Unos 200 empleados de la construcción paralizaron sus labores en las urbanizaciones Valles de Sandino y Jardines del Rosario, y denunciaron que además de recibir salarios míseros, no se les paga ningún tipo de prestación y constantemente les amenazan con el despido, para contratar gente “más eficiente y que cobra menos”.
Según las colillas de pago presentadas por los empleados, “cuando el trabajo está bueno” una cuadrilla formada por cuatro albañiles recibe un promedio de 3 mil 200 córdobas quincenales, que incluye treceavo mes y vacaciones (800 córdobas por obrero). Dos ayudantes reciben mil 100 córdobas.
Cuando el material es escaso, “las cosas se ponen difíciles, pasamos días sin trabajar y no ganamos”, dice el obrero Arlin Daniel Avilés, quien afirma que la empresa no paga seguro social y cuando un trabajador se enferma, lo despiden.
Además, los obreros se ven obligados a llevar herramientas, baldes y carretillas para realizar el trabajo, ya que si la empresa se las proporciona, corren el riesgo de que si se dañan las deben pagar.
El complejo contempla la construcción de mil 300 casas, divididas en varias etapas en un máximo de tres años. Según los trabajadores, la etapa inicial es parte del proyecto gubernamental Casas Para el Pueblo. Sin embargo, ninguno de los obreros sabe quién es el dueño de la construcción.
Yader Vargas explicó que hace cuatro meses y medio fueron contratados por José Bernabé González y que éste nunca les ha dicho quién es el dueño de la construcción. La colilla de pago, el único documento que conocen, sólo menciona el nombre de la urbanización.
El contratista González y Julio Olivas, supervisor de la obra, se negaron a hablar con LA PRENSA sobre las denuncias de los trabajadores.
Según la Cámara de Urbanizadores, el proyecto está inscrito a nombre de Inmobiliaria Mediterráneo, S.A., pero en las oficinas de ésta una secretaria dijo que sólo se encargan de vender las casas y desconocen quién las está construyendo. La gerente, María José Quiroz, está de subsidio, explicó.
