El gancho legal que arrodilló ayer en el parlamento al Consejo Nacional de Universidades (CNU) pretende revolucionar en los próximos tres años el sistema educativo superior de Nicaragua, dejando al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) como amo y señor.
La Asamblea Nacional aprobó ayer por consenso y en su totalidad la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del sistema nacional para el aseguramiento de la calidad en la educación, el cual impondrá nuevos parámetros para que las universidades se mantengan con vida.
Los diputados anularon al CNU el derecho de autorizar la creación y funcionamiento de nuevas universidades. Ese privilegio lo tendrá el CNEA, presidido por el ex diputado Orlando Mayorga.
El titular del CNU, Telémaco Talavera, aseguró que la nueva ley es una “aberración técnica, académica y jurídica”, por lo cual se opondrá legalmente.
LAS FACULTADES DEL CNEA
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Orgánica del CNEA, los interesados en abrir nuevas universidades ya no tendrán que rendir cuentas al CNU.
“Es función del CNEA autorizar la apertura de nuevas universidades, centros de educación técnicos superiores, campus y sedes territoriales, siempre que estos proyectos cumplieren con los requisitos mínimos para garantizar una educación de calidad (...). A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la Asamblea Nacional otorgará personalidad jurídica solamente a aquellas instituciones que presenten la correspondiente autorización otorgada por el CNEA”, dice literalmente el artículo 74 de la ley.
El presidente del CNU, Telémaco Talavera, sostuvo que ese precepto choca frontalmente con el artículo 58 de la Ley de Autonomía Universitaria.
“Es violatorio a lo que establece la Ley de Autonomía, que indica claramente que es facultad del CNU autorizar la apertura o cierre de universidades. Vamos a recurrir, pero no vamos a permitir eso, (porque) eso es restarle facultades al CNU”, criticó Talavera.
DEMOLEDORA CRÍTICA DEDIPUTADO LÓPEZ AL CNU
El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Wilber López, miembro de la Comisión de Educación, Medios de Comunicación Social, Cultura y Deportes, explicó que la nueva ley del CNEA derogó lo establecido en la Ley de Autonomía Universitaria.
Además, López afirmó que parte de la crítica vertida por Talavera a la nueva ley se debe a que el CNU ya no recibirá fondos por evaluar a las universidades.
“Para evaluar, para aprobar una universidad, antes ellos (CNU) requerían de un porcentaje, se habla de 20 mil dólares, de 25 mil dólares para evaluarlas, pero ahora eso ya no se va a hacer. Ésa es la aberración que había en la ley y por eso lo estamos cambiando”, indicó López.
El representante de BDN también criticó al CNU por la administración que ha efectuado sobre el seis por ciento que del presupuesto nacional se destina a las universidades.
“¿Dónde está el seis por ciento? La Constitución dice que el seis por ciento es para las universidades, no para el CNU y el CNU recibe 20 millones, 25 millones de córdobas, más lo que le generaban las universidades privadas, que ya no se lo van a generar. Creo que ésa es la aberración de la que él habla”, dijo López.
De acuerdo con los diputados, las universidades que no presenten una certificado de aprobación del CNEA tampoco tendrán acceso a su partida del seis por ciento constitucional.
Por su parte, Talavera manifestó que en ningún país del mundo el organismo encargado de evaluar a las universidades también da la aprobación para abrir nuevas casas de estudio.
EL PASTEL UNIVERSITARIO
Según el inventario de universidades que publicó el pasado 5 de octubre el CNU, en Nicaragua existen 53 casas de estudios superiores.
Talavera precisó que hay dos universidades comunitarias, cuatro privadas, miembros del CNU, y cuatro públicas-estatales. También están las academias de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua.
El número de estudiantes universitarios ronda los 125 mil, apuntó Talavera.
El presidente del CNU detalló que Nicaragua apenas cubre al 20 por ciento de la población en edad de llevar estudios universitarios.
La media de cobertura en Latinoamérica es del 28.5 por ciento y en los países desarrollados alcanza el 54.5 por ciento.
“No hay muchos profesionales, lo que hay es un atraso económico y social, no hay trabajo”, expresó Talavera.
EL OBJETIVO DE LA NUEVA LEY
La ley gozó del consenso del sistema educativo, hasta que el CNU se vio defenestrado por el CNEA en lo relativo a la aprobación de nuevas universidades.
Tanto Talavera como López y Mayorga coincidieron en que el nuevo marco legal mejorará la calidad de la educación superior.
Cuando la ley tenga vigencia, el CNEA impulsará un proceso de autoevaluación en las universidades, para definir cuántas cumplen con los parámetros y cuántas no.
Las casas de estudios superiores tendrán un período de dos años para llenar los requisitos que establecerá el CNEA, dijo el diputado López.
Las fuentes no descartaron que varias universidades sean forzadas a cerrar, aunque advirtieron que ése no es el objetivo de la ley.
“El sentido no es cerrar universidades, sino consolidarlas para mejorar, avanzar, que el sistema educativo avance”, advirtió el diputado López.
“Las universidades que no se integren al proceso de autoevaluación serán notificadas ante la Asamblea Nacional, la cual da la personería jurídica y la quita”, señaló Mayorga.
Según el artículo 73 de la nueva ley, “el CNEA será el ente rector y máxima autoridad del sistema nacional de evaluación y acreditación. Tendrá a su cargo la dirección, planificación y coordinación del sistema. Poseerá autonomía administrativa, técnica y financiera. Capacidad normativa para regular los procesos de aseguramiento de la calidad y gozará de personalidad jurídica de derecho público”.
La batalla legal entre el CNU y el CNEA apenas empieza.
