Impactados por la resolución judicial que el lunes 19 de octubre dictaron seis magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, para que Daniel Ortega pueda volver a reelegirse en el cargo presidencial a pesar de que el artículo 147 de la Constitución se lo prohíbe, diplomáticos extranjeros han comentado en privado que esa barbaridad ha sido posible porque Nicaragua es una “república banana”.
Es cierto. En realidad, ante la irresponsabilidad de los gobernantes y los abusos que cometen a diario; ante el cinismo de magistrados y jueces prevaricadores, que atropellan impunemente la Constitución y las leyes; y ante el autoritarismo y la gran corrupción gubernamental imperantes, eso es lo menos que se puede decir de Nicaragua.
Pero los diplomáticos extranjeros que consideran que Nicaragua es una república banana, también reconocen que en este país hay muchas personas honradas, de pensamiento avanzado y cultura civilizada, verdaderamente democráticas, responsables en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y respetuosas de los contratos y de la palabra empeñada. Y saben que este país es república banana porque quienes gobiernan no son los mejores ciudadanos, sino los peores sujetos de la sociedad, aquéllos que atropellan la Constitución y las leyes, y que están dispuestos a cometer cualquier delito, con tal de quedarse para siempre en el poder y seguir lucrándose bajo su alero.
República banana —dice Wikipedia— es un término peyorativo que designa a países suramericanos, centroamericanos, caribeños, africanos y asiáticos, que tienen gobiernos corruptos, despóticos e irrespetuosos de las leyes y las constituciones de sus propios Estados. El término fue acuñado a principios del siglo XX por un escritor estadounidense llamado Wiliam Sydney Porter, cuyo nombre literario era O. Henry, quien vivió en Honduras y escribió irónicamente sobre la vida en una población hondureña.
Pero las repúblicas bananas existen hasta ahora. Son aquellas en las que los gobernantes no se subordinan a la ley, como ocurre en cualquier país civilizado, sino que es la ley la que se somete a la voluntad y a los intereses de las personas que gobiernan de manera autoritaria y corrupta. Es decir, países como Nicaragua, donde los gobernantes realizan acciones arbitrarias y abusivas que son inconcebibles en cualquier nación civilizada. Tales son los casos, por ejemplo, del fraude electoral del año pasado y la resolución del 19 de octubre corriente dictada por los magistrados del FSLN, que reforma ilegalmente la Constitución para permitir la reelección de Daniel Ortega que está expresamente prohibida por la misma norma constitucional.
Precisamente una de las características principales de la república banana, es la ausencia del Estado de Derecho, o su brutal irrespeto por los gobernantes en el caso de que exista jurídicamente. El Estado de Derecho —dicen los expertos constitucionalistas— es el mecanismo legal establecido para limitar el poder. El Estado de Derecho es indispensable para garantizar la seguridad jurídica, los derechos y las libertades de los ciudadanos y de toda la población. De allí que la columna vertebral del Estado de Derecho sea la división de poderes, o sea que el poder estatal no se concentre en una sola institución y mucho menos en las manos de un solo individuo o de un grupo de personas. El poder del Estado tiene que estar repartido en tres grandes ramas de gobierno, que son los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo (la función electoral no debe estar a cargo de un poder político estatal, sino de un organismo técnico), que coordinan entre ellos sus actividades de interés común pero son independientes y se controlan recíprocamente. Y ningún funcionario público puede tener más facultades, que las que estrictamente le corresponden para desempeñar apropiadamente sus funciones y se encuentran establecidas en la ley.
Pero en Nicaragua ocurre todo lo contrario. Aquí los gobernantes ponen la Constitución y las leyes bajo las suelas de sus zapatos, como lo han hecho con la resolución judicial contra la carta constitucional, que fue dictada por los magistrados del FSLN para abrirle a su jefe el camino a otra reelección presidencial.
Tienen razón, pues, quienes dicen que Nicaragua es una república banana. Y así será mientras los mismos nicaragüenses no sean capaces de sacudirse el yugo de sus opresores y de hacer realidad el ideal del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, de que Nicaragua vuelva a ser una República verdadera, democrática, libre y civilizada.
