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Managua, 27/05/2012 9:11 AM
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Noticias >> Política
Rafael Gutiérrez muestra su carné de militante y lamenta que su fidelidad al FSLN no haya impedido que ahora sea un sindicalista perseguido y desempleado. (LA PRENSA/ M. Esquivel)
“Canibalismo” sindical de Murillo y Porras
Utilizan al FNT para “eliminar” a rivales de la CST
Lucydalia Baca C. y Elízabeth Romero
politica@laprensa.com.ni
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Temen escalada de despidos

La tendencia actual es el aumento de los despidos de los empleados en el sector público, pese a que de 26 mil servidores censados en el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Daniel Ortega ya ha despedido a casi 12 mil, considera el dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público afiliada a la Confederación de Unificación Sindical (CUS), Álvaro Leiva.

Mientras, fuentes sindicales del sector construcción denunciaron que entre ayer y el lunes se estima que 450 obreros de empresas del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) serán despedidos.

Leiva dijo que en todas las instituciones públicas del Estado “está reinando un comprobado abuso de autoridad de los titulares de las diferentes instituciones del Estado”.

El dirigente sindical resume que en su mayoría las actuaciones de los administradores se traducen en represalia, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de trabajadores de forma ilegal, contrataciones ilegales “con megasalarios”, creación de plazas nuevas ilegales, promoción a cargos superiores de manera ilegal, traslado de trabajadores públicos de una área a otra de forma arbitraria y, sobre todo, desacato a resoluciones administrativas y sentencias judiciales.

Lamentó que el Ministerio Público, tras un mes de haber introducido varias denuncias, aún no se pronuncie a favor de los empleados que han recurrido en contra de varias instituciones estatales, “por discriminación, represalia y violación a sus derechos constitucionales”.

Mencionó que la práctica en todos los despidos en el sector público ha sido que el Estado no ha pagado liquidaciones, en especial mencionó el caso de los 400 empleados de la Dirección General de Ingresos (DGI), pese a sentencias judiciales como ha ocurrido en otras instituciones como el Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio del Trabajo, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil y en el Magfor, donde actualmente no se respeta la Ley 476, de Servicio Civil y Carrera Administrativa en contra de siete funcionarios removidos.

“Hay una gran incidencia de despidos por represalia a trabajadores que se han negado a afiliarse o pertenecer a los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CLS), que son órganos del actual Gobierno establecidos para marchas y recolección de fondos producto de las cotizaciones salariales obligatorias de todos los trabajadores del Estado”, señaló Leiva.

Entre el listado de trabajadores despedidos “por discriminación”, por rehusar afiliarse a los CLS, Leiva mencionó algunos nombres como: Léster Iván Ramírez, José Modesto Pomares, Rosa Vargas Moraga, William Somarriba, Alfredo Navarro, Carlos Brenes y Maritza Mejía Hernández.

Uno de los últimos despedidos fue Marlon Roberto Padilla Zeledón. Su notificación fue firmada por el presidente del INSS, Roberto López, el 30 de septiembre y trabajaba como analista en la delegación Oscar Turcios.

Además Leiva denunció que en el sector educativo hay represalias contra maestros que no son sandinistas, y mostró preocupación porque en centros educativos públicos “se están llevando a cabo actividades políticas partidarias a través de la Federación de Estudiantes de Secundaria a favor del gobierno sandinista, lo cual lo prohíbe la Ley General de Educación”. Como casos concretos señaló los Institutos nacionales de Chontales, Estelí y Masaya.

Por su parte, Roberto González dice que tiene información de nuevos despidos en empresas del MTI. Aunque refirió desconocer la cantidad real, confió que conoce que los despidos empezaron el viernes en algunas empresas del MTI, al igual que hay amenazas en la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), aunque otras fuentes indican que ya comenzaron en esa empresa.

Extraoficialmente se señala que el total de despedidos de las empresas de la construcción del MTI suman 450.

La amenaza del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que dirige Gustavo Porras (probablemente el más cercano colaborador de la Primera Dama, Rosario Murillo), de “desaparecer de las instituciones del Estado” a los sindicatos afiliados a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) que lidera Roberto González, sigue creciendo y dejando a su paso despidos ilegales.

Dicha persecución sindical fue denunciada por trabajadores del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) a inicios de la semana. El problema ya abarcó a la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), cuyos dirigentes reconocieron que existe “persecución” contra los sindicatos en varios entes.

Dirigentes de la CST y de la CST-JBE —ambas de tendencia sandinista— tratan de ocultar el enfrentamiento y atribuyen la “violación al derecho de organización y al fuero sindical” a que algunos funcionarios intermedios del gobierno anterior (la mayoría fue despedida durante el primer año del actual Gobierno) continúan “con vicios del pasado”. Sin embargo, reconocen que algunos altos funcionarios del nuevo gobierno se están “prestando al juego”.

Entre los múltiples despidos que se registraron esta semana aparecen los de algunos dirigentes sindicales, entre ellos Rafael Gutiérrez Valle, Secretario General del Sindicato William Ramírez, del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), afiliado a la Confederación JBE.

Gutiérrez lamenta que más de treinta años de militancia sandinista y de trabajo constante en el INSS, veinticinco años apoyando a las organizaciones sindicales y el fuero sindical del que goza, no hayan evitado su despido.

“Me están despidiendo por ser sindicalista. Para evitar que luche por los derechos de los trabajadores a través de la firma de un convenio colectivo justo y la meta es desaparecer nuestro sindicato”, advirtió Gutiérrez y añadió que en el campo sindical tenía problemas de vieja data con Domingo Pérez, secretario general de la Unión de Empleados de Nicaragua (UNE), que es afiliada al FNT, “pero yo separo eso, espero que no tenga relación con mi despido”, dijo.

El Secretario de Asuntos Laborales de la CST-JBE, Asunción Alonso Rodríguez, trata de minimizar el enfrentamiento porque, según dice, en el FSLN los problemas internos se arreglan adentro. “Los trapos sucios se lavan adentro de la casa”, dijo.

Sin embargo, reconoce que hay persecución sindical. “El problema es que te estén vigilando y a veces eso es lo que incomoda. Hay persecución sindical, claro que la hay. No hay ninguna institución del Estado que no esté en conflicto... Hay conflictos, no los podemos negar”, afirmó Alonso.

Aclaró que en todas las instituciones del Estado hay “conflicto”, pero que los más graves ocurren en el Ministerio del Trabajo, Correos de Nicaragua, INSS, IDR, la CSJ y Telcor.

Atribuye esta persecución a que los cuadros intermedios son los mismos de gobiernos anteriores que siguen aplicando el mismo sistema de “lucha, persecución y despidos indebidos fundamentados en cualquier artimaña”. Este argumento parece ilógico porque esos puestos los ocupan personas políticamente de confianza de la pareja presidencial. Pero reconoce que “algunos nuevos funcionarios” se prestan al juego.

Denunció que el Mitrab continúa como en los gobiernos neoliberales, defendiendo los intereses de los patrones y no el de los trabajadores. “Ahí hay malos manejos, se filtra información y no resuelven los casos. No garantizan el cumplimiento de los derechos de los trabajadores”, aseguró.

GONZÁLEZ TEMEROSO Y NO ALZA LA VOZ COMO AGOBIERNOS ANTERIORES

Roberto González, Secretario General de la CST, dijo desconocer la persecución denunciada por muchos empleados, pero reconoció que existen algunos problemas internos y despidos, y los atribuyó a que los sindicatos de la CST anteponen los intereses y el bienestar de los trabajadores sobre los intereses políticos, aunque sean en beneficio del partido sandinista.

Añade que se han comprometido a respaldar los programas y proyectos del Gobierno, pero que nunca antepondrán eso a la defensa de los intereses de los trabajadores.

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