El crimen organizado es un problema alarmante en los países de Centroamérica, pues se estima que provoca una buena parte de la violencia en el istmo. En particular la narcoactividad, con los enormes ingresos que posee, estimula, recluta, tecnifica y potencia otras formas de criminalidad organizada y callejera en el istmo.
El informe “Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano para América Central”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica 23 actividades ilícitas que van desde el robo de cables eléctricos o celulares hasta delitos más complejos como el tráfico ilegal de armas o personas, relacionadas con el crimen organizado.
“Las organizaciones criminales más complejas, sofisticadas y nocivas para la seguridad ciudadana en Centroamérica son de carácter transnacional. Y entre ellas destacan aquellas dedicadas al tráfico de narcóticos, la forma de criminalidad organizada que más afecta hoy por hoy a la región”, dice el informe.
El estudio destaca que el tráfico de drogas trae consigo cinco graves amenazas para la seguridad en el área: los homicidios y otros actos de violencia en la lucha por el control de territorios, el consumo local de drogas que induce a la comisión de delitos, el estímulo a otras formas de criminalidad organizada, la corrupción de agentes del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal, políticos y empresarios, y el destino de cuantiosos recursos a esta lucha.
En el informe se menciona que el narcotráfico estimula, recluta, tecnifica y potencia otras formas de criminalidad organizada y callejera, incluyendo el sicariato juvenil.
Para el consultor del estudio en Nicaragua, Francisco Bautista, “el crimen organizado está en Centroamérica”, aunque Bautista es del criterio que se ha asentado de manera muy fuerte en particular en Guatemala.
Y aunque estimó que en menor nivel, el crimen organizado también tiene presencia en el resto de países del área como Nicaragua, debido a que “estamos en el centro del negocio del sur al norte y del norte al sur, y no somos ajenos a esa realidad”.
Un factor que destacó Bautista es la informalidad de la economía, donde estimó que alrededor de siete de cada diez nicaragüenses, así como seis de cada 10 centroamericanos aproximadamente, están ocupados en actividades informales. “El límite entre la informalidad y la ilegalidad es muy difuso”.
Esto lo explicó el experto así: “Si vos estás vendiendo agua helada, de repente vendés droga también, y si estás lustrando zapatos, de repente también vendés otra cosa, o vendés discos piratas y eso es ilegal”.
Bautista reconoció que también esas actividades son una forma de sobrevivencia, por lo que se preguntó: “¿Qué pasaría si le quitaran esos discos que vende la gente de música de la piratería? Ideay, se queda si empleo. ¡Ah! ¿y dónde le vas a dar el empleo a la gente? Entonces gran problema es la gran informalidad de la economía y la economía que suscite de estos mecanismos de sobrevivencia, por eso uno se pregunta por qué con tanto desempleo la gente come. Come porque hace cualquier cosa”.
DIFERENCIA ENTRE SUBREGIONES
Según el IDH, con excepción de Costa Rica y Panamá, en América Central predominan el subdesarrollo económico, el subdesarrollo humano y la pobreza. También indica que en Centroamérica se observa una asociación entre desigualdad y delincuencia, intensas desigualdades de género, exclusión y la segregación de minorías étnicas, lingüísticas, religiosas o sexuales, se da la estigmatización de migrantes de países vecinos o la de jóvenes provenientes de las barriadas pobres como delincuentes.
Roberto Orozco, funcionario del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que investiga temas de seguridad, estimó que la diferencia de la afectación del crimen organizado en las dos subregiones de Centroamérica radica en que en la subregión del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se deduce por el nivel de muertes violentas vinculadas al mismo. En el sur, donde está ubicada Nicaragua, junto con Costa Rica y Panamá , preocupa que Nicaragua está en la frontera más próxima de esas dos subregiones. “Por lo tanto (en Nicaragua) la influencia y la presencia del crimen organizado se ve más notoria o ha sido más notoria en los últimos tres años”, señaló Orozco.
“Estamos hablando de una modalidad operativa del crimen organizado donde buscan establecer bases operativas y de apoyo logístico, pero ya estamos hablando de actividades de sicariato”, apuntó Orozco, quien menciona asesinatos ocurridos en el 2008 como el del productor José de Jesús Herrera, un ex policía, “sin lugar a dudas, la manera en que murió fue una actividad a todas luces de sicariato del crimen organizado, armas de fuego, ametralladoras, fusiles de largo alcance, un asesinato verdaderamente planificado”.
Orozco mencionó también que llama la atención que la mayoría de esas actividades se están concentrando en el suroriente del país, Granada, Carazo y Rivas, sobre todo en este último departamento.
“El primer efecto de la presencia y la influencia del crimen organizado transnacional en Rivas es la creación no sólo de bandas nacionales que se dedican a apoyar la actividad transnacional, sino que paralelamente crean bandas nacionales para robar droga, el caso de los famosos tumbadores”, indicó Orozco, quien señaló que el fenómeno de los tumbadores no se registra aún en los otros dos países del sur del área.
INCIDENCIA DEL NARCO
El estudio señala que el protagonismo creciente de la narcoactividad podría atribuirse a dos factores principales: el desplazamiento desde otras rutas y la debilidad relativa de algunos Estados centroamericanos.
”En el negocio de la droga siempre hubo algunos ‘capos’ centroamericanos, pero el problema se ha venido agravando con el paso del tiempo”, revela el estudio. El mismo refiere que como efecto de las presiones ejercidas primero por el Gobierno de Colombia en alianza con Estados Unidos, y después en México, los cárteles de ese país, que antes usaban la ruta más directa del Caribe, se asociaron con el crimen organizado de México y aumentaron el uso de las redes centroamericanas como apoyos logísticos. Y últimamente los cárteles de este país se han venido moviendo hacia Centroamérica y en especial hacia Guatemala.
El informe menciona que los problemas técnicos y presupuestarios, la escasez de recursos humanos y la falta de políticas coordinadas se traducen en incapacidad de algunos Estados del istmo para controlar sus espacios marítimos, terrestres y aéreos. “No es, pues, extraño que zonas como el Parque de la Laguna del Tigre en Guatemala, la Mosquitia en Honduras o la Costa Caribe de Nicaragua sean sitios ideales para reabastecer, empacar y almacenar drogas”, sostiene el informe.
Orozco señaló que después de 1990, las fronteras dejaron de ser puntos estratégicos para la seguridad nacional. “El Estado no está viendo la zona fronteriza del país como un punto vulnerable para la actividad y penetración del crimen organizado, por lo tanto nadie las está cuidando como las debería de cuidar, apenas hay cinco policías en Cárdenas que vigilan 82 kilómetros de fronteras y te das cuenta que no tienen cómo patrullarlas, allí te das cuenta que las fronteras son para la Policía Nacional, porque la Policía Nacional está pidiendo recursos, pero para el Estado a nivel central, a nivel del Ejecutivo no es una prioridad vigilar las fronteras”, expresó Orozco.
El funcionario del IEEPP apuntó que en 2007 habían 27 puntos ciegos usados para el tráfico de todo tipo de mercadería ilegal, y actualmente hay 82 en la zona sur de Nicaragua.
El informe del PNUD revela que hay otros cuatro factores importantes que ayudaron a que la narcoactividad se expandiera por el istmo. Los desmovilizados de guerra, el crecimiento descontrolado de la seguridad privada y la abundancia de armas que colaboran para formar los grupos paralelos al servicio de los cárteles. La migración masiva, sobre todo de ilegales, creó oportunidades para infiltrar a los llamados “mulas” o portadores de droga hacia Estados Unidos, revela el informe.
Algunas organizaciones dedicadas al contrabando tradicional “se reconvirtieron a la droga u otros productos más lucrativos”, refiere el IDH. Y por supuesto el dinero de los traficantes pudo ser “lavado” a través de la banca y otras actividades de la economía formal como la construcción, turismo, comercio, compra de tierras, especialmente en Panamá y Guatemala.
BRECHA EN NICARAGUA
Irving Dávila, de la Coordinadora Civil, es del criterio que la Policía, si bien es cierto ha sido eficiente en la persecución de algunos delitos, ha sido permisiva en otros casos, y el narcotráfico internacional o la delincuencia internacional organizada ha encontrado una brecha para meterse en Nicaragua.
“Si no se toman las medidas necesarias en este momento, va a ser difícil que nosotros lo podamos impedir que proliferen, (pues) eso hace que todos estos jóvenes les resulte más rentable tener un buen ingreso a cambio de ir asesinar a alguien y creemos (...) que las condiciones están dadas en Nicaragua”, sostuvo.
El estudio estima que en América Central circulan casi tres millones de armas de fuego y que dos de cada tres de ellas serían ilegales. Guatemala, Honduras y El Salvador serían los países con mayor número de armas, especialmente ilegales. Lo contrario sucedería en Belice, Panamá, Nicaragua y Costa Rica –donde además el número de armas legales superaría al de las no registradas–. Una parte de las armas podría ser residuos de las guerras, otra parte son armas modernas que, al revés de la droga, viajan de norte a sur y abastecen al crimen organizado. Esas armas son el instrumento preferido de los delincuentes que se arman para defenderse, y así se origina un círculo vicioso.
