Durante la reunión del consejo directivo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ayer por la mañana, se elaboró una carta en que se plasma el rechazo de esa agrupación gremial al dictamen de la ley de moratoria, impulsada por el autodenominado Movimiento Nacional de Productores y Comerciantes, conocido como el Movimiento de No Pago.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, informó que la misiva fue enviada al Presidente de la República, Daniel Ortega, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, y a los jefes de bancada.
El documento expresa que el dictamen a la ley, ahora llamada Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora, sería negativo para la economía del país, pues dispararía el riesgo país.
“Si se aprobara de esa manera, sería una ley que estaría yendo en contra de la libre empresa, y la libre actividad económica... Ese tipo de ley estaría promoviendo la cultura del no pago, y en vez de beneficiar a 1,500 personas, estarían perjudicando a más de 450 mil personas”, dijo Aguerri.
La mayor preocupación, agregó el empresario, es que se pondría en riesgo el financiamiento a futuro al sector privado de Nicaragua.
“Por un lado, al subir el riesgo país van a entrar recursos más caros, y por el otro lado pudiéramos potencializar que este tema del no pago se pase a otros sectores”, agregó Aguerri.
NO SÓLO AFECTARÍA A MICROFINANCIERAS
Aguerri destacó que si se aprobase la ley, tal como está hasta el momento, no sólo se vería afectado el financiamiento al sector de microfinanzas, sino todo “el financiamiento en general”, debido a que esto enviaría una señal a los proveedores de recursos internacionales “de que en este país, en cualquier momento, te cambian las reglas del juego y te intervienen el mercado”.
En la carta exponen también que en los primeros seis meses de este año, producto de la inestabilidad provocada por el Movimiento de No pago, se ha reducido en 50 millones de dólares la cartera de las microfinancieras y las tres instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos.
Además de esto, la cantidad de usuarios del microcrédito se ha reducido en unos 30 mil clientes.
MÁS DE AÑO Y MEDIO
El Movimiento de No Pago lleva ya más de un año y medio presionando al sector de microfinanzas para que éste, supuestamente, reestructure sus deudas a varios años de plazo. Pese a que en muchos casos se ha hecho, sólo un mínimo porcentaje de los morosos se ha acercado a las microfinancieras a saldar sus compromisos.
La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) y las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos han hecho público que, producto de este problema, han prorrogado y reestructurado deudas de casi 26 mil clientes a nivel nacional.
Esas reestructuraciones se traducen en unos 600 millones de córdobas, un seis por ciento del total de la cartera de las instituciones aglutinadas en Asomif, las que son reguladas, que asciende a 10 mil millones de córdobas.
El gobierno de Daniel Ortega —que cuenta con 38 diputados en la Asamblea Nacional— se comprometió en febrero pasado a no aprobar ninguna ley de moratoria. Esto lo hizo a cambio de que las microfinancieras garantizaran mayor financiamiento al sector productivo, que a las puertas del ciclo agrícola 2009-2010 carecía de fondos para iniciar la siembra, producto del congelamiento de la cooperación internacional, causada por el fraude electoral del año pasado.
En el marco de ese acuerdo, el Gobierno se mostró en contra de cualquier forma de no pago, según dijo Ortega el pasado 26 de febrero, cuando aseguró que “en Nicaragua se había enterrado la cultura del no pago”, y de inmediato instó a los deudores a acercarse a las microfinancieras para hacer arreglos de pago.
Ese mismo día rechazó las tomas de propiedades y carreteras que hizo ese movimiento en esos días. “Que protesten, que lo hagan, pero no tranquen las vías; meterse en la institución no es lo mejor, son formas de protesta pero no es lo mejor, porque eso trae inestabilidad mucho mayor”, declaró entonces el presidente Ortega.
Sin embargo, eso contradijo lo que Ortega expresó siete meses antes, el 12 de julio del año pasado, en Jalapa, Nueva Segovia, cuando afirmó públicamente que “en vez de estar protestando en las carreteras, protesten frente a las oficinas de los usureros (microfinancieras) y plántense frente a sus oficinas. Párense firmes, nosotros los apoyamos a ustedes”.
