El Estado, cuando está en manos de personas como las que gobiernan actualmente en Nicaragua, es como el forajido que asalta y roba a la gente sin considerar los esfuerzos y hasta sacrificios que sus víctimas han hecho para ganarse honradamente el dinero o los bienes que ellos —los asaltantes— les arrebatan por medio de la fuerza.
En realidad, aun con gobernantes respetuosos del Estado de Derecho e interesados en promover el crecimiento económico y el desarrollo social, los impuestos, como la misma palabra lo indica y tal como lo hace ver el enciclopedista hispano-argentino Guillermo Cabanellas, tienen el doble sentido de ser obligatorios e ingratos. Pero los impuestos son tolerables y la gente los paga con gusto, cuando está segura de que son razonables y que en su mayor parte sirven para financiar los programas y las instituciones sociales que están a cargo del Estado.
Muy diferente es la situación en Nicaragua, donde gobiernan individuos que son políticamente autoritarios y económica y administrativamente irresponsables, que usan el poder coercitivo del Estado y los mecanismos tributarios del Gobierno para esquilmar a la población, para financiar la corrupción y el derroche de la alta burocracia, para cubrir el déficit fiscal que ellos mismos provocan con su mala administración, e incluso para competir deslealmente con el sector empresarial privado en beneficio de los suculentos negocios que la nueva oligarquía orteguista hace al amparo del Gobierno. En este caso, los impuestos, además de ser obligatorios e ingratos expresan una política de voracidad fiscal, que el mismo Guillermo Cabanellas define como “el ansia que para las extracciones de fondos particulares y hasta para despojos continuos e implacables revela el Fisco (como se le llama al ‘conjunto de los organismos públicos que se ocupan de la recaudación de impuestos’) ante sus crecientes gastos, no pocos por desbordamiento burocrático…”.
En realidad, sólo como una voracidad fiscal se puede considerar la reforma recaudatoria que el Gobierno de Daniel Ortega pretende imponer para enfrentar la crisis presupuestaria que él mismo ha provocado con sus políticas inviables, para resarcir la pérdida del financiamiento internacional de la brecha entre los ingresos y los gastos del Estado, pérdida de recursos que también ha sido causada por el régimen orteguista con el fraude electoral del año pasado.
Como han explicado muy bien los empresarios privados, los expertos en tributación y los economistas independientes, la irrazonable reforma tributaria que pretende imponer el Gobierno de Ortega tal vez podría resolver, momentáneamente, la gran necesidad gubernamental de recursos económicos. Pero a cambio causará más recesión e inclusive crisis económica, mandará a la quiebra a más empresas y negocios de todo tipo y tamaño, estrujará todavía más a las capas medias, impedirá la apertura de nuevas fuentes de trabajo y lanzará más trabajadores al desempleo, incrementará la pobreza y, en fin, terminará de arruinar la ya deteriorada economía de todos los nicaragüenses; salvo, por supuesto, la del emporio político-familiar gobernante que está bailando la danza de los millones en medio de la crisis económica nacional y el empobrecimiento general de la sociedad nicaragüense.
Los empresarios, los expertos tributarios y los economistas han advertido que el efecto inevitable de gravar los negocios e ingresos con más impuestos, es que los desincentiva, cuando lo que hace falta es estimularlos. Ciertamente, si a los que más producen y ganan se les castiga por ser eficientes y exitosos, ¿quién querrá prosperar si el fruto de su esfuerzo se lo va a confiscar el Gobierno por medio de los impuestos? Y el resultado, a la postre, será que el mismo Gobierno recaudará menos impuestos.
Pero los diputados de la oposición, que siguen siendo mayoría a pesar de todo, pueden impedir que el Gobierno de Ortega imponga su insensata reforma recaudatoria. Para eso ni siquiera tendrían que rechazar formalmente la propuesta gubernamental. Bastaría con que la transformaran en una ley que pueda servir para ensanchar la base tributaria, para incentivar la inversión nacional y extranjera, para motivar a la gente a hacer negocios y conseguir mejores dividendos —que al fin y al cabo es lo único que impulsa el crecimiento y desarrollo de la actividad productiva y comercial—; y en fin, para garantizar un clima razonable de tributación que le permita al mismo Gobierno recaudar más impuestos. La propuesta de los empresarios privados es clara y precisa al respecto. Lo único que tienen que hacer los diputados de oposición es introducirla en la iniciativa del Gobierno y sacar de ésta toda la basura recaudatoria que contiene.
