La práctica de repartirse los mejores vehículos provenientes de casos de narcotráfico, lavado de dinero o crimen organizado, que beneficia a unas pocas instituciones, podría haber iniciado en el 2007, según copia de un documento en poder de LA PRENSA, donde se hace un detallado inventario que desde el 2006 lleva a cabo la delegación de Gobernación en Rivas.
Uno de los primeros casos registrados sobre estas asignaciones fue el de un Mitsubishi amarillo, de placas guatemaltecas PO587DGV decomisado a los guatemaltecos Jorge Alejandro Maldonado y Carlos Parada Chupina el 8 de noviembre del 2007, que fue entregado por oficio judicial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los dos guatemaltecos fueron condenados por el delito que se les acusó.
Una camioneta blanca Isuzu placas M073376, ocupada el 9 de junio del 2008 a Pedro Ramón Martínez Flores, acusado y condenado por tráfico interno de estupefacientes, fue entregada en depósito a la delegada de Gobernación en Rivas, Estela Morales.
En este caso, según indicara una fuente que pidió no ser identificada, esta camioneta ya está en mal estado y están a la espera de la asignación de un nuevo oficio judicial que les otorgue otro vehículo en depósito.
EL PREMIADO
Pero quien más asignaciones de depósitos de autos narcos ha recibido es el administrador judicial de Rivas, Manuel Arévalo, entre julio de 2008 y julio del 2009.
En ese período los jueces de Rivas le han consignado de oficio un carro Pathfinder de placa guatemalteca, una camioneta Mazda salvadoreña, un carro Mitsubishi salvadoreño, una camioneta Ford Mitsubishi, una Toyota Camry, de placas nicaragüenses (del quiebre hecho el 5 de enero de este año, en Sapoá, Cárdenas), una Toyota Tacoma de placas costarricenses y un carro DOGR de placa mexicana, este último ocupado el 5 de julio por tráfico internacional de droga a Francisco Castro Trejo.
En la lista en poder de LA PRENSA también han sido beneficiados jueces y policías.
SIN MUCHO QUE HABLAR
LA PRENSA buscó a la delegada de Gobernación en Rivas, Estela Morales, quien según la Ley 285 es quien debe presidir el Consejo Departamental de Lucha contra las Drogas en Rivas, para preguntarle qué está haciendo dicha instancia para velar por el cuido y distribución de los bienes provenientes del narcotráfico.
La funcionaria se limitó a decir que este Consejo no está activo y que únicamente existe una comisión interinstitucional del Código Penal “y por tanto no te puedo hablar de este tema”, argumentó.