El viernes de la semana pasada, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley para una nueva reforma presupuestaria, la tercera en este año, con la demanda de que sea aprobada con trámite de urgencia —es decir, sin pasarla a comisión—, para que sea discutida y aprobada de manera directa e inmediata por el plenario legislativo.
Pero si la Asamblea Nacional acepta esa solicitud de trámite de urgencia, la nueva reforma presupuestaria no se podría analizar como es debido y no se podría consultar la opinión ni tomar en cuenta las propuestas de los sectores y personas interesadas, ni siquiera de los que serán más afectados por la propuesta gubernamental. De manera que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe rechazar la solicitud de trámite de urgencia y mandar la iniciativa de reforma presupuestaria a la Comisión de Asuntos Económicos para su debido estudio, consulta y dictamen.
Pero aún en el caso de que la Junta Directiva decidiera someter la iniciativa de reforma presupuestaria con la precipitación que quiere el Gobierno, el Plenario puede y debe enviarla a comisión de acuerdo con el Artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que de tal manera lo dispone “cuando así convenga a los intereses de la nación, a juicio de la mayoría absoluta de los diputados”.
En realidad, el gobierno de Ortega pretende mediante esta reforma presupuestaria sacrificar obras de infraestructura y el financiamiento del recién creado banco de fomento de la producción, en vez de reducir los desmesurados gastos burocráticos y el derroche gubernamental, y por lo tanto este es uno de los casos de conveniencia nacional que se prevén en el artículo antes mencionado de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
Según el Gobierno, la urgencia de aprobar esta iniciativa de ley se debe a que dentro de una semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) va a analizar la situación de su programa económico con Nicaragua, el cual no sería aceptado sin la previa aprobación de la reforma presupuestaria de lo cual depende el desembolso inmediato de 35 millones de dólares. Sin embargo, el diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, aclaró públicamente que esa reunión del FMI a fines de octubre no tiene mayor importancia a estas alturas, “porque ya el programa con el Fondo tiene un año de estar congelado”.
El trámite de urgencia para la aprobación de las iniciativas de ley del Poder Ejecutivo es realmente un mal hábito del Gobierno. De lo que se trata en el fondo es que, por su talante autoritario, Daniel Ortega quiere que sus propuestas legislativas sean aprobadas a la carrera, sin pasar por las comisiones correspondientes, sin consultar a los distintos sectores interesados y mucho menos a la población en general. En el ámbito legislativo el trámite de urgencia para aprobar las iniciativas de ley del Ejecutivo, ha venido a ser como la exclusión del procedimiento de las licitaciones para las compras de bienes y servicios en el sector administrativo del Estado. Es que, si bien es cierto que el trámite legislativo de urgencia y la exclusión del procedimiento de las licitaciones, son válidos si realmente existe una situación de emergencia, cuando no la hay significan una manifestación de autoritarismo, por un lado, y por otra parte una fuente de corrupción gubernamental.
En el procedimiento para la formación de la ley establecido en el Artículo 141 de la Constitución, uno de sus eslabones fundamentales es el trámite de las iniciativas legislativas en las comisiones que las dictaminan. Esto es un elemento esencial de la democracia legislativa, independientemente del tiempo que se tomen las comisiones dictaminadoras. Como dice la catedrática de Derecho Político de la Universidad Complutense de Madrid, María Asunción García Martínez, en su libro El procedimiento legislativo, “los procedimientos han de ser largos, pues su duración está justificada en razón de la participación de las minorías y la publicidad del procedimiento que permite la formación de la opinión pública respecto al equipo gobernante y sus alternativas”.
De manera que las bancadas de oposición no deben aceptar el trámite de urgencia que requiere Daniel Ortega para su equívoca propuesta de reforma presupuestaria. Esta debe ser enviada a comisión para hacer las consultas a cuantos sectores y personas tengan algo importante que decir al respecto, para abrir el tema a la discusión pública y para mejorarla con todas las modificaciones que sean necesarias.
