En el actual Gobierno de Nicaragua los únicos cargos que están firmes son los del presidente Daniel Ortega y su esposa, doña Rosario Murillo de Ortega. Aparte de ellos, nadie en este Gobierno está ni se siente seguro de que continuará ejerciendo su cargo hasta que normalmente tenga que dejarlo.
Parece una exageración, pero se sabe de ministros que han confesado a personas de su entera confianza, que lo primero que hacen en la mañana es hojear los diarios, para saber si aún no los han destituido. Es que por el estilo autocrático, autoritario y conspirativo del Gobierno del presidente Daniel Ortega, a los funcionarios que destituye no se les advierte previamente; ellos se dan cuenta de que han sido despedidos, hasta que ya es del conocimiento público.
En realidad, el gobierno del FSLN, que ahora está sometido a la omnipotente voluntad del matrimonio gubernamental Ortega-Murillo, es un hervidero de intrigas, de sórdidas luchas por el poder, o más bien por los codiciados beneficios que se derivan de los cargos públicos. Las luchas por el poder en este Gobierno no se basan en diferencias por proyectos distintos para hacer mejor las cosas gubernamentales, ni se inspiran en ideas sobre organización y funciones del Estado, sino en pedestres cálculos de conseguir y retener el poder por el poder mismo, y para disfrutar las mejores cuotas posibles del botín estatal.
Muchas cabezas han rodado en el Gobierno de Ortega en esta permanente y feroz lucha por el poder en el poder. Al respecto, el miércoles 16 de septiembre del presente año LA PRENSA publicó un excelente reportaje de la periodista Arlen Cerda, titulado “Gabinete muy inestable”, en el cual se hizo ver que “Durante los dos primeros años y medio del Gobierno de Daniel Ortega cinco ministros —cuatro de ellos mujeres—, dos presidentes (de organismos gubernamentales) con rango de ministros y más de una docena de presidentes o directores de entes autónomos o descentralizados han sido cancelados de sus cargos…”. Según se aclaró en la misma pieza informativa, ese dato no incluía “las destituciones de vicetitulares ni secretarios generales de los ministerios, ni de subdirectores de entes autónomos o descentralizados, que son igual de comunes y que, como en los cargos principales, afectan principalmente a las mujeres”. “Ni los más fieles se escapan de la ‘escoba’”, se señaló en aquel reportaje de LA PRENSA.
Sociólogos e historiadores aseguran que la lucha por el poder existe en el mundo desde que se formó la sociedad humana o a partir de que se constituyó el Estado. Inclusive desde antes, pues como advierte el profesor mexicano Macario Schettino, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública, del Tecnológico de Monterrey: “Si algo caracteriza a los grandes simios, nosotros incluidos, es la lucha por el poder. Sobre todo a nuestros más cercanos parientes: gorilas y chimpancés. Es decir que de manera natural buscamos imponer nuestra voluntad a los demás, para vivir mejor que ellos. Para comer más o reproducirnos con más frecuencia, que son los grandes logros de un primate. Las comunidades de nuestros parientes cercanos son pequeñas, como pensamos que fueron las nuestras hace cien mil años. Pero nosotros logramos construir mecanismos culturales que permitieron la existencia de grupos mayores. Gracias a ello, la agricultura tuvo sentido, y después la irrigación, y poco a poco, todo lo que hoy tenemos”.
A lo largo de la historia humana, la lucha por el poder del Estado se ha venido librando a veces en forma pacífica y por medios más o menos democráticos, o de manera brutal, despiadada y criminal, como han sido, por ejemplo, los casos de las dictaduras totalitarias del siglo pasado, fascistas y comunistas, y sus remanentes y rebrotes en lo que va del siglo XXI.
Realmente, por sí misma nada de malo tiene la lucha por el poder. Al contrario, es necesaria y benéfica cuando se libra en un marco institucional, sujeta a la legalidad democrática y con respeto a los derechos de los demás. Es decir, cuando es una competencia de ideas y programas para mejor gobernar una institución o un Estado. Lo malo, e inclusive perverso, es la lucha por el poder sólo por el capricho de imponerse a los demás, por el complejo de sentirse superior a los otros y no para gobernar mejor que los demás, sino para apropiarse del botín del Estado. Cuando la lucha por el poder se libra al margen de principios y de programas de interés humano, social y nacional, sólo por la vanidad de mandar y para mejor posicionarse en el disfrute del botín gubernamental, se convierte en una acción simiesca, retrógrada e inhumana.
