La actividad de proselitismo político que las comisionadas policiales Mercedes Ampié, Elizabeth Rodríguez y Mirlen Méndez realizaron el domingo pasado al participar en una asamblea del FSLN por la reelección presidencial de Daniel Ortega, es una flagrante violación a la Constitución Política de la República y una infracción muy grave de la Ley de la Policía Nacional y su Reglamento.
Según el artículo 97 de la Constitución, “la Policía Nacional es una institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”. Y en consonancia con ese mandato constitucional, el artículo 2 de la Ley de la Policía Nacional (Ley 228) determina que los miembros del cuerpo policial “no podrán realizar proselitismo político dentro o fuera de la institución, ni desempeñar cargos de carácter civil”.
Es lógico que así sea. Ningún empleado o funcionario del Estado, en términos generales, debe hacer proselitismo político en las instituciones gubernamentales ni usar los recursos públicos para hacer política fuera del Gobierno. Pero con mucha mayor razón esta prohibición se debe aplicar a los militares y policías, puesto que no son funcionarios públicos comunes y corrientes sino personas que tienen autoridad y mando coercitivo sobre los ciudadanos; ellos son agentes del Estado que portan armas y las pueden usar contra cualquier persona de la población, cuando así lo consideran necesario para el cumplimiento de sus funciones.
De manera que un policía que hace proselitismo político, practica una especial política uniformada, investida de autoridad pública y armada. Ésta es una acción ventajista y un abuso de autoridad, del uniforme y de las armas de reglamento que se ponen al servicio de una causa partidista. Y es peor el abuso, si el proselitismo es a favor de un partido como el FSLN que practica la violencia como forma de lucha política, tal como lo acaba de demostrar una vez más con el pleito entre orteguistas de Ciudad Sandino.
El proselitismo político de los miembros de la institución policial es una infracción tan grave, que si fuese el Director o la Directora General de la Policía Nacional quien lo practicara, podría ser destituido del cargo según señala el inciso 2 del artículo 89 de la antes mencionada Ley 228. Por su parte, el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, en su artículo 14 califica como “infracción muy grave” “prestar colaboración a organismos políticos o sindicales, de manera tal que comprometan la credibilidad de la Institución”. Y sin duda que las comisionadas Ampié, Rodríguez y Méndez han prestado una extraordinaria colaboración al FSLN con su participación en la asamblea partidista del domingo pasado, comprometiendo gravemente la credibilidad de la Policía Nacional.
Ahora bien, el mismo Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional establece en su artículo 17 las sanciones que se deben imponer al miembro de la institución que cometa una infracción muy grave, entre las cuales se encuentra la baja. Suponemos que por eso fue que la Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, censuró públicamente a las comisionadas infractoras y dijo que se iba a reunir con ellas para “escucharlas y dejar clara la situación”.
En realidad, lo que tiene que aclarar la Policía Nacional es el caso de la baja de la comisionada Mirna Fabri Medrano, acerca del cual fuentes policiales —que por razones obvias han pedido no ser identificadas— aseguran que la sacaron de la institución porque su esposo simpatiza con el partido de izquierda democrática MRS. Si esto fuera cierto, la baja de la comisionada Fabri Medrano sería una grave arbitrariedad que pondría más en entredicho a la Policía Nacional. Y en el caso de las comisionadas que descaradamente han hecho proselitismo político, lo único que cabe es abrirles un procedimiento disciplinario y aplicar las sanciones que legalmente corresponden.
La primera comisionada Granera no debe vacilar en cumplir su deber legal y moral de hacer respetar la Constitución y la Ley de la Policía Nacional y sus reglamentos. Y esto significa sancionar a las miembros de la institución que han hecho proselitismo político. Esto es absolutamente indispensable para proteger la legalidad de la Policía Nacional de impedir que siga siendo pervertida por el proselitismo político y el compromiso partidista de quienes, evidentemente, quieren que la institución deje de ser Nacional y vuelva a ser una guardia pretoriana, como lo era antes de ser institucionalizada y profesionalizada de acuerdo con los principios democráticos fundamentales de la Constitución Política de la República.
