Políticos y empresarios anunciaron ayer la activación de una “armadura jurídica, legislativa, económica y social” para lograr la anulación de la sentencia firmada por seis magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes habilitaron a Daniel Ortega para buscar su reelección presidencial en 2011, violando la Constitución, según expertos en Derecho.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) firmaron un pronunciamiento en el cual calificaron como “un remedo” la sentencia impulsada por el FSLN.
El fallo de la Sala Constitucional ocurrió luego de que el oficialismo fracasó en el parlamento con un proyecto de reforma constitucional.
Organizaciones civiles y las dos cúpulas empresariales más influyentes de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), rechazaron el actuar de los magistrados sandinistas y acuerparon a los políticos, ayer por la tarde, al momento de firmarse el acuerdo.
Los diputados explicaron que el paso número uno será retomar el control de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que entre BDN, PLC, ALN y MRS, además del independiente Salvador Talavera, suman 46 votos, incluyendo a cuatro de siete directivos.
De confirmarse el respaldo de Mónica Baltodano y eventualmente el de Eliseo Núñez Hernández, llegarían a 48, con lo cual podrían dominar la agenda en el parlamento.
La oposición creó varias comisiones para enfrentar el gran reto planteado por Ortega y sus magistrados sandinistas. Habrá comisiones para asuntos políticos, jurídicos, internacionales, de movilización y comunicación.
El pronunciamiento, firmado por el diputado Eduardo Montealegre, el ex Presidente Arnoldo Alemán, el presidente del MRS, Enrique Sáenz, el secretario de ALN, Carlos García, y el legislador independiente, Talavera, desconoció la sentencia emitida el lunes por los magistrados sandinistas y ordenó a los magistrados liberales firmar un escrito “condenando, rechazando y desconociendo la ruptura del orden constitucional”, para distribuirlo en Nicaragua y ante la comunidad internacional.
El compromiso estableció imponer un freno a todas las leyes que vayan en contra de los intereses de la población.
Los políticos también llamaron tanto al sector privado como a las organizaciones civiles y a los ciudadanos en general a “expresarse enérgicamente” y a “manifestarse cívicamente” en contra de “esta nueva expresión de las pretensiones dictatoriales del presidente Daniel Ortega”.
LA PUNTA DE LANZA SERÁ LA ASAMBLEA NACIONAL
De acuerdo con el diputado por el PLC, Wilfredo Navarro, coordinador de la comisión política, los cuatro directivos opositores y un mínimo de 47 diputados en el plenario detendrán la Ley Tributaria, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, supuestamente cambiarán el destino de cuantiosos recursos del proyecto presupuestario de 2010 e impulsarán una ley para anular las elecciones municipales de 2008, por fraudulentas.
Navarro tampoco descartó que se impulse una ley que anularía la sentencia firmada por seis magistrados sandinistas.
“Todo está en el tapete, todo lo que tiene que ver con leyes en lo económico, social y político”, dijo Navarro.
De cumplir con su compromiso los diputados opositores, el FSLN quedaría en minoría tanto en la junta directiva, con tres de siete miembros, y en el plenario, con un máximo de 43 de un total de 91 diputados, si es que la Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN) mantiene su respaldo al oficialismo.
ORTEGA ROMPIÓ ORDEN CONSTITUCIONAL
Los diputados y demás dirigentes políticos y representantes de organizaciones civiles y las cúpulas empresariales, coincidieron en que Ortega rompió el orden constitucional y el Estado de Derecho.
Montealegre insistió en que el fondo de la estrategia de la oposición se verá paso a paso.
“Todas las estrategias específicas se van a ver en la acción, no es conveniente estar anunciando de previo las acciones que se van a hacer, sin embargo el comunicado es claro en contra de este adefesio jurídico”, explicó Montealegre.
El diputado del MRS, Enrique Sáenz, expresó que no hay miedo hacia una nueva candidatura presidencial de Ortega, sino que la oposición se ha comprometido a defender la democracia.
“Si se robaron las elecciones municipales en noviembre de 2008, (pues) gallina que come huevo ni que le quemen el pico. Seguramente van a pretender robarse las elecciones de 2011. Si no tuvieron ningún escrúpulo en violentar la Constitución, qué escrúpulo van a tener en 2011. No es miedo, es amor a la libertad, queremos democracia, no queremos dictadura. Y romper la Constitución y robarse las elecciones sólo lo hacen las dictaduras”, dijo Sáenz.
En tanto, Alemán recordó que Ortega ya está cumpliendo un segundo mandato, por lo que el dirigente sandinista no puede alegar que sus derechos se han violado. Alemán añadió que ahora lo que existe es “un pacto” para impedir la reelección de Ortega.
“No podemos permitir que la Carta fundamental de un país sea violentada por un ciudadano (Ortega) que ha sido dos veces presidente y que ahora la misma Constitución se lo prohíbe”, señaló Alemán.
Hace 10 años, Alemán firmó un pacto con Ortega, que transformó el marco constitucional del país y le permitió llevar al FSLN de nuevo a la presidencia.
El diputado aliado al FSLN, el socialcristiano Agustín Jarquín, acusó a Alemán de ser responsable de la sentencia que emitieron los magistrados sandinistas del Poder Judicial.
“Si el doctor Alemán fuera al programa Sábado Gigante y fuera a la sesión donde revisan los aspectos genéticos para ver la paternidad, allí el técnico le diría 'mire señor, después de los análisis, las conclusiones presentan que sobre esa criatura, usted tiene el 99.9 por ciento de paternidad'”, ilustró Jarquín.
Asimismo, rechazó la legalidad de la sentencia. “Yo francamente comparto las críticas de que la Ley de Amparo, por donde la busqués, no cubre aspectos así, ésa es mi percepción (...) no se compadece esta resolución con la doctrina ni la letra del amparo”, afirmó.
CÚPULAS EMPRESARIALES CIERRAN FILA
Amcham calificó como “espuria” la actuación de los magistrados sandinistas de la CSJ y el Cosep recordó que es el parlamento el único Poder del Estado que tiene la potestad de reformar la Constitución.
De esa forma, las dos cúpulas empresariales más importantes del país le dieron la espalda al procedimiento que siguió Ortega para obtener la reelección presidencial continua.
Los magistrados judiciales sandinistas “han actuado contra toda lógica jurídica, promoviendo decisiones que no responden más que a ambiciosos intereses personalísimos, por todos conocidos”, dijo Amcham.
Ambas cámaras empresariales señalaron que la situación originada el pasado lunes podría ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
