La reforma a la ley tributaria, aún en proceso de aprobación en el parlamento, pretende gravar con un impuesto las remesas provenientes del extranjero, según el contenido del artículo 10 del proyecto enviado por el presidente Daniel Ortega.
La propuesta considera gravar las rentas originadas por “el trabajo realizado fuera del país por un residente nicaragüense que sea retribuido y que redunde en provecho de otro residente nicaragüense o un establecimiento permanente de un no residente situado en el país”, es decir las remesas.
Para el economista Adolfo Acevedo es difícil creer que se puede tratar de un “error de redacción”. Sin embargo en las exenciones no se menciona nada de esto.
RECHAZO PLENO DEL COSEP
El sector privado rechazó tajantemente el anteproyecto de ley de Concertación Tributaria, por considerar que no incluye los planteamientos de este sector.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aseguró que casi nada de lo que discutieron con el Gobierno, sobre la reforma, fue incluido como aporte al proyecto.
“Sentimos que hubo muy poco (aporte incorporado), no me atrevería a dar porcentaje, pero son muy bajos con respecto a los planteamientos que el sector privado ha hecho”, afirmó Aguerri.
Según el dirigente de los empresarios, están revisando con lupa cada artículo del anteproyecto de ley, por lo delicado de la situación.
Opinó que la intención del Gobierno es incrementar las recaudaciones creando nuevos impuestos. “Nuestra posición ha sido que se tenía que ampliar la base de contribuyentes y no crear nuevos impuestos, ésa es y seguirá siendo nuestra propuesta”.
Por otro lado, el sector privado mantiene la esperanza de poder hacer algo en la Asamblea Nacional, cuando ésta inicie el proceso de consultas en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
“Nos reuniremos con todas las bancadas, para buscar la forma de cómo encontrar una posición de respaldo y que sea bajo el ánimo del consenso”, afirmó Aguerri.
NADA DE CONCERTACIÓN
Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), dijo que esta ley no tiene nada de concertación.
“No es lo que hablamos (con el Gobierno), no son las filminas que puso el Gobierno, ahora se harán reformas más profundas que eso; después, viene la resolución de la Corte (sobre la reelección presidencial) que te está creando un clima de inestabilidad”, aseguró Álvarez.
Para el productor, toda esta situación podría provocar que se retiren inversionistas que tenían programado invertir en el país.
Los exportadores de productos agropecuarios, organizados en la Asociación de Exportadores de Nicaragua (APEN), también mostraron temores por el rumbo de la propuesta de ley tributaria.
“Hay preocupación”, señaló Enrique Zamora, presidente de APEN, al destacar que discutieron con el Gobierno una propuesta de reforma tributaria y ahora salieron con otra.
Esta asociación ve con preocupación la propuesta porque significará un incremento de impuestos.
El anteproyecto de ley establece el régimen de retención para pequeños productores agropecuarios, con tasas de retención del 2.5 por ciento para los bienes primarios y de 3.5 por ciento para los otros.
