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Managua, 27/05/2012 10:44 PM
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Los mejores vehículos son repartidos, en su mayoría, a funcionarios ligados al Poder Judicial. Éstos fueron entregados, uno, al administrador de los Juzgados y, otro, a una juez. ( LA PRENSA/ Archivo/ R. Villarreal)
Bienes narcos en poder de pocos
En Rivas, el más beneficiado como depositario ha sido el administrador del complejo judicial
Aunque ya exista sentencia firme sobre los casos, no se ha convocado a subasta de los vehículos ocupados
Ramón Villarreal Bello
CORRESPONSAL/ RIVAS
departamentos@laprensa.com.ni
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Lo que dice la Ley

¿Y la subasta?

Según la Ley 285, la cual regula el tema de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, es un Consejo departamental de lucha contra las drogas presidida por el Ministerio de Gobernación el encargado, en conjunto con la autoridad judicial competente, de dar seguimiento a lo que estipula esta ley.

En el artículo 88 la Ley establece “que el producto de los bienes o multas establecidas en la presente Ley serán distribuidos por el Poder Judicial competente” en un 20 por ciento para cada una de las siguientes instancias: el Consejo de lucha contra las drogas, la Policía Nacional para la lucha contra drogas, el Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio de Salud para programas de rehabilitación y un 20 por ciento para ONG que ejecutan programas de prevención y rehabilitación.

La fiscal departamental Isolda Ibarra dijo que desde el 2004, cuando ella fue nombrada titular del Ministerio Público en Rivas, sólo recuerda que el Consejo Departamental de Lucha contra las Drogas funcionó un par de años.

Dijo que desde mediados del 2006, Gobernación de Rivas no los ha vuelto a convocar para formar dicho Consejo, al que según la Ley es a quien los jueces deben avocarse para hacer las entregas de bienes procedentes de la narcoactividad, y es ese mismo Consejo quien vela porque estos bienes no se den por perdidos, dañados o destruidos.

Lo paradójico de este caso es que únicamente los carros mejores son los que se asignan como depósito y aunque ya exista sentencia firme de decomiso de los bienes, en Rivas no se ha convocado a subasta pública para obtener recursos para entregarlos a las instancias que señala la ley, lo que contribuiría al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.

Los beneficiarios de estos depósitos, al no funcionar el Consejo, no tienen a quien rendir cuentas, sólo a la autoridad judicial que se los asigna.

“Muchos vehículos que nadie quiere se pierden en los diferentes parqueos donde los guarda la Policía”, comentó una fuente.

La práctica de repartirse los mejores vehículos provenientes de casos de narcotráfico, lavado de dinero o crimen organizado, que beneficia a unas pocas instituciones, podría haber iniciado en el 2007, según copia de un documento en poder de LA PRENSA, donde se hace un detallado inventario que desde el 2006 lleva a cabo la delegación de Gobernación en Rivas.

Uno de los primeros casos registrados sobre estas asignaciones fue el de un Mitsubishi amarillo, de placas guatemaltecas PO587DGV decomisado a los guatemaltecos Jorge Alejandro Maldonado y Carlos Parada Chupina el 8 de noviembre del 2007, que fue entregado por oficio judicial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los dos guatemaltecos fueron condenados por el delito que se les acusó.

Una camioneta blanca Isuzu placas M073376, ocupada el 9 de junio del 2008 a Pedro Ramón Martínez Flores, acusado y condenado por tráfico interno de estupefacientes, fue entregada en depósito a la delegada de Gobernación en Rivas, Estela Morales.

En este caso, según indicara una fuente que pidió no ser identificada, esta camioneta ya está en mal estado y están a la espera de la asignación de un nuevo oficio judicial que les otorgue otro vehículo en depósito.

EL PREMIADO

Pero quien más asignaciones de depósitos de autos narcos ha recibido es el administrador judicial de Rivas, Manuel Arévalo, entre julio de 2008 y julio del 2009.

En ese período los jueces de Rivas le han consignado de oficio un carro Pathfinder de placa guatemalteca, una camioneta Mazda salvadoreña, un carro Mitsubishi salvadoreño, una camioneta Ford Mitsubishi, una Toyota Camry, de placas nicaragüenses (del quiebre hecho el 5 de enero de este año, en Sapoá, Cárdenas), una Toyota Tacoma de placas costarricenses y un carro DOGR de placa mexicana, este último ocupado el 5 de julio por tráfico internacional de droga a Francisco Castro Trejo.

En la lista en poder de LA PRENSA también han sido beneficiados jueces y policías.

SIN MUCHO QUE HABLAR

LA PRENSA buscó a la delegada de Gobernación en Rivas, Estela Morales, quien según la Ley 285 es quien debe presidir el Consejo Departamental de Lucha contra las Drogas en Rivas, para preguntarle qué está haciendo dicha instancia para velar por el cuido y distribución de los bienes provenientes del narcotráfico.

La funcionaria se limitó a decir que este Consejo no está activo y que únicamente existe una comisión interinstitucional del Código Penal “y por tanto no te puedo hablar de este tema”, argumentó.

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