa contradicción es sólo la punta del iceberg del caos jurídico que produciría una elección en estas condiciones y adelanta que seguirán saliendo otras contradicciones.

“Con el único afán de permitir la reelección del presidente Ortega, los magistrados han descuidado cuestiones jurídicas elementales como ésta”, señala.

Considera que ante esa ventaja de Ortega, a los iguales se les daría un tratamiento desigual, por lo que “en un sentido estricto tendría que considerarse o bien que el presidente Ortega renuncie, o que nadie debe renunciar”; y añade que de darse esta situación sería un “contrasentido, un absurdo”.

COMPETIR EN IGUALDAD

Los diputados Adolfo Martínez Cole (Bancada Democrática Nicaragüense, BDN) y Oscar Moncada (Partido Liberal Constitucionalista, PLC) coincidieron en que el presidente Daniel Ortega estaría forzado a renunciar a su cargo un año antes de los comicios, si es que aspira a su reelección, en caso de que en algún momento todos los sectores aceptasen como válida la decisión de los seis magistrados judiciales sandinistas que decidieron dar vía libre a la reelección continua en Nicaragua.

Los dos diputados esgrimieron que de esa forma se respetaría el principio de “igualdad de condiciones”, que ha reclamado Ortega para buscar su reelección presidencial.

Además, ambos diputados dijeron que si la Constitución, en su artículo 147, literal “f”, obliga a una serie de funcionarios a renunciar a sus cargos un año antes de las elecciones —cuando están interesados en convertirse en Presidente—, pues, el propio mandatario estaría forzado a desistir de su puesto.

“Si está prohibido para cualquier ministro y viceministro, que deben renunciar un año antes, mucho más el Presidente que es el que manda a los ministros y viceministros de Estado”, dijo Moncada, primer vicepresidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

El legislador del PLC explicó que ese principio pretende evitar que los funcionarios del Poder Ejecutivo utilicen los fondos públicos para forrar su clientelismo político, pero más que nada para evitar “una dictadura”.

“¿Quién gobierna en la Corte Suprema de Justicia, en la mayoría de los jueces y magistrados del Poder Judicial? ¿Quién gobierna en el Poder Electoral? Si el único en el que a veces no gobierna es en el Poder Legislativo, pero si una persona gobierna en todos los poderes, ¿qué cosa es? Es un dictador”, añadió Moncada.

Martínez Cole mantuvo tajante su rechazo a la decisión de los seis magistrados judiciales sandinistas, aunque luego admitió que Ortega estaría forzado a renunciar a su cargo un año antes de los comicios, si es que al final del túnel se acepta como válida la inaplicabilidad del artículo 147, literal “a” de la Constitución.

“De darse el caso de que se consume la violación de la Constitución, que sería una aberración enorme, (Ortega) tendría indudablemente que renunciar (a su cargo de Presidente)”, dijo Martínez Cole.

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