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Managua, 27/05/2012 9:41 AM
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Noticias >> Política
Omar García y Gabriel Álvarez detallaron a estudiantes de Derecho de la Upoli las múltiples violaciones e irregularidades cometidas por los magistrados sandinistas para otorgar la reelección a Ortega. (LA PRENSA/B. PICADO)
Día clave para la oposición
Especialistas aseguran que 47 votos son suficientes para anular “engendro” de los magistrados sandinistas
Las bancadas de oposición suman 49 votos. Si en la sesión de hoy todos cumplen con lo firmado, el proyecto de dictadura sufriría un duro revés
Lucydalia Baca C.
politica@laprensa.com.ni
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Solís espera que no haya quórum

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado sandinista Rafael Solís, manifestó que para el Poder Judicial la sentencia que abre la posibilidad de reelegirse al presidente Daniel Ortega es un tema cerrado, y que no debería ser discutido en la Asamblea Nacional.

Solís indicó que los diputados deben respetar las sentencias del Poder Judicial, así como los judiciales respetan las leyes que se elaboran y aprueban en la Asamblea.

Agregó que la Asamblea no puede aprobar ninguna ley que modifique una sentencia judicial. Además, no ve que la oposición cuente con los votos para que un proyecto de ley contra la sentencia “reeleccionista” sea aprobado para pasar a plenario.

Según Solís, con la sentencia los magistrados sandinistas no reformaron la Constitución, sino que únicamente la interpretaron.

El también magistrado sandinista Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, aseguró que no han violentado la Constitución, pues lo que hicieron fue restablecer la reelección que estaba contemplada en la Constitución original de 1987 y agregó que los liberales tuvieron suficiente tiempo para conocer que los sandinistas iban a emitir la sentencia “reeleccionista”.

Ortega presentó su recurso de amparo a las 2:20 p.m. del viernes 16 de octubre pasado, luego que a las 11:45 a.m. de ese mismo día el Consejo Supremo Electoral le había negado una certificación para que fuese candidato en el 2011.

A las 4:10 p.m. la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), presidida por el magistrado sandinista Gerardo Rodríguez, admitió el recurso de amparo y el lunes 19 de octubre, entre las 8:30 a.m. y las 10:30 a.m., ingresó el expediente del amparo y otros escritos a la Sala Constitucional de la Corte, la cual falló a favor de Ortega a las 5:00 p.m. de ese mismo día.

Eduardo Cruz

“No somos loros”

“Tenemos que tomar las acciones correspondientes. Si eso significa que el presidente de la Asamblea (René Núñez) u otro directivo se opone a que se ejecute lo que la mayoría quiere, obviamente hay que tomar las acciones para cambiarlos. Lo que no podemos es quedarnos hablando sólo como loritos”, dijo ayer Eduardo Montealegre.

Especialistas en Derecho Constitucional aseguran que el intento del presidente Daniel Ortega de “privatizar” la Constitución a través de un “engendro” de sentencia emitido por los magistrados de la bancada sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de despejar el camino para que imponga su proyecto político dictatorial, puede ser revertido en la Asamblea Nacional con la mitad más uno de los votos de los diputados presentes en la sesión.

Omar García Palacios, especialista en Derecho Constitucional, explicó que el primer paso para anular dicha decisión —que desde su nacimiento, por las violaciones a elementos y requisitos formales y materiales, y la manipulación de conceptos y categorías jurídicas, es ilegal— será definir la figura legal que usarán, ya que la oposición cuenta con dos opciones: una ley ordinaria o un decreto.

Los diputados de oposición que integran la Junta Directiva deben lograr que el proyecto se ponga en agenda. Una vez en el plenario, en ambos casos las bancadas de oposición necesitarán reunir a 47 diputados para hacer quórum y abrir la sesión. Una vez discutida la ley o el decreto, sólo necesitan la mitad más uno de los presentes para su aprobación.

En tanto, el también especialista en Derecho Constitucional Gabriel Álvarez señala como elemento clave para que los diputados puedan revertir el “engendro”, el hecho de que no hubo reforma a la Constitucional, ya que ésa es facultad exclusiva de la Asamblea Nacional.

“Lo que hubo fue una mutación constitucional, se produjo un mutante, tenemos un engendro de Constitución y Estado de Derecho, un mounstrito”, aseguró Álvarez.

Durante un foro realizado con estudiantes de Derecho de la Upoli, García Palacios señaló que al margen de que el documento está plagado de errores ortográficos y de redacción, y que al recurrir a la doctrina extranjera para fundamentar el argumento, se dejó en evidencia el mal uso de las citas y el abuso del “copiar y pegar”; se fabricó un caso y se le dio forma para justificar la activación de mecanismos jurídicos que luego se tergiversaron para obtener lo deseado.

NI SIQUIERA HUBO INTEGRACIÓN DE SALA

Insistió en la ilegalidad del escrito, recordando que la sala no se integró como establece la Ley Orgánica de la CSJ, (además) se abordó un tema del que ya existía una sentencia y se declararon inaplicables incisos del artículo 147 de la Constitución sin antes declararlos inconstitucionales.

“No cabía declarar inconstitucional la norma porque el reglamento jurídico lo impide. Manipularon conceptos jurídicos elementales como el del preámbulo que no tiene un valor normativo casi universalmente”, detalló García Palacios.

Álvarez, por su parte, señaló que en cuanto a las violaciones y arbitrariedades que cometía al inicio de su Gobierno Ortega, iba poco a poco, pero que ahora ya escaló, porque de momento ha logrado imponer a la Constitución, que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, el sentido de que ésta depende de su voluntad y no de la “literalidad” de sus artículos.

“De aquí en adelante no dependemos de la institucionalidad del Estado de Derecho, sino del buen juicio, la generosidad y de que no se levante enojado el presidente de la República Daniel Ortega”, advirtió Álvarez.

Para los especialistas es primordial revertir la resolución, ya que de no hacerlo cualquiera podrá pedir lo que quiera y la CSJ se lo otorgará o el mismo presidente Ortega podría pedir a sus magistrados que le aprueben a través de “resoluciones” judiciales las leyes o reformas que no logre apoyar en el parlamento.

JÓVENES ANUNCIAN PROTESTAS

Raití Juárez, del Movimiento Juvenil Nacional (MJN), dijo que el foro fue un primer paso para informar a los jóvenes sobre el tema y posteriormente la organización pretende pasar a una etapa de protestas y de presión al bloque opositor para no permitir que olviden el tema y cumplan su promesa de revertir la ilegalidad jurídica que se ha cometido.

ANUNCIAN QUE OPOSICIÓN ACTUARÁ EN DOS VÍAS

El movimiento opositor a la reelección de Ortega anunció ayer que bregará a dos tiempos hoy en el parlamento.

De acuerdo con uno de los diputados, se espera que una mayoría de 47 legisladores romperá el quórum de ley en la sesión ordinaria programada para hoy y así obligar al presidente René Núñez a convocar una reunión de directivos y definir una nueva agenda de leyes a discutir.

El diputado Wilfredo Navarro dijo que hoy introducirán en la Asamblea un proyecto de ley que pretende declarar nula la decisión de los seis magistrados sandinistas del Poder Judicial, quienes aseguran que Ortega puede aspirar a su reelección en 2011.

“Mañana temprano (hoy) se presentará el proyecto de ley que le quitará la validez a la sentencia infame que nació de una Sala que no estaba compuesta como lo establece la ley y por lo tanto no es la Sala Constitucional (...) esa es la sentencia infame de los seis jinetes del apocalipsis”, dijo Navarro.

Según uno de los diputados opositores, al obligar a una nueva reunión de directivos, pretenden obligar al trámite de la ley de nulidad de las elecciones municipales de 2008, por fraudulentas; además devolverán al Ejecutivo una Ley Tributaria; enviarán a comisión el Presupuesto 2010 y emitirán una resolución legislativa, que enviarán a Venezuela, declarando que Nicaragua no ha asumido ninguna deuda con el Gobierno de Hugo Chávez.

Los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre y Adolfo Martínez, así como los del PLC, insistieron ayer en que si algún directivo se opone a la decisión de la mayoría, podría ser destituido, aunque formalmente no han discutido qué pasaría si Núñez frena todo el proceso.

“La prueba de fuego va a estar para todas las bancadas, mañana (hoy). Yo te puedo garantizar que en la mía no va a haber ningún problema, van a estar los 17 votos (...) allí el pueblo se va a dar cuenta quién es quién en esta Asamblea Nacional”, indicó Martínez.

La diputada sandinista Alba Palacios, segunda secretaria de la Junta Directiva, admitió ayer que el oficialismo no tiene nada asegurado para la sesión de hoy y añadió que serán respetuosos de lo que decida la mayoría.

“La verdad es que esto es un trabajo de diputado a diputado, para decirles cuál es la agenda, cuál es el interés, las leyes que vamos a ver. Ese trabajo lo vamos a seguir haciendo. Obviamente, seguro no tenemos nada, pero sí está convocada la sesión plenaria”, dijo Palacios.

Los opositores, que dicen tener 49 votos, se quedaron ayer con tres directivos, debido a que Alejandro Ruiz (ALN) estaba fuera del país.

Los tres directivos opositores no asistieron ayer a una reunión convocada por Núñez, porque con el empate a tres el presidente del parlamento iba a tener doble voto y desmontaría toda la estrategia contra la reelección de Ortega y la violación a la Constitución.

Se espera que Ruiz esté hoy en el plenario.

El diputado Salvador Talavera anunció que el jueves visitarán a la Conferencia Episcopal y el viernes a los líderes de la Iglesia evangélica, para dar a conocer el rechazo a la decisión de los seis magistrados judiciales sandinistas.

Los opositores también definieron que la comisión jurídica la presidirá José Pallais, la internacional María Eugenia Sequeira y la de movilización y comunicación estará a cargo de Enrique Sáenz (Movimiento Renovador Sandinista, MRS).

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