Los dos años que faltan para las elecciones generales en Nicaragua, serán tormentosos para los medios de comunicación profesionales y para los nicaragüenses opuestos a que Daniel Ortega se reelija como Presidente.
Un gobernante que viola la Constitución a vista de todos, para imponer su reelección indefinida, está dispuesto a destrozar cualquier obstáculo que se le cruce en el camino hacia la concreción de su dictadura.
El principal estorbo de Ortega ha sido y será, con más razón ahora, el periodismo que divulga los abusos de su administración, porque ante una elección tan decisiva para el país, como será la de noviembre del 2011, el voto de miles de nicaragüenses dependerá de cuanto conozcan a este régimen.
Por eso, Ortega es parte del grupo de gobernantes que se han aliado para silenciar al periodismo profesional y aumentar la cantidad de medios de comunicación oficialistas, ésos que sólo repiten consignas partidarias, discursos del líder o adulaciones para éste.
El 17 de octubre último, dos días antes que se conociera en Managua la decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitir la reelección de Ortega, contraviniendo la Constitución, los gobernantes de los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) acordaron crear “un mecanismo de seguimiento a los medios de comunicación, con la finalidad de enfrentar la guerra mediática y revisar los marcos legales en materia de comunicación e información”.
Allí estaba Ortega y suscribió esa declaración que, también, anuncia “un modelo comunicacional que permita un verdadero encuentro entre nuestros pueblos, fortalezca los procesos democráticos en la región y rompa el cerco comunicacional impuesto por el gran poder mediático transnacional”.
De inmediato, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) alertó del peligro que se esconde tras esa retahíla política. “Vemos en todo esto un intento de homogeneizar la información favorable a los gobierno de esta región del Alba y de eliminar de esta manera la crítica de los medios independientes”, dijo Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la ANP.
Igual que la reelección, el acoso a la libertad de prensa es un objetivo de los presidentes del Alba, y el ejemplo lo ha dado su líder Hugo Chávez Frías, aferrado al poder desde hace 11 años y con pretensiones de seguir de forma indefinida mientras acaba con los medios de comunicación independientes.
Venezuela “está ahora entre los países peor considerados del continente en materia de libertad de prensa”, afirma el último informe de Reporteros Sin Fronteras, divulgado en París la semana pasada. Recordó que en agosto, Chávez hizo una “confiscación inopinada” de las frecuencias de 34 canales y emisoras regionales.
El deterioro de la libertad de prensa también es evidente en Nicaragua, según Reporteros Sin Fronteras. ¿Por qué tanto empeño en callar al periodismo profesional? Porque Ortega, igual que Chávez, trata de impedir que los medios de comunicación revelen, con sus investigaciones, las partes oscuras de su régimen, ésas que sus voceros oficiosos jamás se atreverán a mostrar.
Para un dictador, su permanencia en el poder depende de mantener engañada o dividida a la población, propagando la idea de que sólo él puede resolver los problemas de los pobres. Y reprimirá cualquier voz que se alce para demostrar lo contrario, sea la de un ciudadano o la de un periodista.
