Dora Martínez Díaz y María Nieves Hernández Hernández viven en la comunidad La Cuyuca, del municipio de Rancho Grande, al noreste del departamento de Matagalpa. Para ellas —con experiencias distintas— la justicia es un concepto inexistente por el cual lloran y piden que se materialice.
Para otros, cuando la justicia “medio asoma”, es tan inaccesible como la mayoría de las comunidades en ese municipio, cuya extensión territorial es de 588.23 kilómetros cuadrados, con una población estimada en más de 30 mil habitantes, de los cuales el 94 por ciento reside en zonas rurales.
Sin poder contener las lágrimas, Dora Martínez recuerda que su hijo Faustino Pérez Martínez, de 34 años, fue asesinado el 29 de mayo recién pasado y el asesino sólo estuvo preso dos meses. “Ahora anda libre y no se hizo justicia”, dice.
Por su parte, María Hernández también llora porque su hijo, José Manuel Hernández, está preso desde hace cuatro años pagando una condena de 15 años de presidio por un crimen que supuestamente nunca cometió.
En el primer caso —después de enfrentar juicios distintos en Matagalpa— quien presuntamente mató a Pérez Martínez fue absuelto (por eso omitimos su identidad), mientras que José Manuel Hernández fue encontrado culpable por el asesinato en perjuicio de Luz Marina Blandón, un crimen registrado el 23 de febrero de 2006.
Cada juicio fue conocido por jurados de conciencia, cuyos veredictos son inapelables, de acuerdo con la legislación penal.
María Hernández sostiene que su hijo es inocente, pero que lo incriminaron en la muerte de Blandón porque antes del suceso “habían tenido problemas por unas bestias que le robaron a él (…), lo detuvieron como sospechoso, pero lo hicieron culpable y él no salió de la casa ese día”.
Mientras tanto, Dora Martínez considera que el asesino de su hijo “está libre por un testigo mentiroso que llegó al Juzgado y no estuvo en el lugar (del crimen), aún cuando nosotros teníamos a los testigos que estaban en el punto y miraron morir a mi hijito”.
Ante ese tipo de situaciones, los líderes religiosos y comunitarios de Rancho Grande temen que en el municipio empiece a aplicarse la antigua Ley del Talión, cuya expresión más famosas es “ojo por ojo, diente por diente”, aparecida en el capítulo 21 del Éxodo de la Biblia.
HUYEN POR AMENAZAS
El presbítero Jorge Mairena Sánchez, titular de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Rancho Grande, sostiene que en ese municipio “hay mucha delincuencia” y se ha desatado “una ola de asesinatos”. Además, a algunos pobladores les ha tocado irse del territorio por estar amenazados de muerte.
“Como sacerdote me ha tocado persuadir a unas personas para que no vayan a tomar la justicia por sus manos”, dice el líder católico, añadiendo que “hay personas que han cometido delitos y andan libres y hay personas que conocemos acá que son inocentes y, sin embargo, están guardando prisión”.
Por su parte, José Antonio Sevilla Torres, pastor general de las 13 capillas de la iglesia Asambleas de Dios, de Rancho Grande, dice que también hay más casos de violaciones, robos y abigeatos sin denunciar, porque los autores amenazan a las víctimas.
“La violencia se ha incrementado en gran manera, sobre todo en (San Antonio de) Kuskawás, pero también destaca la tala indiscriminada de la madera en todo el municipio”, asegura Sevilla.
En tanto, el ex alcalde liberal de Rancho Grande y delegado de la Palabra por la Iglesia católica, Alfredo Zamora, sostiene que en el municipio también “está de moda los pleitos (litigios judiciales) por herencias, por servidumbres de paso en algunos caminos y por derechos de propiedad”.
El juez Local Único, Douglas López Ardila, reconoce que el año pasado conoció 148 casos penales, el doble que en el 2007. En lo que va de este año el juez ha conocido al menos 85 procesos en esa materia.
Sin embargo, por asuntos de competencia judicial, López sólo conoce de casos menos graves en materia penal y los llamados casos de menor cuantía en materia civil.
Pero en Rancho Grande, a 84 kilómetros de Matagalpa y a 214 de Managua, existen otros problemas. La fiscal auxiliar sólo llega los martes de cada semana y cuando se queda por bastante tiempo es de 8:00 a.m. a 12:00 m., coincidieron los líderes religiosos y comunitarios.
“La falta de un fiscal permanente es un problema serio y es lo que más resiente la comunidad”, admite el jefe de la unidad municipal de la Policía, teniente Ramón García, explicando que “nosotros trabajamos con plazos y cuando capturamos a un sospechoso en una comunidad lejana hay que ir y volver, pero el tiempo se nos va venciendo”.
“Cuando queremos enviar un expediente al Ministerio Público (en el vecino municipio El Tuma-La Dalia) a veces no está la fiscal o hay otras razones que hacen difícil tener acceso a la acusación o por lo menos llevar al detenido a audiencia inicial”, agrega el mando policial.
En medio de la reunión con los pobladores, el diputado Maximino Rodríguez llamó telefónicamente al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, quien se habría comprometido a recibir a una delegación de pobladores, incluyendo al alcalde liberal de Rancho Grande, Sabino Leiva, la tarde de este jueves en Matagalpa.
Rodríguez se comprometió gestionar ante la jefatura nacional de la Policía que le asignen al menos una patrulla a la unidad municipal en Rancho Grande.
En ese municipio hay 13 policías, incluyendo a una agente encargada de la cocina en la unidad policial. Mientras que un agente está fuera de servicio por enfermedad, lo que deja a 11 efectivos a cargo de la vigilancia y patrullaje en todo el territorio.
Según García, este año en Rancho Grande han registrado siete muertes violentas, entre homicidios y asesinatos, de los cuales seis han sido esclarecidos y sus responsables llevados al juez.
