Violentando los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fallaron casi a la velocidad de la luz un recurso de amparo a favor del presidente Daniel Ortega y 109 alcaldes sandinistas, y ordenan al Consejo Supremo Electoral (CSE) que permita a Ortega ser candidato presidencial en las elecciones del 2011.
Igualmente ordenan que los 109 alcaldes sandinistas puedan ser candidatos para las elecciones municipales del 2012.
Este jueves 16 de octubre el CSE les negó ad portas (en las puertas o desde el inicio) a Ortega y los alcaldes sandinistas una solicitud en la que pedían igualdad de condiciones ante la ley y que el artículo 147 de la Constitución Política, que prohíbe la reelección, no les fuera aplicable y pudieran aspirar a la reelección.
El CSE se declaró incompetente para conceder esa solicitud.
El abogado Eduardo Mejía Bermúdez, el mismo que el orteguismo utilizó para representar a las cinco mujeres miembros de las CPC que querellaron a LA PRENSA por una infundada injuria, presentó el recurso de amparo de Ortega ante la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), presidida por el magistrado sandinista Gerardo Rodríguez.
Rodríguez admitió el amparo para que fuera tramitado en la Sala Constitucional de la CSJ, junto a las magistradas sandinistas Rafaela Urroz, que no es miembro de la Sala, y Vida Benavente, haciendo a un lado a la magistrada liberal Perla Arróliga, que sí es miembro de la Sala.
El recurso ingresó ayer lunes a la Sala Constitucional y ayer mismo los orteguistas resolvieron a favor de Ortega y los 109 alcaldes sandinistas.
Los judiciales sandinistas indicaron en el fallo que Ortega y los alcaldes son “ciudadanos aptos de derechos políticos, constitucionales, electorales, para participar en las contiendas electorales a realizarse en los años 2011 y 2012, en los mismos cargos que ostentan actualmente, como candidatos a Presidente, Vicepresidente, alcaldes y vicealcaldes”.
La sentencia fue firmada por los magistrados orteguistas Francisco Rosales, Rafael Solís, Ligia Molina, Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez.
“ESTÁ FIRME”
Los magistrados Rosales y Solís indicaron que el fallo emitido ayer lunes ya es sentencia firme a favor de Ortega y los 109 alcaldes sandinistas.
Rosales indicó que lo único que cabe contra la sentencia es un recurso de aclaración, 24 horas después de notificada, y sólo lo pueden presentar las partes, es decir, Ortega, los 109 alcaldes sandinistas o el CSE, pero no hay nada que revoque el fallo. “Ni siquiera nosotros mismos (magistrados sandinistas que firmaron la sentencia)”, expresó el judicial sandinista.
Ortega alegó en el recurso que con la prohibición de la reelección en la Constitución, mediante las reformas de 1995, les estaban violentando sus derechos de igualdad ante la ley y de elegir y ser electo, el derecho de ejercer la función pública a favor de los intereses del pueblo y sus derechos humanos consignados en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos recogidas en el artículo 46 de la Constitución.
Según el magistrado Rosales, la Sala Constitucional falló a favor de Ortega porque el constituyente primario, primigenio, “no podía ser dejado de lado por el constituyente derivado, que en el año 95 reformó la Constitución”, añadiendo Rosales que en ese año 1995 él mismo recurrió en contra de las reformas constitucionales.
Rosales y Solís explicaron que el fallo del amparo será sometido a Corte Plena para que adquiera el valor de erga omnes (para todos), es decir, que sea válido para todos los nicaragüenses que en algún momento quieran optar a una reelección a un cargo público como presidente de la República, vicepresidente o alcalde y vicealcalde.
“QUÓRUM AMAÑADO”
Sobre la manera en que se formó el quórum de la Sala Constitucional, el magistrado Rosales indicó que a la 1:00 p.m. de ayer convocó a todos los miembros de la Sala Constitucional a sesión, pero los magistrados liberales Sergio Cuarezma, Iván Escobar Fornos y Damicis Sirias no se presentaron antes de las 3:00 p.m., por lo que se conformó quórum integrando a los magistrados sandinistas Cuadra, Centeno y Méndez.
De esa manera el amparo fue resuelto por seis magistrados sandinistas a favor de Ortega y todos votaron a favor del gobernante sandinista.
ESPERARON A QUE TODOS SE FUERAN
Los magistrados liberales no asistieron porque la convocatoria, de haberse realizado, se hizo hasta la 1:00 p.m., cuando por un acuerdo de Corte Plena ya no hay trabajo en el Poder Judicial.
Ése fue el mismo procedimiento que utilizaron los orteguistas cuando trataron de darle mediante sentencia un carácter estatal a los Consejos del Poder Ciudadano que controla la primera dama Rosario Murillo.
El magistrado Sergio Cuarezma dijo ayer que ante la ausencia de él y los otros dos magistrados liberales, el magistrado Rosales debió realizar una nueva convocatoria y no integrar como suplentes a otros sandinistas, en una integración “normativamente disfuncional”.
Señaló que en el caso del magistrado Sirias, éste se encuentra fuera del país.
El magistrado Cuarezma agregó que uno de los suplentes que debió ser integrado es el magistrado liberal Gabriel Rivera, pero éste no fue convocado por los orteguistas.
Para el magistrado Cuarezma, el fallo del amparo fue realizado al margen de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo tanto en estricto derecho la sentencia no tiene validez.
“TIEMPO RÉCORD”
La sentencia del amparo a favor de Ortega y los 109 alcaldes sandinistas, para que puedan ser candidatos por segundo período consecutivo, está escrita en 24 páginas, y fue emitida en menos de un día por los magistrados orteguistas.
Al ser consultado sobre porqué este caso se falló en menos de un día y otras sentencias importantes duran años engavetadas en los despachos de los magistrados, el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, respondió que fue por “el interés del caso para la Nación”. Y para explicarse, Rosales tuvo que recurrir, a su manera, a uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos.
“(Alexander) Hamilton dice que el Derecho es lo que los jueces dicen que es, así de sencillo. Nosotros hablamos por la boca de la ley, nosotros somos los que decidimos la prioridad de los asuntos. Éste es un asunto prioritario para el país, o ¿no es así? Hay que resolver los problemas políticos”, dijo Rosales.
CASTRO QUIERE MÁS
Edwin Castro Rivera, representante legal del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y jefe de la bancada parlamentaria, en declaraciones al oficialista Canal 4 se adelantó a los señalamientos de ilegalidad que generó al recordar que las sentencias judiciales son de ineludible cumplimento. Además, aclaró que para su criterio haber logrado la reelección para Ortega aún es poco.
La resolución otorga a Ortega la reforma que su partido, por falta de votos, no logró aprobar en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no logró saciar sus ansias de poder. “Todavía creo yo que estamos cortos y ojalá que nos acompañen en las reformas para establecer el referéndum revocatorio. Que así como el pueblo tenga derecho a elegir, también tenga derecho a retirar a los funcionarios que no llenan las expectativas para los cuales fueron electos”, pidió Castro.
Castro dijo que la sentencia “es de obligatorio cumplimiento inter parte”, por lo que esperan que “el Consejo Supremo Electoral (CSE) acate a como en derecho debe ser, la resolución que acaba de tomar la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
Para el diputado orteguista “el pueblo salió ganando” con esta resolución, ya que ahora podrá “tomar su decisión sin ningún cortapisa”. Explicó que la resolución fue “una reforma del constituyente derivado”, ya que la Constitución original no contemplaba “esos impedimentos” para la reelección que se establecieron en la reforma constitucional de 1995.
Para el representante legal del FSLN, la prohibición de la reelección creaba una “desigualdad” política entre los ciudadanos nicaragüenses, porque es el pueblo el que debe tener la “potestad y la soberanía” de decidir a quién elige. “Creo que eso es lo correcto. Estamos en un Estado de Derecho y esto es parte del Estado de Derecho y del Estado Constitucional”, afirmó Castro.
“GOLPE DE ESTADO”
El abrazo que ratificaron ayer los poderes Judicial y Electoral con el Ejecutivo, para permitir que el presidente Daniel Ortega busque la reelección sucesiva en 2011, es un golpe de Estado que borró de un plumazo las garantías constitucionales en Nicaragua, dijeron el diputado Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), y Dora María Téllez, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Montealegre, Téllez y Enrique Sáenz, diputado y presidente del MRS, llamaron anoche a los nicaragüenses a movilizarse, para oponerse a la resolución de los magistrados orteguistas.
“Llamamos a todos los nicaragüenses a movilizarnos inmediatamente, a no quedarnos en nuestras casas y enviarle un mensaje claro a Daniel Ortega, porque la que está violando la Constitución, por órdenes de él, es la Sala Constitucional y el pueblo de Nicaragua no se va a quedar con los brazos cruzados en sus casas”, afirmó Montealegre.
Los dirigentes políticos explicaron que la gravedad de la resolución judicial es que en el futuro los magistrados podrían declarar inaplicables otros artículos constitucionales y así desaparecer, por ejemplo, a la Asamblea Nacional o resolver que Nicaragua no es una república independiente, sino parte de la República Bolivariana de Venezuela.
Montealegre anunció una ofensiva jurídica, política, legislativa, diplomática y de movilizaciones masivas para oponerse a la decisión de los magistrados sandinistas.
Para hoy se espera una reunión entre Montealegre y el ex mandatario Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), así como con la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), quienes buscan mecanismos coordinados de rechazo al interés reeleccionista del presidente Ortega.
PALLAIS CON INSULZA
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais (PLC), quien está en Estados Unidos, tiene programada hoy una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, a quien dará a conocer la situación que vive el país.
“Que venga aquí (Insulza) a decir ‘échese para atrás, señor Ortega, váyase a su casa en 2012’”, exigió Montealegre al máximo dirigente de la OEA.
El legislador liberal también manifestó que para hoy a las 8:00 a.m. está programada una reunión entre los donantes, quienes analizarán el nuevo episodio político que anoche sacudió a Nicaragua.
Por su parte, Sáenz indicó que el futuro del país está en juego con la resolución judicial.
“Nos estamos jugando el futuro, la libertad e incluso la vida, porque la tragedia implica la pérdida de vidas (...), si nosotros permitimos que Daniel Ortega se salga con la suya con esta maniobra, no va a haber marcha atrás”, advirtió Sáenz.
LA MEJOR VÍA ESTOMARSE LAS CALLES
La comandante guerrillera Dora María Téllez adujo anoche que en la situación actual las movilizaciones serán más efectivas que las estrategias jurídicas, ya que se evaporó la seguridad constitucional.
“¿Qué proceso jurídico puede haber con una Sala Constitucional compuesta por delincuentes? Lo que han cometido es un delito grave, los magistrados de la Sala Constitucional deberían estar presos, porque firmaron una resolución que liquida la Constitución y eso es una cosa bárbara”, dijo Téllez.
“SENTENCIA DE LA INFAMIA”
Al mismo tiempo, pero por separado, se realizaba una reunión de miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes expresaron los peores calificativos para la sentencia emitida por magistrados sandinistas, que permite al presidente Daniel Ortega postularse como candidato presidencial, aun cuando la Constitución prohíbe la reelección continua o que cualquiera que haya sido presidente dos veces pueda postularse una tercera vez.
“La sentencia de la infamia”, “aberración jurídica”, “inaudito”, “bandoleros”, fueron algunas de las calificaciones que dirigentes del PLC utilizaron para referirse a la sentencia y a los autores de la misma.
Para el ex presidente Arnoldo Alemán, la sentencia “amañada” es la demostración del inicio de la dictadura, y que por fin el presidente Ortega “se quitó la careta, ante su angustia, su desesperación” de no poder conseguir los 56 votos para reformar la Constitución, a fin de lograr la reelección presidencial por esa vía.
Alemán destacó que con ese fallo se sienta un mal precedente, porque se destruye el Estado de Derecho, y ahora, hasta un adolescente de 15 años podrá alegar que se violentan sus derechos al no permitirle ser un candidato a la Presidencia de la República; y que ni Anastasio Somoza Debayle llegó tan lejos, cuando realizó el triunvirato en 1972.
“Aquí no hay inteligencia, aquí hay maldad, aquí hay violación de todos los derechos, eso no se llama inteligencia, se llama maldad”, afirmó el ex presidente Alemán.
Por su parte, el primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, negó que esa organización política tuviera información sobre las anomalías que estaba realizando el Frente Sandinista en el Poder Judicial.
“Vos no podés estar previendo actitudes delincuenciales, vos llegás a tu casa y te robaron, entonces eso es lo que está pasando en este país, estamos en manos de delincuentes y de ladrones, que no sólo roban bienes materiales, sino que se roban la justicia y la institucionalidad”, precisó Navarro.
Para la dirigencia del PLC, esa “destrucción de la institucionalidad” debe incidir en la unidad urgente de las fuerzas democráticas, para enfrentar las ilegalidades que el partido de Gobierno viene implementando para lograr instaurar una dictadura en Nicaragua.
Aprovecharán la reunión de hoy del diputado José Pallais con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para informarle sobre la ruptura del orden constitucional que el partido de Gobierno ha realizado en Nicaragua, para que se apliquen las mismas medidas que se implementaron en Honduras.
A la reunión en las oficinas jurídicas del ex presidente Arnoldo Alemán también se presentaron el político conservador Noel Vidaurre; el comentarista político Jaime Arellano, y el directivo en la Asamblea Nacional de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Ruiz, quienes también criticaron la “aberración jurídica” del partido de Gobierno.
(Con la colaboración de María José Uriarte y Ludwin Loáisiga).
