La Asociación de Microfinancieras de Nicaragua (Asomif) rechazó el proyecto de ley que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dictaminó el jueves recién pasado, argumentando que lo planteado constituye una violación a la Constitución y las leyes.
“Cuando decimos que es inconstitucional este dictamen, lo decimos porque en realidad la definición de tasas de interés no es competencia de la Asamblea Nacional, es del Banco Central de Nicaragua (BCN)”, expresó René Romero, vicepresidente de Asomif.
El proyecto, tal y como fue dictaminado, significaría pérdidas para el sector de por lo menos 20 millones de dólares, solamente en el primer año, debido a estas reestructuraciones a esta tasa de interés, expresó Romero.
Por otro lado, Alfredo Alaniz, directivo de Asomif, destacó que con ese 12 por ciento de interés las microfinancieras no cubren “ni los costos financieros de los créditos”. Agregó que como organización, si la Asamblea aprueba la ley, no les quedaría otra opción que recurrir por inconstitucionalidad. “Esperamos no tener que llegar a eso”, dijo Alaniz.
Según Asomif, reestructurar los créditos a una tasa del 12 por ciento “infringe y reforma la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares y la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras”.
Según Romero, las microfinancieras están reguladas por la ley de préstamos entre particulares, la cual establece que la tasa de interés a la cual estas entidades otorgarán crédito es la que establezca mensualmente el Banco Central de Nicaragua, la cual para el mes de octubre es de 18.3 por ciento.
Romero agrega que esta propuesta no está basada en ningún estudio técnico de costos “y pone en peligro la sostenibilidad financiera de las instituciones y la oferta de créditos a los micro y pequeños empresarios”.
Las microfinancieras nacionales inyectan a la economía un total de 246 millones de dólares, en 350.4 mil clientes, principalmente pequeños empresarios y pequeños productores en todo el país, según la memoria anual de la institución.
Según Romero, el principal punto de tensión en el proyecto de ley es el de la tasa de interés. “En el resto de la propuesta estamos de acuerdo, nosotros propusimos a la Asamblea plazos de 3 a 4 años para las reestructuración, sin embargo, aún en contra de nuestra verdadera situación, aceptamos un plazo de cinco años para reestructurar deudas”.
Por otro lado, según afirma, no están de acuerdo tampoco con la propuesta de que sea la Dirección de Defensa de los Consumidores del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, quien regule el cumplimiento de esta ley, ya que éstas son competencias “exclusivas del órgano supervisor del sistema financiero”.
El gremio de microfinanzas recordó el acuerdo que firmaron en febrero de este año con el Gobierno, que se comprometió a “rechazar cualquier iniciativa de ley y cualquier acción que no contribuya a fomentar la seguridad jurídica necesaria para incentivar la inversión privada, el crédito a la producción y la generación de empleo”.
DIPUTADOS DIVIDIDOS
Mientras el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, defendió el dictamen, el liberal Wilfredo Navarro lo calificó de “ilegal”.
Gutiérrez adujo que el dictamen es “balanceado y apegado a derecho”, pero a la vez discutible en el plenario, al momento de la votación.
Sin embargo, Navarro insistió en que el proyecto premia a las personas que “hicieron violencia, quemaron y alborotaron la propiedad privada”.
“Es inconstitucional lo del 12 por ciento, porque nunca la Asamblea Nacional se ha metido a fijar tasas de interés, siempre se ha respetado las legislaciones bancarias”, añadió Navarro.
El movimiento No Pago, ligado al orteguismo, ha causado daños contra las sucursales de las microfinancieras en los departamentos donde han otorgado créditos. Asimismo, han amenazado directamente a empleados de dichas instituciones, sin embargo, ahora los diputados sandinistas premian la violencia y la cultura de no pagar, como lo hacían en el régimen de Daniel Ortega en la década del ochenta.
