En el mundo actual se da gran importancia al microcrédito, considerado como uno de los medios más efectivos de lucha contra la pobreza y por el desarrollo económico en los países empobrecidos, como Nicaragua. Inclusive, las Naciones Unidas proclamaron el 2005 como Año Internacional del Microcrédito, por “la función del microcrédito y la microfinanciación como instrumento importante en la lucha contra la pobreza, que fomenta la creación de patrimonio, el empleo y la seguridad económica y da autonomía a las personas que viven en la pobreza, en particular las mujeres”.
Estamos claros de que, tal como lo ha demostrado la historia de manera insistente y consistente, la economía capitalista no sólo es el mejor sino también el único medio capaz de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, y por lo tanto para reducir la pobreza. No hay mejor motivador para el crecimiento económico y el desarrollo humano que el afán de obtener ganancias, de mejorar la situación material de cada quien y de toda la sociedad, como resultado del propio esfuerzo laboral digno en un marco de seguridad jurídica, libertad económica y libre comercio. Mientras más empresas de toda clase y tamaño se abren y desarrollan, también se crean muchos más puestos de trabajo y las empresas dinámicas y eficientes generan mejores beneficios para empleadores y trabajadores.
Pero el capitalismo no se desarrolla sólo por medio de las grandes empresas, sino también de los pequeños y medianos negocios que requieren fuentes alternativas y accesibles de financiamiento. Y en este orden, las microfinancieras desempeñan una importante función que ahora es exaltada por los organismos internacionales, los cuales consideran el microcrédito como el gran impulsor de la lucha contra la pobreza.
Por eso fue sorprendente para muchos que Daniel Ortega se lanzara contra las microfinancieras de Nicaragua, siendo que, según él mismo lo dice, su Gobierno levanta como principal bandera la lucha contra la pobreza. Ortega, en vez de agradecer a las microfinancieras por su función en la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo económico desde abajo, lo que ha hecho es alentar un movimiento inclusive violento por el no pago de los créditos, provocando inestabilidad en el amplio sector de la pequeña y mediana economía y paralizando considerablemente los financiamientos, lo que podría tener catastróficas consecuencias en el corto y mediano plazo.
Pero como la realidad es terca y la economía mucho más, el gobierno de Ortega se ha visto obligado a solicitar a la Asamblea Nacional que devuelva a comisión el proyecto de ley moratoria que él mismo impulsó para causar daño a las microfinancieras.
Los voceros gubernamentales dicen que la aprobación de dicha ley moratoria “pondría en riesgo el financiamiento de 500 millones de dólares a la producción nacional”. En realidad, según ha informado LA PRENSA el Fondo Monetario Internacional (FMI) habría advertido al gobierno de Ortega “que si se aprobaba esa ley se provocaría la quiebra del sistema de microfinanzas del país y se pondría en grave riesgo el sistema financiero nacional”. En ese mismo sentido, el economista Mario Arana, ex Ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, declaró a este Diario que “una eventual aprobación de la ley moratoria, que demandan miles de productores endeudados con las microfinancieras, sería ‘devastadora’ para el sistema financiero nacional”. Es una ley que le preocupa al sector de las microfinancieras y que puede tener consecuencias bien devastadoras, para toda aquella gran cantidad de personas que sí están pagando y que hoy se benefician de esos servicios que proveen las microfinancieras. Recordemos que las microfinancieras atienden a más de medio millón de personas”.
La verdad es que si el gobierno de Ortega quisiera ayudar a los morosos, que por cierto son la minoría de clientes de las microfinancieras, debería de comprarles la deuda utilizando fondos de la cooperación petrolera venezolana, y negociar con ellos los términos de amortización. Lo que no es responsable ni viable es aprobar una ley moratoria que asestaría un golpe mortal a las microfinancieras y a todo el sistema financiero nacional.
Finalmente, es una vergüenza nacional que sea el Fondo Monetario Internacional el que tenga que impedir la aprobación de una ley tan perniciosa, como es la moratoria, siendo esto una responsabilidad elemental de los diputados, particularmente de los democráticos que quedan y que supuestamente todavía son la mayoría.
