Es absurdo, por decir lo menos, que los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República digan que no pueden hacer nada para controlar a Albanisa, la cual está conformada en un 51 por ciento por la empresa venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), y 49 por ciento por Petróleos de Nicaragua (Petronic), que es una empresa pública nicaragüense. En realidad, Albanisa sí puede y debe ser fiscalizada por la Contraloría, puesto que por mandato del artículo 8, inciso 1, de la ley del ente fiscalizador del Estado, éste tiene la obligación de “Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales”; y el inciso 3 del mismo artículo 8 señala que le corresponde (a la Contraloría): “El control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público”.
En un amplio y revelador reportaje del periodista de LA PRENSA, Moisés Martínez, que fue publicado la semana pasada en cuatro entregas más un par de notas de seguimiento, se puso al descubierto el gran negocio con el combustible que está realizando Albanisa, prácticamente sin haber hecho ninguna inversión y sin que nadie la controle. Y se demuestra que Albanisa, al formar parte de ella la empresa pública Petronic tiene que ser supervisada por la Contraloría General de la República, pero por estar de por medio los intereses personales del presidente Ortega y los de su partido FSLN, los contralores no han querido o no se han atrevido a cumplir su deber.
Albanisa, tal como informó LA PRENSA en el reportaje de la semana pasada, “fue inscrita bajo la figura de la sociedad anónima, usual en los agentes privados, en el registro mercantil de Managua el 24 de octubre de 2008. El representante legal establecido en los documentos registrales es Francisco López”, quien también es presidente de Petronic y tesorero del FSLN, el partido de Daniel Ortega. De manera que, tal como precisó el economista, abogado y político Edmundo Jarquín Calderón: “Albanisa es una empresa pública que debería estar sujeta a todas las instancias de supervisión y control, principalmente de la Contraloría General de la República y de la Asamblea Nacional”.
Por su lado el ex viceministro de Finanzas, René Vallecillo, aclaró que “si hay participación del Estado en una sociedad mercantil o en una sociedad anónima, evidentemente hay un interés público y por lo tanto debe estar sujeta al control del Estado por la parte que le corresponde a su porcentaje accionario, (pues) cuando hay participación del Estado la acción de control y fiscalización debe ser llevada por la Contraloría General de la República”.
En ese mismo orden, el economista de la Coordinadora Civil, Adolfo Acevedo, advirtió que “Nicaragua no está totalmente aislada de las deudas de Albanisa. El problema que veo es que el acuerdo energético (con Venezuela, firmado en mayo del 2007) está suscrito en el marco de la iniciativa del Petrocaribe, de la que Nicaragua es suscriptor. Y este acuerdo fue aprobado por la Asamblea Nacional. Los diputados ahora se lavan las manos y dicen que no hay deuda, pero está este acuerdo aprobado por ellos”.
A propósito de este señalamiento de Acevedo, y de lo dicho por Edmundo Jarquín acerca de que Albanisa debería ser supervisada y fiscalizada no sólo por la Contraloría, sino también por la Asamblea Nacional, cabe mencionar que el contralor Lino Hernández dijo en LA PRENSA del viernes pasado, que “desde su perspectiva quien tendría que tomar una postura firme sobre el Grupo Alba es la Asamblea Nacional”. Mientras que el presidente del Cosep, José Adán Aguerri anunció que dicho organismo empresarial va a proponer que el acuerdo del Alba sea convertido en un tratado comercial entre Venezuela y Nicaragua, debidamente sancionado por la Asamblea Nacional.
De manera que los diputados deberían tomarles la palabra, iniciar una investigación del suculento negocio de Albanisa y proponer en la Asamblea Nacional las medidas institucionales apropiadas, para que ese monstruo económico sea sometido a la necesaria supervisión pública. Y entre esas medidas habría que decidir la incorporación de los fondos de la cooperación petrolera venezolana al presupuesto nacional y considerar la propuesta de convertir el turbio acuerdo del Alba en un transparente tratado comercial de Nicaragua con Venezuela.
