La corrupción en las esferas gubernamentales de la región parece afectar seriamente a los países centroamericanos. El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH), para América Central 2009-2010, revela que existe un alto porcentaje de percepción de la población de todos los países abordados en una encuesta expresa para ese estudio, que cree que la corrupción de los funcionarios públicos “está muy o algo generalizada”.
El informe Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que según la percepción ciudadana sobre la corrupción en Centroamérica no se le ve como una fuente de inseguridad ciudadana, pero su incidencia es percibida como bastante alta.
El estudio señala que en el índice de percepción de corrupción que utiliza Transparencia Internacional, los países de la región, exceptuada Costa Rica, obtuvieron puntajes inferiores a 5, lo que indica un “problema grave de corrupción”, y tres países Belice, Honduras y Nicaragua, no alcanzaron siquiera los 3 puntos, lo cual en términos de la clasificación propuesta por Transparencia refleja “niveles de corrupción desenfrenada”.
Más del 70 por ciento de los encuestados de todos los países cree que la corrupción de los funcionarios públicos está muy o algo generalizada, y entre el 12 por ciento y el 34 por ciento afirma que el Gobierno no hará nada para combatirla, lo que pone en evidencia la desprotección que sienten los ciudadanos y su falta de confianza en las autoridades.
Los partidos políticos no escapan al señalamiento ciudadano, aún cuando esto es con diferencias marcadas por países. El caso más serio aparece en Nicaragua, donde cerca de la mitad de los encuestados cree que hay mucha corrupción en sus partidos, y no deja de ser llamativo que el menor porcentaje aparezca en Honduras, uno de los países con más bajo puntaje en la escala de Transparencia Internacional.
El estudio insiste en que carecen de información directa y comparable, pero refiere que parece ser que el tráfico de influencias es una práctica bastante común en algunos países.
En cuatro países de la región, incluido Nicaragua, un presidente y seis ex presidentes han sido acusados en los últimos años o sus casos judicializados por cargos graves de corrupción. Con excepción de Costa Rica, esos altos funcionarios han escapado hasta ahora a la acción de la justicia, destaca Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano.
MENCIONA CASO ALEMÁN
En el caso de Nicaragua, el estudio menciona que el ex presidente Arnoldo Alemán fue condenado a veinte años de privación de libertad por el delito de lavado de dinero y fraude contra el Estado en diciembre de 2003.
Estuvo pocos meses en prisión y después gozó del beneficio de “convivencia familiar” por su estado de salud de “valetudinario”, que le permitía inicialmente tener casa por cárcel y después moverse por todo el país. En enero de 2009 la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo absolvió de todos los cargos, reseña el informe del PNUD.
“Aunque no existen cifras rigurosas, ni comparables, vale advertir que el fenómeno de los grandes negociados ha llegado a las cumbres del sistema político en América Central: con la excepción de Belice y El Salvador, en todos los países se han presentado acusaciones de corrupción contra ex presidentes de los últimos años, una señal elocuente de la extensión del problema”, refiere el estudio.
Para el abogado y funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, “el tema de la corrupción es un mal endémico que lo traemos acarreando de gobierno en gobierno, es un tema que no estamos bien parados, porque no hemos combatido de raíz, con la firmeza y con la entereza, con la honestidad gubernamental (...) que corresponde”.
Recordó que “todos los gobiernos nos han prometido regulación y honradez, (pero) han quedado muy mal porque han dilapidado la función pública, es raro el funcionario de Estado que haya entregado una cuenta clarísima y que no nos quede ninguna duda”.
Carrión expresó que la función pública debe demostrar integridad y en Nicaragua no hay credibilidad a la integridad del funcionario público.
“Y eso en Nicaragua se ve cada día con mayor fracaso por la ausencia de los controles (...) aquí por ejemplo, no sabemos cómo entra de ‘palmado’ un funcionario y cómo después se explica es un funcionario público, rico, millonario, y eso está asociado a que en los últimos años el Estado ha sido un Estado botín”, dijo Carrión.
El activista de derechos humanos mencionó que por ejemplo, la Contraloría General de la República (CGR) por mandato constitucional debe controlar de previo. “Vos mirás que de repente esa Contraloría da bandazos, hay tiempo en que aparecen beligerantes y destacados”.
El incumplimiento de los roles en instituciones como la CGR, dice Carrión, “hace que la corrupción campee” en el país y puso de ejemplo el Consejo Supremo Electoral, donde se desconoce cómo es administrado el presupuesto en tiempos de elecciones y en tiempos normales.
Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó Carrión, son el mejor ejemplo “de la corruptela” de cómo ha sido atropellada la legalidad. La corrupción “no es sólo de percepción, no es de encuesta, es de realidad”, apuntó Carrión.
La corrupción está causando por lo menos tres clases de daños en la región: disminuye el ritmo de crecimiento económico, afecta la distribución de bienes y servicios, y lesiona la confianza en las instituciones y en la democracia, dice el estudio.
Al igual que la penetración del narcotráfico, la corrupción gris parecen estar también incidiendo con especial significación en la región. Pero el IDH lamenta que en todos los países, una buena parte de la población abordada llegue a justificar algunas prácticas que se consideran corruptas.
“En América Central —con diferencias importantes de país a país— los Estados tienden a ser débiles y los altos funcionarios en general disfrutan de márgenes muy amplios de discrecionalidad, (esto vale inclusive para pequeños funcionarios, como el policía de tránsito o el revisor de aduanas)”, dice el informe.
Y sigue diciendo el estudio que “aunque la separación de poderes ha mejorado con la democracia, el presidencialismo persistente implica interferencias frecuentes con los demás poderes, sobre todo cuando lo organismos de fiscalización y control están en manos del partido de gobierno o cuando las altas cortes son integradas con un criterio de cuotas partidistas”.
El IDH apunta que en estas condiciones no es extraño que “la justicia se muestre incapaz de investigar y sancionar hasta los casos de corrupción más notorios”. Refiere que las sociedades centroamericanas quedaron a medio camino en el proceso de construir una burocracia profesional y meritocrática que se ocupara de las tareas públicas.
Irving Dávila, de la Coordinadora Civil, estimó que en Nicaragua por razones de inseguridad del sistema, la corrupción se ha observado a partir del gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, continuó en los otros gobiernos y en el actual se ha visto con mayor fuerza lo que deja como resultado la impunidad.
“La impunidad favorece condiciones para el desarrollo de la violencia y por ende de la inseguridad de los ciudadanos, si cometen delitos los gobernantes, si cometen delitos los funcionarios públicos y ninguno paga por los hechos cometidos, por los hechos delictivos, eso se vuelve un incentivo para la delincuencia común u organizada para cometer actos de violencia”, comentó Dávila.
