En un proceso plagado de anomalías y sin el visto bueno de los concejales opositores y de los afectados, los concejales sandinistas de la Alcaldía de Managua aprobaron ayer comprar bonos del Estado y pagarlos en efectivo, como indemnización, a los propietarios de las 146.5 manzanas donde funciona La Chureca.
De acuerdo con las decisiones de los sandinistas, la comuna ejecutará el pago en efectivo de cien mil dólares correspondientes a las mejoras de la finca Santa Isabel, como se identifica a la propiedad, y de otros 39 millones 584 mil 800 córdobas por la totalidad de la propiedad que pertenece a la familia Martínez.
La transacción, que ya fue declarada como ilegal por los concejales opositores, implica que los millones serán entregados como bonos del Estado por el Ministerio de Hacienda, y luego serán comprados al mismo precio por la Alcaldía de Managua, que se quedará con los bonos y pagará más de 39 millones de córdobas en efectivo con los fondos municipales a Los Martínez.
Posteriormente, la comuna usará los bonos del Estado para “abonar” a una deuda no explicada que supuestamente mantiene con el Estado. Es decir, el Ministerio de Hacienda recibirá los mismos bonos que fueron desembolsados para los Martínez.
El “cambiolín” se realizará de acuerdo con dos resoluciones aprobadas ayer por los once concejales sandinistas. “Es ilegal todo este procedimiento. La Alcaldía dijo que ya no iba a negociar con nosotros, pero ahora quieren aparecer como los buenos, ofreciendo indemnización en efectivo. Pero no vamos a aceptar nada, el acuerdo con la Alcaldía era de 128 millones y no han querido negociar”, dijo molesto Gabriel Martínez, uno de los propietarios de la propiedad.
PROCEDIMIENTO ES ILEGAL
El concejal liberal Ricardo Obando indicó que con el “cambiolín” la comuna estaría comprando títulos valores y eso “es ilegal”.
“Una Alcaldía no puede comprar títulos valores, bonos del tesoro o bonos del Estado. Están manoseando todas las leyes y normas de administración”, dijo Obando, experto en materia económica.
Las resoluciones de los sandinistas tampoco son legales, según argumentó el concejal conservador Luciano García, porque “inventaron una resolución sin entregar la documentación previa necesaria, y encima, ni siquiera se nos permite como concejales debatir del tema”.
El conflicto que ya lleva varios meses, inició cuando la Procuraduría General de la República (PGR) determinó apoderarse de la propiedad donde se pretende invertir más de 45 millones de dólares financiados por la Cooperación española, sin negociar con los propietarios legales. La PGR determinó pagar más de 39 millones de córdobas a través de bonos del Estado como indemnización por el terreno y también aprobó, posteriormente, indemnizar con 100 mil dólares en bonos a Carlos Martínez Castrillo, por las mejoras en el área.
