Muchas instituciones y población en general han recurrido a las empresas privadas para resguardar sus propiedades ante la ola delictiva. Nicaragua no escapa de esta tendencia ante la poca capacidad de las fuerzas regulares que ya son superadas por los guardas privados
La violencia le habría costado a los países de Centroamérica un total de 6,506 millones de dólares en el 2006, equivalentes al 7.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, según la información más reciente con que se cuenta sobre este aspecto, emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.
Esto incluye el costo por los pagos por servicios de seguridad privada que en casi todos los países de la región el número de guardas privados supera ampliamente al número de agentes de las fuerzas policiales, y en los casos de Guatemala y Honduras la relación llega a ser de cinco a siete veces más guardas privados que policías.
El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para Centroamérica 2009-2010 considera el 7.7 por ciento del producto regional “una cifra escalofriante” como el costo económico total de la inseguridad ciudadana en América Central.
El país más afectado es El Salvador, con un costo cercano al 11 por ciento del PIB, seguido por Honduras y Nicaragua, cuyo gasto representa alrededor del 10 por ciento.
El consultor para Nicaragua, Francisco Bautista, explicó que las cifras de la violencia expresadas en el informe “significan que un córdoba de cada 10 córdobas que produce el país se gasta en seguridad. En Policía, Sistema Penitenciario, vigilancia privada, gastos médicos de hospitales por los muertos y lesionados, un córdoba de cada 10 se gasta en eso”, señaló.
El informe resume los estimados sobre el gasto de los Estados centroamericanos en seguridad y justicia, y aclara que no se trata sólo de la justicia penal en cuanto a la prevención y control de la delincuencia. El estudio considera que el esfuerzo es menor en países del sur como Costa Rica y Panamá, que en sus vecinos del norte, lo que se interpreta que se gasta más en aquellos países con mayor delincuencia.
FALSAS SALIDAS
El informe Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano califica como falsas salidas, fuera del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal, el hecho de que en los países de la región ha aumentado la seguridad privada. Aunque también aclara que “ante la sobrecarga de los sistemas públicos u oficiales de seguridad y de justicia, es entendible que muchos ciudadanos opten por acudir a la seguridad privada y aún a la (supuesta) justicia privada; y ambas salidas por supuesto existen en los países de América Central”, dice el estudio.
Los empresarios grandes o pequeños tienen también el derecho de proteger los activos que consideren valiosos, y para eso pueden contratar los necesarios servicios especializados, dice el IDH. Mientras las precauciones sean rigurosas y su uso sea estrictamente defensivo, mientras no pongan en peligro los derechos de terceros, la industria de la seguridad privada es un actor legítimo y socialmente valioso.
“Sin embargo y de entrada hay que notar que la seguridad privada debe ser un suplemento de la seguridad provista por el Estado, o sea que éste tiene el deber de asegurarnos a todos contra el riesgo del delito y que la seguridad privada ha de ser un ‘lujo’ o un sobre costo que, a título excepcional, estén dispuestos a pagar aquellos individuos con una mayor ‘aversión al riego’ o con activos cuyo valor justifique un gasto suplementario y con sus propios recursos”, dice el IDH.
EVITAR INEQUIDAD
Esta condición rigurosa es el único modo de evitar que la seguridad privada se convierta en una fuente de inequidad, pues en ausencia de ella sólo los más ricos acaban por tener seguridad.
La cuestión de inequidad es inherente a la seguridad privada en cualquier parte del mundo. Pero en el caso de un sistema público sobrecargado y donde además ha crecido enormemente la percepción de inseguridad ciudadana, esta industria conlleva el peligro adicional de un crecimiento desordenado y no sujeto al estricto control del Estado, advierte el informe.
La expansión acelerada de la industria ha tendido a desbordar la capacidad regulatoria de los Estados.
El número de empresas y de vigilantes privados se multiplica, las normas de control no son siempre adecuadas, la vigilancia por parte de los organismos de supervisión es apenas nominal y abundan las agencias o celadores clandestinos o no registrados ni supervisados por parte del Estado. Más que una fuente de seguridad, estas empresas o individuos –a menudo armados– son una fuente adicional de inseguridad para la ciudadanía en general.
En El Salvador, Guatemala y Honduras existe una amplia oferta de agencias privadas, pero con controles mínimos en materia de reclutamiento, capacitación y manejo de armas. A esto se une la vinculación de policías o militares jubilados que en ocasiones utilizan su influencia para evadir los pocos controles existentes; y esto es más preocupante en los países donde algunos de los ex oficiales en cuestión fueron parte de fuerzas de seguridad que en su tiempo violaban los derechos humanos.
Por otra parte, los pagos de personas y empresas por concepto de vigilancia y seguridad privada en el 2006 ascendieron a cerca de 1,300 millones de dólares o al 1.5 por ciento del PIB, cifra que supera el valor de los gastos en seguridad por parte del Estado, lo cual no deja de ser significativo. Las pérdidas de productividad rondarían en 1,200 millones de dólares, con incidencia que va de 35 millones en Nicaragua a 500 en Guatemala.
Por otro lado y para el conjunto de Centroamérica, el Banco Mundial estima que las empresas dedican anualmente el 3.7 por ciento del total de sus ventas a gastos de seguridad o a reponer los objetos robados, y que la violencia cuesta el 1.2 por ciento del PIB por el sólo concepto de vidas truncadas y personas discapacitadas.
PÉRDIDA DE LIBERTAD
No por difíciles de medir y expresar en valores se puede dejar de aludir los daños no económicos de la criminalidad en la región, refiere el informe.
Una parte de ese daño se refleja en la desconfianza ciudadana y en la debilidad del tejido social o en el desencanto de muchos con la justicia, la democracia y el Estado de derecho. Pero desde la perspectiva del desarrollo humano hay que insistir en que el delito es sobre todo una pérdida de libertad.
La limitación de movimientos, evitar ciertas personas y lugares, quedarse en casa al oscurecer, miedo al transeúnte o temor a denunciar, son costos que deben añadirse al de las muchas opciones u oportunidades perdidas para quienes vivimos en Centroamérica, por culpa del delito, añade el IDH.
Dos terceras partes de los hogares de Costa Rica han recurrido a sistemas o mecanismos de seguridad privada. El 35 por ciento de las empresas guatemaltecas habría contratado servicios privados de seguridad en 2005, con un costo estimado de 346 millones de dólares.
Bautista expresa que el problema es generalizado en la región, porque la mayoría de los ciudadanos que tiene dinero puede pagar vigilancia privada.
“Pero es la misma percepción de inseguridad. ¿Cuáles son los elementos, si usted ve en la portada del libro, usted ve una puerta con rejas. Es decir cuantas más rejas vea usted puede decir que la percepción de inseguridad es mayor”, sostuvo el experto.
“Es decir si vos ves una casa vas a un barrio, que la ves llena de serpentinas, de rejas, de verjas y las puertas, y lo primero que el ciudadano pone es las grandes puertas son los grandes candados, etc., vos decís hay sensación de inseguridad, o si ves el montón de vigilantes, o si un funcionario público anda con 50 escoltas, 40 escoltas, montón de escoltas y carros, lo que podés deducir es que la percepción de inseguridad es alta, ésas son las muestras visibles”, dijo Bautista.
El especialista en el tema de seguridad dijo que le llamó la atención haber conocido que en la Catedral Metropolitana de Managua construyen un muro perimetral.
“¿Por qué va hacer un muro? por la percepción de inseguridad”, indicó Bautista, quien refirió que “las cercas, los muros, los perros, los vigilantes, eso te demuestra una percepción de inseguridad creciente, esto aumenta el gasto de inseguridad. Porque estas verjas que pusiste aquí, en vez de comprarte una cama pusiste verjas, eso es el porcentaje del PIB. Y Nicaragua está gastando 10 por ciento del PIB en seguridad”.
