La crisis política de Honduras repercute directamente en Nicaragua, no sólo por la vecindad de los dos países ni porque el Gobierno de Daniel Ortega ha facilitado el territorio nacional a Manuel Zelaya para respaldar sus intentos de recuperar el poder. En realidad, la crisis hondureña le interesa a los nicaragüenses porque si Zelaya logra recuperar el poder, ganaría la estrategia de Hugo Chávez de expandir su proyecto totalitario de socialismo del siglo XXI, y por lo tanto se fortalecería el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua. Por el contrario, si Zelaya resulta definitivamente derrotado y se consolida la democracia en Honduras, esto levantaría el ánimo de las fuerzas democráticas de Nicaragua y las fortalecería.
Esta semana la crisis de Honduras ha entrado a una fase de negociación, después que parecía que ese país se precipitaría en el abismo de una guerra civil e internacional, y que la democracia hondureña sucumbiría ante el proyecto político antidemocrático de Manuel Zelaya, que es el mismo de Hugo Chávez en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia y de Daniel Ortega en Nicaragua.
Después que la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la destitución de Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, ese mismo día se reunieron en Managua varios gobernantes latinoamericanos, orquestados por Hugo Chávez, quien amenazó con derrocar al gobierno interino de Micheletti en el caso de que no le devolviera el poder a Zelaya. Una semana después, el domingo 2 de julio, Zelaya trató de aterrizar en el aeropuerto de Tegucigalpa y encabezar una insurrección, pero falló en el intento. A fines de julio, los zelayistas se tomaron la ciudad de Ocotal y parte de la zona fronteriza de Nicaragua con Honduras, y de nuevo Zelaya quiso entrar por la fuerza al territorio hondureño. Finalmente, el lunes 21 de septiembre Zelaya logró entrar clandestinamente a Honduras y se atrincheró en la Embajada de Brasil, desde donde volvió a convocar a la insurrección de sus partidarios para tratar de recuperar el poder.
En el entretanto de esos acontecimientos alentados por los gobernantes izquierdistas del Alba de Hugo Chávez, surgió la propuesta del presidente costarricense Óscar Arias para mediar en el conflicto. A partir de ahí Chávez perdió la iniciativa en el manejo de la crisis hondureña, el cual pasó a manos de Estados Unidos y Brasil. Y ahora, finalmente los hondureños parecen haber tomado en sus manos la búsqueda de una solución negociada a la crisis política de su país.
Pero desde que se desencadenó la crisis de Honduras, voces democráticas y sensatas han dicho que el mejor medio para resolver ese delicado conflicto, es el de las elecciones libres y limpias que están programadas para ser realizadas el 29 de noviembre próximo, y el consiguiente cambio de gobierno, el 29 de enero del año entrante. En este marco inclusive se ha planteado la posibilidad de que el presidente Micheletti renuncie al cargo, que el depuesto Zelaya no siga pretendiendo recuperar el poder y que se constituya un gobierno interino encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como lo prevé la Constitución hondureña. Realmente, ¿qué mejor solución democrática se podría dar a la crisis política, que la voluntad popular manifestada en las urnas electorales y el respeto a la Constitución?
Según los observadores bien informados de la situación hondureña, al comenzar las negociaciones políticas de esta semana se pueden avistar tres posibilidades de solución a la crisis. Una, que el gobierno provisional de Micheletti siga en funciones hasta el 29 de enero de 2010, cuando tome posesión el nuevo presidente elegido en los comicios del 29 de noviembre próximo. Otra, que Micheletti y Zelaya se retiren y se forme un gobierno de transición, el cual ejercería sus funciones hasta el 29 de enero de 2010. Y la tercera, que Zelaya vuelva a la presidencia, pero hasta después de las elecciones del 29 de noviembre y sin atribuciones efectivas de gobierno, sólo para que entregue la banda presidencial al nuevo mandatario, el 29 de enero del otro año.
O sea que todos los caminos hacia la solución de la crisis pasan por las elecciones y la aceptación de sus resultados. Sólo Zelaya, pero sobre todo sus seguidores y padrinos, que son más radicales que él mismo, siguen insistiendo en que le devuelvan el poder incondicionalmente, lo cual es jurídica y prácticamente imposible. Zelaya tiene que aceptar su derrota, que al fin y al cabo es la inevitable consecuencia de sus graves errores y su falta de visión.
