El miércoles fueron los donantes. Ayer, un nutrido grupo de organizaciones sociales y gremiales y representantes del sector privado los que “sugirieron”, a través de la “Propuesta de la Sociedad Civil para Restaurar la Confianza en el Sistema Electoral”, acciones para fortalecer el sistema electoral y garantizar que no se repita el fraude perpetrado en las elecciones de noviembre del 2008.
De ser aplicada la propuesta, culminaría la crisis política que afecta al país.
Aunque el Gobierno ha dicho que el tema de las elecciones está cerrado, los promotores de la iniciativa confían en que, para mejorar su imagen y recuperar los fondos de la cooperación que han sido retirados, el Gobierno “rectifique” y acoja la propuesta.
La propuesta del Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE) sugiere la renuncia o destitución inmediata de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la elección de nuevos funcionarios, a través de un proceso desvinculado de los partidos políticos y basado en el prestigio profesional y moral de los postulantes, explicó Mauricio Zúñiga, del GPRE.
REFORMAS ELECTORALES
Además, exige que los magistrados que resulten electos corrijan los errores cometidos por sus antecesores, para legitimar y dejar transparentes los resultados de las elecciones municipales de noviembre del 2008.
El documento establece que para recuperar la credibilidad del Poder Electoral se realicen reformas básicas a la Ley Electoral, sin tocar la Constitución, para que establezcan, entre otras cosas, la obligatoriedad de la observación electoral.
Las organizaciones consideran que el CSE debe convertirse en una institución independiente, con plena autonomía. Estiman que eso se conseguirá nombrando a los miembros de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales de manera proporcional a los votos obtenidos por los partidos en la última elección de diputados.
Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) serían elegidos de manera aleatoria, del padrón electoral en cada municipio.
Para lograr que el sistema electoral sea más inclusivo y que respete el pluralismo político, piden que se flexibilicen los requisitos para la formación de alianzas electorales. Y que la elección de diputados y concejales sea mediante listas cerradas, pero no bloqueadas, para que los ciudadanos decidan el orden de las listas de candidatos presentadas por los partidos.
La propuesta también contempla que se restaure el derecho de presentar candidaturas por suscripción popular, en elecciones municipales y regionales, y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con el establecimiento de cuotas de participación.
Por último, para garantizar la transparencia de los procesos electorales recomienda que las reformas establezcan que, en un término de 72 horas, el CSE esté obligado a divulgar la totalidad de los resultados preliminares y totales, detallados por JRV y basados en las actas de escrutinio.
La acreditación de observadores nacionales y extranjeros también sería obligatoria.
NO SE PUEDE OLVIDAR EL FRAUDE
Aquiles Chavarría, de la Asociación de Ganaderos de Jinotega, demandó seguridad jurídica para trabajar en paz.
Frank Lanzas, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, invitó al pueblo a no seguir esperando que sean los diputados quienes resuelvan la crisis, porque no lo harán, sino tomar la iniciativa para defender sus derechos. “Éste tiene que ser el despegar libertario”, aseguró.
El documento recibió el apoyo de Redes Territoriales de la Sociedad Civil de Nueva Segovia, Madriz, Chinandega, León, Carazo, Masaya, Granada, Chontales, Boaco, Matagalpa y Jinotega.
También de organizaciones gremiales, como la Unidad Sindical Magisterial, la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, el Centro de Derechos Constitucionales y la empresa privada.
Estaban como observadores representantes de países cooperantes.
