Uno de los funcionarios de fronteras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), denunciado en el caso de violación de una joven compañera de trabajo, pretende distraer la atención en el caso y ha introducido dos denuncias, por supuestas amenazas de muerte, en contra del padre de la víctima.
El padre de la joven ultrajada fue advertido de esa situación por autoridades de la Fiscalía y expresó su temor de que en el Distrito Cuatro de la Policía Nacional se presten a la manipulación que pretende hacer el funcionario de apellido Solórzano, quien aparece en la Fiscalía denunciado como cómplice en la violación.
Extrañamente la denuncia se conoce al mismo tiempo que trascendió, de forma extraoficial, que la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, decidió suspender de sus funciones a los dos sospechosos.
Aunque la disposición de Morales ocurrió a mediados de septiembre, fue hasta ayer que se conoció la misma.
No obstante, la ministra Morales tomó la medida posterior a la denuncia pública que hizo la víctima a través de LA PRENSA y que también sirvió para que otras autoridades de justicia, como la Fiscalía y la Policía Nacional, decidieran investigar a fondo lo sucedido.
La denuncia fue introducida un día después de ocurrido el hecho, el pasado 25 de julio, en contra de un funcionario de apellido Reyes. Pero todavía el 4 de septiembre, cuando Morales fue consultada al terminar una misa en la Catedral Metropolitana de Managua, alegó que no podía suspender a los sospechosos, que también son militantes sandinistas. Y hasta se llegó a especular que el principal sospechoso era ahijado de Morales.
En ese momento LA PRENSA consultó a la titular de Gobernación por qué no había sancionado a los dos funcionarios.
“Porque la Policía no los ha detenido. Si la Policía no los detiene, ¿por qué los voy a sancionar? ¿Me entendés?, están en proceso de investigación”, fue la respuesta que en esa ocasión ofreció la ministra Morales.
LA PRENSA conoció que, en una reunión reciente, uno de los directores de Gobernación habría llegado a preguntar a Morales sobre esta situación, pero según fuentes extraoficiales la titular de Gobernación no le respondió.
FISCAL ADJUNTA PROMETIÓ HACER JUSTICIA
El pasado 28 de septiembre la fiscal adjunta Ana Julia Guido declaró a LA PRENSA que a su criterio los funcionarios de la DGME involucrados en el caso de violación debieron haber sido detenidos de inmediato.
“Sobre ese caso, quiero decirle que nosotros hemos dicho que aquí no podemos dejar pasar, aunque sea un funcionario. Es más, cuando es un funcionario público se supone que conoce las leyes y doblemente debe ser el castigo, porque ante la opinión pública debe quedar en evidencia y además ante los tribunales de justicia”, sostuvo en ese momento la fiscal Guido.
El 25 de julio pasado a muchacha fue invitada a pasear por su jefa inmediata, de apellido Guevara, y lo que pensó serían momentos agradables para departir con sus compañeros se volvió una pesadilla.
Recuerda que esa noche supuestamente Reyes y Solórzano (los señalados de la violación) la llevarían a ella a su casa, pero no lo hicieron. En lugar de eso se dirigieron primero a una gasolinera, donde compraron cervezas, y ante la insistencia de ella de que la dejaran ir, Reyes hasta la golpeó.
