El Gobierno del presidente Ortega hizo aprobar prácticamente sin modificaciones, su propuesta de tercera reforma presupuestaria del año, a pesar de que con tiempo suficiente se le hizo ver que con ella, en vez resolver su crisis de gastos e ingresos le va a causar más daño a la economía nacional.
Sin duda que el Poder Ejecutivo necesita la reforma presupuestaria, no obstante que faltan escasos días para que de acuerdo con la ley tenga que mandar a la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto para el próximo año. Sin embargo, no es cualquier clase de reforma presupuestaria la que hace falta, mucho menos una como la que hizo aprobar ayer el Gobierno, cuyas consecuencias han de ser más negativas que positivas y por lo tanto el remedio resultará peor que la enfermedad.
Con tiempo suficiente, la oposición parlamentaria le hizo ver al presidente Ortega la insensatez de la reforma presupuestaria que ayer hizo aprobar a su gusto, gracias al apoyo de sus aliados vergonzantes de la ALN y el BUN. Particularmente en el voto razonado que presentaron los diputados del PLC pertenecientes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, se le aconsejó al Gobierno cómo enfrentar mejor la crisis presupuestaria, y le advirtieron las graves consecuencias que podría tener una reforma aprobada sin el debido consenso social y parlamentario.
Por ejemplo, en su voto razonado los diputados del PLC hicieron ver que es insólito que en la reforma presupuestaria del Gobierno, el 99.9 por ciento de la reducción de gastos recaiga sobre la inversión de capital, y sólo el 1 por ciento sobre los gastos corrientes o burocráticos. Y advirtieron que tal enfoque de la reforma presupuestaria gubernamental, contradice el principio de economía “ampliamente conocido desde la época de John Maynard Keynes, que la mejor manera de estimular a una economía en recesión y retomar el sendero del crecimiento y generación de empleos, es a través de un programa robusto y de alta calidad de inversiones públicas”. Y agregaron los diputados liberales, que el objetivo de esta reforma presupuestaria de Ortega, que castiga la inversión en obras y privilegia el gasto burocrático, “es muy diferente al que están tomando no sólo las economías más desarrolladas del mundo, sino que también las de muchos países latinoamericanos”.
Ciertamente, hasta los gobiernos latinoamericanos de orientación socialista, pero democrática, como el de Lula da Silva en Brasil, han reducido los gastos burocráticos del Estado e incrementado los gastos de capital, así como también han bajado los impuestos para estimular la reactivación de la economía en tiempos de recesión y evitar que ésta se convierta en una crisis de grandes proporciones. Además, esos gobiernos han buscado el consenso con la oposición y han procurado crear un clima de confianza nacional, pues así como según el mencionado Keynes el gasto de capital tiene un efecto económico multiplicador, también la confianza tiene una consecuencia multiplicadora, mientras que la desconfianza es un multiplicador negativo. Sin embargo, en Nicaragua lo que procura provocar el Gobierno es incertidumbre y más desconfianza.
En su voto razonado sobre la reforma presupuestaria que hizo aprobar el Ejecutivo, los diputados del PLC también llamaron la atención al hecho negativo de que “este sesgo pro gastos corrientes y anti-inversión ha sido una constante del Gobierno, desde que el presidente Ortega asumió el poder. Se refleja en un programa de inversión pública (PIP) que ha ido bajando de casi 7.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2007 hasta aproximadamente el 6 por ciento del PIB en 2009”. Este decrecimiento de la inversión pública —agregan— “prácticamente asegura una contracción de nuestra economía en el 2010”, lo cual, “en palabras de nuestro pueblo, y no en la jerga de economistas, significa que el 2010 será un segundo año consecutivo durísimo y de más pobreza que castigará aún más a la clase media y a los pobres”.
De manera que estamos advertidos. Además, al agregarle a esta insólita reforma presupuestaria la reforma tributaria con énfasis recaudatorio que va a imponer Ortega, también con el apoyo de su clientela parlamentaria, lo que se puede esperar es un colapso económico nacional. Y en esas circunstancias, quizás lo único positivo que se podría derivar, porque según se dice no hay mal que por bien no venga, es que el colapso económico arrastre también al régimen autoritario de Daniel Ortega.
