El consejo de contralores discutió ayer en su sesión ordinaria sobre las publicaciones de LA PRENSA, referidas a las operaciones del Grupo Alba y su situación jurídica, y acordaron analizar el caso de este holding vinculado a la familia presidencial en el transcurso de los próximos días para formalmente tomar una decisión.
El contralor colegiado Lino Hernández Trigueros informó que el tema fue abordado de manera informal por los titulares de la Contraloría y durante la discusión se barajaron las posibles alternativas a las que podría acceder el ente fiscalizador sobre las operaciones del Grupo Alba y su empresa madre, Alba Petróleos de Nicaragua (Albanisa).
Hernández Trigueros defendió la postura que la CGR ha tomado en este caso, aduciendo que se ha “satanizado” a esta instancia, cuando desde su perspectiva quien tendría que tomar una postura firme sobre el Grupo Alba es la Asamblea Nacional.
“Sí se discutió el tema en el consejo y se vieron cuáles eran las posibles opciones. Tenés que tomar en cuenta que las únicas informaciones que tenemos son las que han aparecido en los diarios y no podemos actuar solamente en base a eso. Quedamos en analizar con profundidad las informaciones mencionadas y probablemente tomar una decisión la próxima semana o poco después”, explicó.
LA PRENSA ha publicado varios análisis e investigaciones sobre cómo el Grupo Alba ha expandido su patrimonio, refiriendo los informes sobre aquellas inversiones o compras que han sido documentadas o confirmadas por las mismas autoridades de Gobierno.
También se informó los cuestionamientos a la Contraloría de algunos especialistas referentes a la pasividad del ente fiscalizador sobre las operaciones de este polémico holding y la posibilidad de que las deudas adquiridas de este consorcio por el acuerdo petrolero con Venezuela sean asumidas por Nicaragua.
“Pues las opciones que discutimos son la posibilidad de pedirles información o hacer un llamado para que cumplan la Ley de Acceso a la Información o la misma Ley de Transparencia, que establecen que las empresas del Estado o las empresas mixtas tienen que colocar en su sitio web la información referida a sus inversiones o entregarle a quien la solicite. Posiblemente paguemos una publicación en la que se recuerde a este tipo de empresas que deben cumplir con estos requerimientos”, declaró Hernández Trigueros.
Albanisa está conformada en un 51 por ciento por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en un 49 por ciento la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic).
El representante legal de la misma es Francisco López, vicepresidente de la empresa, presidente de la estatal Petronic, tesorero del Frente Sandinista y uno de los empleados más incondicionales del presidente Daniel Ortega.
Los sitios web de ambas instancias, pese a que tienen años de estar operando, no reflejan ninguna información sobre las transacciones financieras de ambas entidades.
El contralor rechazó las críticas de políticos opositores y economistas independientes referidas a la poca beligerancia de la Contraloría para intervenir en Albanisa, cuando ésta está conformada en un 49 por ciento por una empresa estatal.
“Pues he visto varios señalamientos que la Contraloría acá, que la Contraloría no hace nada con Albanisa. Hombré, pero si la Ley de Transparencia establece claramente que es la Asamblea Nacional la que tiene que pedir informaciones sobre las inversiones u operaciones en la que están involucradas empresas del Gobierno o empresas mixtas. Ellos tienen esa potestad, por medio de la Comisión Económica”, insistió el contralor Hernández Trigueros.
La última inversión hecha por Albanisa pudo haber tenido un costo de más de 50 millones de dólares. La compra de los activos de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) le permitió al consorcio presidencial hacerse del control del 100 por ciento de la importación petrolera del país y también poseer el 73 por ciento de la capacidad de almacenaje del complejo petrolero en Puerto Corinto.
Desde 2007, Albanisa ha manejado unos 600 millones de dólares.
