En el mundo entero se reconoce la contribución de las microfinanzas al desarrollo. Muhammad Yunus, de Bangladesh, fundador del Grameen Bank y considerado el desarrollador del concepto del microcrédito, en 2006 recibió el Premio Nobel de la Paz por “sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo”. Sin embargo, en Nicaragua, contra toda lógica, la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente una propuesta de ley que, de ser aprobada en el plenario, asestaría un daño irreparable a las microfinancieras que prestan servicios a los pobres, al pretender obligarlas a efectuar arreglos de pago con el movimiento conocido como No Pago, aun en contra de las mismas leyes que las regulan y fuera de toda lógica financiera. Obligarlas a reestructurar crédito a mayores plazos de los que las microfinancieras contratan su financiamiento internacional, o a tasas de interés con las que apenas cubren sus costos, es un ejemplo del peligro de dicha ley.
Efectivamente, de aprobarse la ley especial para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora, estas instituciones, aglutinadas mayoritariamente en Asomif, incrementarían sus ya considerables pérdidas acumuladas este año; y se ahuyentaría definitivamente a sus proveedores de fondos internacionales, los cuales han incrementado las tasas de interés y disminuido los plazos, o bien suspendido sus desembolsos, tanto a consecuencia de la crisis mundial como del aumento del riesgo país por la amenaza del movimiento señalado.
En Nicaragua, las microfinanzas surgieron a inicios de los noventa con una misión social, gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, el Gobierno con la creación de instituciones y programas de crédito y asistencia técnica y el apoyo de la cooperación internacional. En el sector rural, esta industria llenó el vacío dejado por una banca estatal en quiebra, producto de los desaciertos y condonaciones de deudas de la década de los ochenta. Mientras que en el urbano el crédito de una microfinanciera significó para la mayoría la primera oportunidad de acceder a este servicio.
Muchos fuimos testigos de la angustia de la mujer comerciante del mercado, víctima del verdadero préstamo usurero cuya tasa de interés podía alcanzar el 30 o 40 por ciento mensual, o sea hasta 480 anual; o de la pobreza en que se sumía la familia campesina por la falta de un pequeño capital para producir y sobrevivir.
A lo largo de dos décadas, el sector microfinanciero ha logrado su consolidación institucional y llevar a cabo la ingente tarea de hacer accesible el crédito y otros servicios para miles de hombres y mujeres que están al frente de toda clase de pequeños y microemprendimientos agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, ese inmenso tejido económico extendido por campos, pueblos y ciudades de todo país. Allí labora el 70% de la población empleada y se genera el 40% del PIB nacional.
En la actualidad, las microfinancieras alcanzan con crédito a aproximadamente 517 mil personas, el 60% de las cuales son mujeres. Tienen un promedio de crédito de 500 dólares en el sector urbano y 1,000 en el sector rural, y concentran el 52% de su cartera en el sector agropecuario, que contrasta con sólo el 6% de la banca. Esto es indicativo de su importancia para el desarrollo “desde abajo”.
Por eso, antes de borrar con un voto dos décadas de inversión y progreso, los diputados de la Asamblea Nacional deben investigar cómo operan las microfinancieras y el porqué de sus altos costos, el impacto social y económico de su actividad y el nivel de satisfacción de la clientela; y analizar cómo, al beneficiar con una ley a una ínfima pero estridente minoría, perjudicarían irreversiblemente a las microfinancieras y a sus miles de clientes actuales y potenciales, ya sean rojos, rojinegros, verdes o naranjas. Porque una ley que premia a la clientela sin voluntad de pago y castiga a la gente honesta incentivaría la cultura de no pago y convertiría en perdedores a todos los actores sociales involucrados, incluyendo al sistema bancario.
Si los/las honorables diputadas/os de la Asamblea tienen un genuino interés de resolver el problema sin crear otro de mayor envergadura, deben preocuparse por establecer un marco regulatorio favorable para la inversión, que incentive un mayor flujo de fondos internacionales a un menor costo y mayores plazos; lo que comienza por aprobar la Ley Especial de Asociaciones de Microfinanzas, tomando en consideración las recomendaciones de Asomif.
